La Sala Constitucional declaró con lugar 15 recursos de amparo presentados contra el Ministerio de Educación Pública (MEP) por violar el derecho de miles de estudiantes menores de edad y sus familias mediante preguntas contenidas en las pruebas FARO, aplicadas el pasado 12 de noviembre.
De forma unánime, en la sesión de este viernes 17 de diciembre, el Tribunal concluyó que hubo “una lesión grave y grotesca al derecho a la intimidad”, cobijado en el artículo 24 de la Constitución Política.
Los magistrados concluyeron que la aplicación de las pruebas para obtener datos personales se dio “desde una posición de poder y en contra de una población vulnerable”. Además, afirmaron que los datos fueron obtenidos a través de una prueba obligatoria, impuesta a personas en proceso de formación que requieren de especial protección del Estado, en virtud de lo dispuesto en el numeral 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el ordinal 51 de la Constitución Política.
“Se declara con lugar el recurso solo con respecto a la lesión al derecho constitucional a la intimidad, cobijado en el artículo 24 de la Constitución Política. Se ordena a Steven González Cortés, en condición de ministro de Educación Pública, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, dictar las medidas correspondientes a los efectos de evitar que se repita la lesión al orden constitucional constatado en el sub lite.
“Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado”, se lee en el “por tanto” de la resolución.
Por la aplicación de este test, la Sala condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Cuestionario de pruebas FARO elaborados por el MEP contenían 600 preguntas, algunas de las cuales pedían datos sensibles de las familias. Prensa MEP
Datos sensibles
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Como parte de las pruebas Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO), el MEP aplicó un cuestionario de Factores Asociados en el que se hicieron preguntas sensibles de carácter socioeconómico a los 70.000 alumnos de quinto grado, con las cuales se violentó la Ley de Protección de Datos Personales, vigente desde el 5 de setiembre del 2011.
Según el Ministerio, el test pretendía identificar variables que podrían incidir en el rendimiento de los estudiantes en las materias evaluadas en FARO (Español, Matemáticas y Ciencias).
El cuestionario tenía una parte de “información familiar” en la que se les consultó a los niños el estado de las paredes, piso y techo de su casa. Además, se les pidió a los alumnos indicar si la vivienda era propia, completamente pagada, si se pagaba en cuotas o era prestada.
Los menores debían decir si las paredes de su casa eran de block o ladrillos, de cemento, madera o prefabricadas y si el piso era de mosaico, cerámica, terrazo, cemento o madera.
También, se les consultó si en la casa contaban con Internet, telefonía fija o móvil, electricidad, televisión por cable, agua potable, calle pavimentada, recolección de basura, servicio de bus y si pagaban empleada doméstica.
El cuestionario solicitó información sobre bienes de la familia, como motocicletas, carros, computadoras, lavadoras, cocinas, agua caliente, hornos de microondas, radios o equipos de sonido. Se les preguntó cuántos cuartos tenía la vivienda y cuántas personas vivían en ella.
Vea los cuatro cuestionarios completos en este enlace.
La polémica por el extenso cuestionario de cuatro folletos, en el que se les pidió a los estudiantes más de 600 respuestas, provocó la renuncia de Giselle Cruz Maduro al cargo de ministra de Educación. También dimitieron Melania Brenes, viceministra académica, y Pablo Mena, director de Gestión y Evaluación de la Calidad.
Tras el pronunciamiento de la Sala Constitucional, el ministro González manifestó que está de acuerdo con el fallo y que “por eso se han tomado las medidas para que la situación provocada por estos cuestionarios no se repita”.
Además, el MEP añadió que, “desde el día uno en que se detectó el problema con la aplicación de los cuestionarios de factores asociados, el 12 de noviembre, se solicitó no procesar la información y el 24 del mismo mes se hizo entrega, en la sede del Segundo Circuito Judicial de San José, de los formularios que habían sido aplicados a los estudiantes de quinto año de primaria de los centros educativos del país”.
