Los magistrados de la Sala Constitucional condenaron el uso desproporcionado de la fuerza, por parte de policías, en contra de una manifestante de 22 años.
El hecho ocurrió el pasado 11 de octubre durante la intervención de la Fuerza Pública en un bloqueo en el cruce hacia Altamira, en San José de Aguas Zarcas, San Carlos.
Un video que circuló en redes sociales muestra cuando dos oficiales presionan a una mujer contra el suelo, la cachetean en dos oportunidades y la levantan del pelo para llevarla a una patrulla.
En sentencias anteriores, la Sala Constitucional condenó al Estado costarricense por no levantar los bloqueos de carreteras públicas para restaurar el orden público.
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No obstante, en este caso concreto lo que el alto tribunal acreditó como un uso desmedido de la fuerza fue el proceso de detención de la joven.
"Ciertamente la policía interviene para permitir el tránsito en una vía que estaba siendo obstaculizada en una manifestación. El problema está en el exceso de fuerza aplicada, porque la persona detenida ya estaba en el suelo, una muchacha de 22 años.
"Viene un oficial, le pone la rodilla encima de cuerpo, Además, es rodeada por 13 policías más y, estando en el suelo, recibe dos golpes en la cara por parte de policías de la Fuerza Pública. Finalmente, se le levanta agarrándola violentamente del pelo.
“Esto significa un uso desproporcionado de la fuerza y, en cuanto a este aspecto, la Sala declaró con lugar el habeas corpus”, señaló el magistrado instructor Paul Rueda.
El Tribunal ordenó a las autoridades policiales recurridas, abstenerse de repetir ese tipo de actuaciones que dieron base a la sentencia.
Dentro de la prueba aportada al expediente destacan videos y un dictamen médico legal, el cual señaló una probable compatibilidad de las lesiones que presentaba la manifestante con los hechos narrados.
El recurrente también alegó que a la mujer se le había privado de su libertad de forma ilegítima.
No obstante, esta parte del habeas corpus fue declarada sin lugar, puesto que a la mujer se le abrió una causa penal por el delito de resistencia agravada, se le dictó una medida cautelar y, posteriormente, fue puesta en libertad.
El Ministerio de Seguridad Pública respondió, a las 7:41 p.m., que la resolución del habeas corpus no le ha sido notificada, de acuerdo con lo reportado por el Departamento de Apoyo Legal Policial de la Fuerza Pública y que, por lo tanto, no puede referirse.
“Sin embargo, las dos policías vinculadas a los hechos tienen expediente abierto por dicho acto en el Departamento de Disciplinario Legal y aún está en proceso”, agregó la oficina de prensa.
La versión de un testigo
Un hombre que se encontraba en el lugar al momento de la detención de la mujer narró a La Nación lo sucedido bajo la condición de que se preservara su identidad.
"En particular a la muchacha que tiran al piso, estaba de revoltosa ahí, yo no la vi lanzando piedras, pero sí le lanzó algo a los oficiales cuando llegó a reclamarles.
“Ella estaba participando del tumulto, no era que iba pasando y de casualidad la agarraron”, relató el testigo.
La actuación de la Fuerza Pública también fue condenada por la presidenta del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), Patricia Mora, horas después de que el video trascendiera en redes sociales y medios de comunicación.
"Lo que el video, grabado por un señor, nos ha mostrado a los costarricenses es inaceptable, es una bofetada a las mujeres de este país; es una bofetada; es irrespetar la trayectoria digna de un país, porque en Costa Rica hemos procurado que a los seres humanos no se les humille y a esas mujeres en el suelo se les humilló.
“Hay unos hombres o mujeres armadas que tienen que ser garantes de que en este país no se rompa el orden constitucional, en eso estamos claros, pero eso no significa que se pueda cachetear a unas mujeres en el suelo. Se cruzó una frontera terriblemente peligrosa”, declaró Mora en aquel momento.
Las protestas en contra de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fueron impulsadas por dirigentes del autodenominado Movimiento Rescate Nacional.
Los exdiputados Célimo Guido, José Miguel Corrales y Oscar Campos, así como Xinia López, José Francisco Villalobos y otros tres representantes del movimiento, enfrentan una causa penal por los supuestos delitos de instigación pública, obstrucción de vías y entorpecimiento de servicios públicos.
Un centenar de oficiales resultaron heridos durante las revueltas en esos bloqueos. Además, se cobraron peajes ilegales para dejar pasar a los conductores de un sitio a otro, se quemaron patrullas, camiones y maquinarias.