La Sala Constitucional rechazó una solicitud que presentaron 11 diputados para que se postergara la entrada en vigencia del matrimonio igualitario, prevista para el próximo 26 de mayo.
Los magistrados resolvieron la petición que les llevaron los legisladores el 19 de febrero, en la que pidieron más tiempo para tramitar un proyecto de ley que, esperan, les permita cambiar la figura del matrimonio homosexual por la de unión civil.
El abogado Marco Castillo, uno de los ciudadanos que presentó la acción de inconstitucionalidad cuya resolución legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, confirmó la decisión de los magistrados y envió una copia del documento a La Nación.
Según el pronunciamiento de los magistrados, la solicitud la plantearon los diputados fabricistas Ivonne Acuña, Harllan Hoepelman, Marulin Azofeifa, Ignacio Alpízar, Jonathan Prendas y Carmen Chan; junto a Dragos Dolanescu y Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano; Patricia Villegas y Walter Céspedes, del Partido Integración Nacional (PIN); y Óscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
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La intención de dichos diputados era impedir que el matrimonio igualitario sea legal en el país a partir del 26 de mayo.
En esa fecha, se cumplirá el plazo de 18 meses que la Sala IV le dio a la Asamblea Legislativa para legislar sobre el tema luego de declarar inconstitucional el artículo del Código de Familia que prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Si se vence el tiempo y dicha legislación no se ha aprobado, la prohibición del Código de Familia se levantará.
Los magistrados rechazaron la ampliación del plazo solicitado porque ninguno de los diputados que firmaron la petición fue parte en el trámite de la acción de inconstitucionalidad que desembocó en la legalización del matrimonio igualitario.
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Y, aunque los recurrentes forman parte del Poder del Estado al que la Sala le ordenó legislar, los magistrados concluyeron que los 11 diputados no pueden atribuirse a sí mismos la representación de la Asamblea Legislativa.
“En virtud de lo expuesto, los gestionantes carecen de legitimación a los efectos de la gestión formulada, debido a lo cual se rechaza”, resolvieron los magistrados.
Los diputados que acudieron a la Sala presentaron su petición en una gestión posterior.
Los 11 legisladores argumentaron que les era imposible cumplir la orden judicial de legislar sobre el tema, pues consideran que el Poder Ejecutivo ha bloqueado sus esfuerzos.
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Afirmaron, además, que su interés en legislar se ha demostrado con la presentación de múltiples proyectos de ley, incluido uno presentado por ellos mismos, que propone la implementación de una figura de unión civil distinta al matrimonio.
Según los diputados, “no ha sido materialmente posible agilizar el trámite” de dichas iniciativas, pues consideran que la Asamblea ha tenido el control de la agenda de proyectos durante pocos meses, mientras que el Poder Ejecutivo no ha convocado ninguno de los planes que estarían anuentes a aprobar durante los periodos de sesiones extraordinarias.
“Consideran que es público y notorio el interés del Poder Ejecutivo en impedir que la Asamblea Legislativa ejerza su potestad constitucional”, dice la resolución.
