La decisión de sepultar la iniciativa privada para ampliar la vía entre San José y Cartago, se tomó pese a cuestionamientos legales y dudas de miembros de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
Según consta en el acta de la sesión de Junta Directiva del 20 de abril, cuando quedó en firme el acuerdo, tres directivos estaban en contra de rechazar la iniciativa de la empresa MECO. Se trató de los representantes externos, es decir, de cámaras empresariales, colegios profesionales y organizaciones laborales.
Dos de estos miembros advirtieron que la resolución estaba viciada de nulidad debido a las irregularidades en la redacción de un acuerdo previo, el cual fue sustento de la decisión que finalmente tomó el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, y respaldada por los jerarcas de Planificación y Hacienda, Laura Fernández y Nogui Acosta, respectivamente.
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Según el acta, Ana Cristina Jenkins, representante de las Cámaras Empresariales, indicó que la primera razón para oponerse al rechazo era que el acuerdo de notificación a MECO, en el que se le pedía subsanar los elementos señalados en los estudios, fue redactado de forma errónea, lo cual “cambió completamente el espíritu de lo discutido por los miembros de la Junta Directiva”.
Jenkins explicó que lo propuesto durante la sesión del 26 de enero fue que en un plazo de 10 días hábiles, MECO debía manifestar su anuencia para fondear el fideicomiso, presentar una propuesta financieramente factible y subsanar todos los elementos identificados en los informes.
“El acuerdo notificado varió el texto, indicando que en ese plazo de 10 días se debían subsanar ‘todos los elementos identificados en el informe técnico del Área de Proyectos en Desarrollo de este Consejo”, añade el escrito leído por la directiva.
A criterio de Jenkins, dicho acuerdo que se notificó al iniciativista era nulo, porque se envió con una redacción errónea, que varió lo que se había discutido y aprobado.
“Nunca se pretendió que en 10 días hábiles se pudiese subsanar las observaciones del Consejo Nacional de Concesiones y sus consultores, quienes tomaron casi cuatro meses en dichas revisiones, por lo voluminoso de un estudio como el que nos ocupa, sino que indicara su anuencia en ese plazo”, aclaró.
Por esa misma razón, a juicio de Jenkins, el recurso presentado por MECO no era extemporáneo, porque no se trataba de un acto final y además no se les dio respuesta a las solicitudes de reconsideración, que a criterio de la representante de las cámaras empresariales, sí estaban dentro del plazo.
El tercer motivo que expuso fue el interés público que reviste dotar al país de infraestructura vial.
Explicación ‘no es de recibo’
En esa misma sesión, Mario Durán, quien representa a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica, coincidió en que el acuerdo previo se plasmó de forma errónea.
“Esta modificación del texto es grave, ya que subsanar todos los aspectos solicitados en los informes técnicos es imposible en un plazo de 10 días hábiles, pero esos 10 días hábiles sí son suficientes para manifestar su anuencia a realizar dicha acción”, manifestó.
Según dijo, para él no resultaba de recibo la explicación que dio la asesoría jurídica, de que el cambio obedeció a “una mejor redacción desde el punto de vista legal”.
“En mi opinión, resulta evidente que el acuerdo notificado (a MECO) está viciado de nulidad absoluta (...) ya que el texto del acuerdo firme transcrito en el acta y notificado al interesado no refleja la voluntad de la Junta Directiva, tal y como se desprende de la propuesta de acuerdo incluida en esa misma acta, defecto que es evidente, manifiesto e insubsanable”, agregó.
Por esa razón, ambos directivos aseguraron que el iniciativista llevaba razón, al alegar que el plazo otorgado era insuficiente para subsanar todos los defectos señalados, pues existió una discrepancia entre lo discutido en la Junta y lo que les fue notificado.
Durán advirtió además, que contrario al criterio de la asesoría legal, el reglamento mediante el cual se rigen las iniciativas de este tipo, señala que sí es posible realizar estudios adicionales, cuando son requeridos en la etapa de postulación.
El directivo, quien es ingeniero civil, añadió que en cualquier proyecto vial es normal que sean necesarias varias iteraciones, tanto en la parte técnica como financiera, para lograr el equilibrio para el concesionario y una tarifa de peaje razonable.
Los estudios elaborados por esa empresa estimaban que el costo del proyecto rondaría los $440 millones. Para financiar la obra se requería de un peaje de ¢1.030 por sentido, además de un aporte estatal de al menos $80 millones.
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En su presentación, agregó que la interpretación del reglamento en la forma en que se hizo “sientan un dañino precedente”, pues implica que una vez que se entra en la etapa de proposición no se pueden hacer cambios o ajustes .
De acuerdo con el ingeniero, los temas relacionados con el equilibrio financiero eran subsanables, e incluso habían sido discutidos en varias oportunidades fuera de sesión. Por ejemplo, la eliminación del viaducto entre la rotonda de las Garantías Sociales y el cruce de Hacienda Vieja reduciría los costos en un 30%, y la introducción de cobro de peaje con tecnología free flow (sistema de cobro automático que se aplica sin afectar el flujo vehicular), permitiría cobrar a los usuarios de la zona de influencia Hacienda Vieja-Tres Ríos que actualmente usan la Florencio del Castillo sin pagar peaje.
Asimismo, se valoraron ajustes en la zona entre Hacienda Vieja y Zapote, a fin de que esta fuera una ruta de travesía urbana con conexiones a nivel o desnivel, aprovechando el derecho de vía existente y distribuyendo flujos hacia otras rutas.
Incluso, el iniciativista ya había enviado un oficio en el cual informó de su anuencia para ajustar el alcance del proyecto.
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El tercer directivo, en manifestar su oposición fue el representante de las Confederaciones Sindicales, Organizaciones Solidaristas y Cooperativas, Luis Montero, quien dijo que enviaría su justificación por escrito pero coincidió con sus compañeros respecto a la irregularidad en la redacción del acuerdo.
Ignoraron señalamientos
Pese a esas observaciones, el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, y los otros dos representantes del Gobierno acordaron descartar la iniciativa, haciendo uso del voto calificado del primero en su posición de presidente del CNC.
La Nación consultó desde la semana pasada al ministro Amador sobre las razones para sepultar el plan y si hay otras alternativas para ampliar la ruta, pero indicó que no se referiría al tema hasta que el iniciativista fuera notificado.
Este martes, nuevamente se le consultó a través de su asesora, pero respondió que el tema será abordado en una conferencia de prensa el próximo viernes.
En tanto, el presidente de MECO, José Alfredo Sánchez, confirmó a este diario que aún no han recibido la resolución donde se les notifica el rechazo a la propuesta.