El juez que rechazó imponer las medidas cautelares a tres dirigentes de los bloqueos que afectaron al país por 16 días considera que no existe peligro de continuidad del delito que se les atribuye.
Esa fue una de las razones para dejar sin ninguna restricción a Célimo Guido, Xinia López y José Francisco Villalobos, dirigentes del autodenominado Movimiento Rescate Nacional.
Contra ellos, la fiscala Melissa Quirós solicitó el martes cinco medidas cautelares dirigidas a impedir que los imputados participaran, organizaran o incitaran nuevos cierres de vías, como las que afectaron al país durante 16 días. Las restricciones se pidieron por un plazo de seis meses.
A los tres se les sigue causa por los delitos de instigación pública y obstrucción de vías, la cual se tramita en el expediente 20-000634-0619-PE..
No obstante, para el juez Fabián Serrano no se verificó la existencia de ese peligro procesal, desde un punto de vista técnico-jurídico.
“La representación fiscal alegó dos peligros procesales: Peligro de continuidad delictiva, bajo argumentos del llamamiento de los investigados a continuar con los hechos a pesar de la indagatoria y peligro para la víctima aludiendo a que se investigan hechos que afectan a la colectividad de ciudadanos”, explicó el juez en un escrito divulgado mediante el departamento de prensa del Poder Judicial.
En el primer caso, dijo el juez, “la continuidad delictiva se da para una persona con antecedentes penales (que fue juzgada y condenada y que el antecedente esté vigente según la Ley de Registros Judiciales) y la persona continúa cometiendo delitos”.
Tal escenario no se aplica en este caso, según su criterio.
Guido fue condenado en 2006 a un año de prisión por instigación pública, pero se le otorgó el beneficio de ejecución de la pena. No obstante, por haber pasado ya más de 10 años no aparece en su historial, en aplicación de lo que se conoce como derecho al olvido.
Para Serrano, tampoco se verificó el peligro procesal para la víctima.
“El peligro para la víctima se da cuando existen amenazas, coacción o manipulación de víctimas o testigos del proceso, en tal caso decir que víctimas somos todos no cumple el requisito procesal si no se concreta quién o quiénes reciben dichas amenazas”, señaló..
“Sí se consideró que se acredita el indicio de probabilidad pero se rechazó la existencia (de manera técnica-jurídica) de los peligros procesales, entendidos en el estricto apego a las normas procesales que no permite hacer uso a valoraciones de juicios de valor o emotivos. Los términos tienen un significado jurídico y no en su uso en lenguaje común”, explicó.
Independientemente de las medidas cautelares, el proceso de investigación continúa a cargo del Ministerio Público, encaminado a buscar evidencias que demuestren la conducta delictiva que se les atribuye.
Decisión será revisada
El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República apelaron la decisión del juez Serrano para que el Tribunal Penal de San José la revise y determine o no el establecimiento de medidas cautelares en contra de los dirigentes de “Rescate Nacional”.
“La Fiscalía General se encuentra a la espera de la vista oral, en la cual se expondrán los yerros que, a nuestro criterio, existieron en la resolución impugnada y se solicitará al Tribunal Penal la imposición de medidas cautelares”, señaló Quirós.
Las medidas que solicitó la Fiscalía por un periodo de seis meses, mientras continúa la investigación, fueron:
- Prohibición de concurrir o participar (presencial o virtualmente) en reuniones tendientes a continuar con los delitos investigados.
- Prohibición de visitar (presencial o virtualmente) cualquier punto de obstrucción de la vía pública, punto de encuentro ciudadano o bloqueo, en todo el territorio nacional.
- Prohibición de comunicarse con personas que inciten a los bloqueos o a alzarse públicamente en contra de los funcionarios públicos para obligarlos a adoptar alguna medida, o que ejecuten estas acciones.
- Prohibición de comunicarse con los demás imputados, en su condición de líderes del Movimiento Rescate Nacional, cuando dicha comunicación tenga como objetivo el instigar la ejecución de bloqueos o coordinar su puesta en práctica y/o, el coordinar o ejecutar alzarse en grupos de diez personas o más, en contra de los funcionarios públicos para obligarlos a adoptar alguna medida.
- Prohibición de expresar apoyo a la obstrucción de las vías públicas o puntos de encuentro ciudadano, instigar o promover su ejecución, al igual que expresar apoyo a alzarse públicamente en contra de los funcionarios públicos para obligarlos a adoptar alguna medida. Así como la prohibición de expresar apoyo a alzarse públicamente en contra de los funcionarios públicos para obligarlos a adoptar alguna medida. Así como la prohibición de expresar que se ha asumido la representación del pueblo.
Recién a su salida de tribunales, tras la audiencia del martes, Guido señaló que en las próximas horas se reuniría con “las bases” del movimiento para tomar las siguientes medidas de presión, ahora en contra de diputados.
“Hay diputados que han venido traicionando a su propia madre, a sus hijos y a sus nietos, y eso no lo voy a permitir. Cada pueblo debe llamar a su diputado a cuentas, que digan cómo van a votar el Fondo Monetario Internacional (el acuerdo), cómo van a votar el recurso hídrico, cómo van a votar el empleo público, cómo van a votar de flexibilización laboral. A ver si van a regalarle la Fanal a gente perversa que tiene muchos recursos”, afirmó el exdiputado.
No obstante, también mencionó que la nueva estrategia no será con bloqueos de calles.
Los imputados
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El exdiputado Célimo Guido Cruz (1998-2002), de 69 años, figura en este momento como principal cabeza del Movimiento Rescate Nacional luego de que José Miguel Corrales, también exlegislador, se apartara al denunciar la penetración del narcotráfico en los bloqueos.
Xinia López Quesada y José Francisco Villalobos Rojas, también imputados en la causa judicial, son dirigentes de la zona norte, representantes del sector agrícola.
El grupo organizó múltiples bloqueos en carreteras nacionales por 16 días, desde el 30 de setiembre.
En esos cercos se quemaron camiones, maquinaria y vehículos, así como busetas de la Fuerza Pública. También hubo actos violentos en contra de los miembros de la Fuerza Pública.
El grupo convocó una marcha el pasado 12 de octubre, que finalizó con ataques por parte de manifesantes con piedras, palos y tubos en las cercanías de Casa Presidencial, que dejaron heridos a once oficiales de la Fuerza Pública.
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Corrales lo mismo que el dirigente cooperativista y arrocero, además de exdiputado, Óscar Campos, figuran en la causa. Ellos serían indagados esta semana.