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La ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, afirmó que el país no se está quedando sin pruebas estandarizadas, ya que el próximo año se aplicará una diagnóstica pero sin nota. (Rafael Pacheco Granados)
La eliminación de las pruebas FARO para alumnos de escuela y colegio se realizó sin que se diera un análisis técnico previo, admitió a La Nación la ministra de Educación, Anna Katherina Müller.
La funcionaria explicó que, el 9 de junio, cuando finalmente llevó ante el Consejo Superior de Educación (CSE) la propuesta para cancelar los exámenes previstos para mediados de junio y en noviembre, no se llegaron a discutir “defectos técnicos” de las pruebas, aplicadas por primera vez en todo el país a finales del 2021 con el fin de evaluar aprendizajes en Ciencias, Matemáticas y Español.
“Eran cuatro cositas técnicas las que yo llevé. Mi propuesta eran cinco páginas de Power Point en letra gigantesca. Yo sigo insistiendo que las pruebas sí son importantes, lo que pasa es que por la forma en que se manejó, por la forma en que se metieron los Factores Asociados que generaron tanto ruido y un mal manejo... En sí, ni siquiera analizamos si la prueba era buena o mala, simplemente el efecto que ha tenido en la gente”, dijo la jerarca a este diario en una entrevista telefónica este miércoles 15 de junio.
Precisó que el Power Point incluía, en primer lugar, que no se hiciera FARO este año, que se cancelara. En segundo lugar, que FARO no cuente para la nota (representaba un 40%); la promoción final se definirá con el promedio de notas que los alumnos obtuvieron en cada materia del currículum. En tercer lugar, la presentación en Power Point sugería que el año entrante se haga una prueba diagnóstica, que no va a tener nota, pero que sí será obligatoria para poder graduarse.
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“El problema que discutimos no es la prueba como tal, si había un error en una pregunta o no, esa no es la razón por la que se está cancelando. La prueba en sí no era el problema. El problema era la forma en que se manejó y yo pienso que lo del cuestionario de Factores Asociados fue lo que le causó el mayor estrés a los chiquillos, no fue la prueba como tal, pero nosotros en el Consejo no llegamos a analizar la prueba porque no era una cuestión de decir esta pregunta está mala o no. No llegamos a discutir defectos técnicos”, declaró.
Sus manifestaciones, sin embargo, contradicen lo expresado el sábado 28 de mayo, luego de que el presidente Rodrigo Chaves anunciara que ya habían decidido eliminar las evaluaciones Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO). En aquel momento, al ser consultada, la ministra afirmó que tenían “razones técnicas suficientes”.
“Desde mi despacho hemos venido trabajando con un equipo técnico del MEP en una propuesta. Existen razones técnicas suficientes que amparan esta recomendación, la cual será analizada por el Consejo”, declaró Müller ese sábado.
Desde la eliminación oficial de las pruebas por parte del CSE, que es el órgano autorizado legalmente para tomar una decisión de esta naturaleza, La Nación solicitó al MEP el documento oficial que la ministra presentó, pues solo se había divulgado un comunicado de prensa.
En ese documento dado a los medios se dijo que FARO se eliminó porque “generó mucho estrés en los estudiantes y en el resto de la comunidad educativa y provocó manifestaciones diversas en contra de las pruebas”.
Preocupación de expertos
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) emitió este jueves un pronunciamiento para expresar “su profunda preocupación” por la eliminación de las pruebas FARO sin que se haya establecido un mecanismo alternativo de evaluación que promueva cambios para la transformación y fortalecimiento del sistema educativo.
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La decisión del Consejo Superior de Educación, dice el Consejo Universitario, conlleva “una visión reducida sobre la importancia de contar y fortalecer un proceso de mejora continua, al tiempo que se omiten las acciones para una gestión de la calidad del sistema educativo nacional”.
Una preocupación en la misma línea externó Pablo Chaverri, académico e investigador del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (Cide-UNA). Para él queda una gran interrogante sobre esta decisión.
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“Sin pruebas estandarizadas no vamos a tener algún parámetro global para obtener información crucial sobre qué saben o no nuestros estudiantes y cuáles son sus niveles de desempeño. Esto debe asociarse al perfil del graduado: ¿qué competencias tiene? ¿Qué puede certificar nuestro sistema educativo que sabe o no sabe cada estudiante? El país necesita esta información y sin pruebas no tendremos una valoración global del estado de los aprendizajes”, manifestó.
Según la ministra de Educación, el país no se está quedando sin pruebas estandarizadas ya que se hará una evaluación diagnóstica el próximo año, aunque aún no se conocen las fechas.
“Lo que quiero es que a la gente se le quite el miedo a la evaluación, se ha manejado de una manera que todo el mundo le tiene pánico. La evaluación debe ser una herramienta positiva, por eso la propuesta mía es que en el 2023 se hará una prueba diagnóstica sobre la base del currículum; se hará diagnóstica al principio de año para ver qué es lo que saben del tema y al final para comparar”, manifestó.
La medición
Estos exámenes costaron el año pasado ¢2.319 millones y fueron creados en el 2019 pero, por la pandemia, se aplicaron por primera vez hasta noviembre del 2021 en sustitución de las pruebas de Bachillerato que venían de tres décadas atrás.
Las FARO estaban dirigidas a estudiantes de quinto grado de escuela, así como para alumnos de décimo año en colegios académicos, y undécimo año en colegios técnicos, con la posibilidad de repetirlos al año siguiente para mejorar calificaciones, pues tenían un valor de 40% en la nota final del último año de la primaria y secundaria.
La intención en este momento era que sirvieran como estrategia para dimensionar el hueco académico que dejó la educación no presencial durante la pandemia, y así buscar soluciones.
Los alumnos de primaria realizaron las pruebas en noviembre y los de colegio en diciembre. No obstante, cuando los escolares hicieron los exámenes tuvieron que llenar los formularios del cuestionario de Factores Asociados, lo que generó una gran polémica debido a la cantidad de ítems (93 preguntas y 600 respuestas) y al hecho de que pedían información sensible de la situación socioeconómica de sus familias, sin autorización de los padres.
Por esta razón, desde el 2021, el Consejo Superior de Educación ya había acordado prescindir del cuestionario de Factores Asociados. A pesar de que este tema ya estaba claro, fue una de las razones por las cuales, según la ministra, FARO perdió valor como un todo.
