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Fiscalía insistirá en medidas cautelares para organizadores de bloqueos en audiencia del 17 de noviembre

Tribunal Penal conocerá apelación contra resolución de juez que negó restricciones para Célimo Guido y dos dirigentes más de Movimiento Rescate Nacional; ocho personas figuran en causa penal y todos fueron indagados

Las medidas cautelares solicitadas contra tres dirigentes del autodenominado Movimiento Rescate Nacional será el tema de una audiencia fijada para el 17 de noviembre por el Tribunal Penal de San José.

Como confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público, será ese día cuando se conozcan las apelaciones que presentaron ese órgano judicial lo mismo que la Procuraduría General de la República contra la decisión del Juzgado Penal, que rechazó la solicitud de restricciones para Célimo Guido Cruz, Xinia López Quesada y José Francisco Villalobos Rojas, organizadores de los bloqueos que afectaron el país por 16 días.

Ellos tres junto a cinco personas más figuran como imputados en el expediente 20-000634-0619-PE, a cargo de la Unidad Especializada de la Fiscalía General, por los delitos de instigación pública y obstrucción de vías.

Guido, López y Villalobos fueron indagados el viernes 16 de octubre, y cuatro días más tarde, la Fiscalía solicitó cinco medidas cautelares para evitar que organizaran más protestas con cierre de calles o instaran a otros a realizarlas. Estas son:

  • Prohibición de concurrir o participar (presencial o virtualmente) en reuniones tendientes a continuar con los delitos investigados.
  • Prohibición de visitar (presencial o virtualmente) cualquier punto de obstrucción de la vía pública, punto de encuentro ciudadano o bloqueo, en todo el territorio nacional.
  • Prohibición de comunicarse con personas que inciten a los bloqueos o a alzarse públicamente en contra de los funcionarios públicos para obligarlos a adoptar alguna medida, o que ejecuten estas acciones.
  • Prohibición de comunicarse con los demás imputados, en su condición de líderes del Movimiento Rescate Nacional, cuando dicha comunicación tenga como objetivo el instigar la ejecución de bloqueos o coordinar su puesta en práctica y/o, el coordinar o ejecutar alzarse en grupos de diez personas o más, en contra de los funcionarios públicos para obligarlos a adoptar alguna medida.
  • Prohibición de expresar apoyo a la obstrucción de las vías púbicas o puntos de encuentro ciudadano, instigar o promover su ejecución, al igual que expresar apoyo a alzarse públicamente en contra de los funcionarios públicos para obligarlos a adoptar alguna medida. Así como la prohibición de expresar que se ha asumido la representación del pueblo.

Todas fueron rechazadas por el juez Fabián Serrano, para quien la Fiscalía no logró demostrar los peligros de continuidad de delito o amenazas para las víctimas, pues descarta que todos los ciudadanos puedan considerarse víctimas.

Contra esa resolución del martes 20, fueron presentadas las apelaciones.

La oficina de prensa confirmó además que en la causa penal también figuran el exdiputado José Miguel Corrrales Bolaños y otros dos individuos de apellidos Porras Porras y Porras Quirós, todos indagados el viernes 23 de octubre.

Asimismo, el también exdiputado y dirigente cooperativista Óscar Campos Chavarría y otra persona de apellidos Oviedo Chaves, que acudieron a la indagatoria el lunes 26.

A todos se les relaciona con los bloqueos que iniciaron el 30 de noviembre los cuales afectaron al sector productivo y el turismo, además de causar enfrentamientos que dejaron policías heridos, vehículos dañados y personas detenidas.

El Movimiento Rescate Nacional dice oponerse a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar créditos, así como a venta de activos o cierre de instituciones, todas medidas planteadas para atender la crisis en las finanzas del país.

Guido Cruz, de 69 años y líder del grupo, dijo el 20 de octubre que se buscaría una estrategia distinta a los bloqueos para protestar. Esta semana, señaló mediante un video en redes sociales que nuevamente se “están organizando”.

“Vamos de nuevo a la lucha”, dijo.

El también exdiputado había sido sentenciado en el 2006 por obstruir vías. Aunque se le impuso un año de prisión, obtuvo el beneficio de ejecución condicional de la pena.

Irene Vizcaíno

Editora de Sociedad y Servicios Públicos. Graduada en Ciencias de la Comunicación Colectiva. Tiene una maestría en Periodismo y una licenciatura en Derecho.