El contrato con Riteve expirará en julio próximo sin que el Gobierno haya adjudicado una nueva licitación para la revisión técnica vehicular.
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Al grupo se le investigaba por siete delitos, entre ellos bloqueos en la vía pública realizados durante dos semanas en el año 2020.
Fiscalía General informó de que, al tratarse de un delito de acción pública, corresponde la apertura de un expediente por el presunto delito de rebelión.