Educación

Jerarca del MEP se opone a liberar a escuelas de comprarle al CNP pese a altos precios y mala calidad

Giselle Cruz participó en audiencia ante diputados que discuten proyecto de ley para eliminar la obligatoriedad de los centros educativos de comprarle al Consejo. La ministra defendió al CNP

La ministra de Educación, Giselle Cruz, se opone a que la compra de alimentos al Consejo Nacional de Producción (CNP) sea opcional para las escuelas, a pesar de que los productos que vende esa institución son más caros que en el mercado.

Así lo manifestó Cruz este jueves durante la audiencia ante la Comisión Especial de Ciencia y Tecnología, en la cual se discute un proyecto para modificar el artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP. Se tramita bajo el expediente 21.424.

La iniciativa, del diputado liberacionista Wagner Jiménez, elimina la obligatoriedad de compra al Consejo por parte de los centros educativos.

Al principio, Cruz no fue clara en decir si estaba o no de acuerdo con el plan aunque sí reconoció que el Ministerio de Educación Pública (MEP) recibe denuncias sobre la mala calidad de los productos del Consejo, que atiende al 64% de los centros educativos (2.935).

“Creemos que el CNP se puede fortalecer en su gestión, no solo administrativa sino en la mejora de los precios. Con respecto a los precios, la metodología y el proceso de precios lo hace el CNP. En ese sentido, nosotros lo que damos es seguimiento al servicio que ofrece el Consejo.

“Creo que el Consejo, como lo establece la Contraloría (General de la República), está destinado en este momento a mejorar su gestión, a mejorar su eficacia, en beneficio para lo que fue creado, que es todo el proceso de fortalecimiento al productor nacional”, dijo la jerarca.

Publicaciones de La Nación han dado a conocer los sobreprecios del Consejo a partir de informes de Contraloría y denuncias de sectores.

Así por ejemplo, un estudio de 2019 del órgano contralor, reportó que el 60% de productos que surte el Consejo para consumo de escolares tienen un costo mayor a los precios máximos ofrecidos por los negocios locales.

También la Cámara Nacional de Avicultores (Canavi) denunció que el CNP paga un “sobreprecio elevadísimo” a intermediarios por los huevos para los paquetes de alimentos que se entregan a estudiantes de bajos recursos.

Una denuncia similar hizo el 27 de julio la organización empresarial Consejo de Promoción de Competitividad (CNC), que reclama el “sobreprecio” de la bolsa de frijoles que paga al CNP a los proveedores. Según Mónica Segnini, presidenta del CNC, la bolsa de frijol del CNP resulta un 56% más cara respecto a lo que podría ofrecer el mercado.

El CNP vende la bolsa de 800 gramos de frijol a ¢1.300 pero, según la CNC, la empresa privada podría ofrecer el producto a las instituciones públicas en ¢834.

Luego de insistir varias veces para que aclarara su posición sobre el proyecto, el diputado Wagner Jiménez (WJ) le hizo las siguientes consultas a la ministra Giselle Cruz(GC).

—WJ: ¿Sí o no está de acuerdo con que la compra que realizan las juntas (de educación) al CNP sea opcional? ¿Sí o no?

—GC: No estaría de acuerdo que sea opcional, porque creo que eso limita en mucho la posibilidad de nuestros proveedores locales, inclusive de fortalecer todo el proceso, que tiene que ser fortalecer toda la producción local. Por eso, insistimos en que atender las disposiciones de la Contraloría para mejorar al CNP y las demandas específicas que estamos haciendo como Ministerio de Educación Pública en nuestro servicio.

—WJ: ¿Interpreto que su posición es en contra de este proyecto de ley?

—GC: De dejar opcional sí, porque no tengo certeza de que eso pueda venir a disminuir la gestión que hace el CNP y la misión que tiene.

—WJ: ¿Aunque eso implique sobreprecios al CNP y menos recursos para los estudiantes...?

—GC: En realidad, no podría hacer esa afirmación en ese sentido hasta que tengamos los estudios y que haga los estudios el CNP.

—WJ: ¿Sabe el MEP si liberar a la juntas abarataría el costo de los alimentos?

—GC: No podría hacer esa afirmación.

—WJ: ¿El MEP sabe si mejoraría la calidad de los productos que consumen los niños en caso de liberar a las juntas de comprarle al CNP?

—GC: Tampoco podría hacer es afirmación porque nosotros sí le damos seguimiento y tenemos muy claro los 300 productos (que el MEP le compra a los proveedores), cuáles son las características de esos productos y, de hecho, se da la devolución de productos cuando la junta o los directores de centros educativos no están satisfechos con el producto, indistintamente del CNP o de cualquier otro proveedor.

—WJ: ¿Hay sobreprecios en los alimentos en la compra al CNP? ¿Sí o no? ¿Tienen un estudio que descarte esta situación?

—GC: Creemos que el CNP se puede fortalecer en su gestión, no solo administrativa sino en la mejora de sus precios. La metodología y el proceso de precios lo hace el CNP, en ese sentido nosotros los que damos es seguimiento al servicio que ofrece el Consejo.

—WJ: ¿Usted está de acuerdo que el CNP le venda a una escuela o colegio un kilo de tomates ¢286 más caro que el que puede obtener en una pulpería local o en un productor local? ¿Usted está de acuerdo con que los comedores tengan que hacer ese sacrificio y que quien pague esa factura sean los estudiantes?

—GC: Con respecto al tema de los sobreprecios es un análisis que tiene que hacer el Consejo. Nosotros damos el presupuesto a los centros educativos para que de acuerdo a esos 300 productos y los procesos de comercialización que están en el mercado, pueda distribuirse ese presupuesto. Con respecto a los precios, eso le corresponde al Consejo.

Tras las respuestas de la ministra de Educación, el diputado liberacionista Wagner Jiménez le dijo que, si el proyecto de de ley no prospera, los comedores escolares le seguirán pagando a los proveedores, por 15 huevos ¢1.780 colones (¢1.950 incluyendo el margen de comercialización de un 12% del CNP por la intermediación) mientras que, en el mercado, el precio por kilo de huevos ronda los ¢700 colones.

“Es una barbaridad no poder flexibilizar las compras de la Junta de Educación, que sea voluntaria la participación del CNP y no obligatoria sabiendo que tenemos estas diferencias de precios astronómicas. Yo no puedo comprender como un kilo de tomate cuesta ¢286 más en el CNP que en las pulperías locales o que los proveedores locales”, dijo Jiménez.

Opinión a favor

La posición de la ministra de Educación de defender al Consejo Nacional de Producción (CNP) está alineada con la del mandatario Carlos Alvarado quien este miércoles, en la actividad de firma de proyecto de ley sobre nómadas digitales, halagó la labor del Consejo.

Según dijo, el hecho de que se le compre al CNP genera una “garantía de precio y de mercado” para los proveedores de la institución.

“Si no existiera el CNP y el PAI (Programa de Abastecimiento Institucional), muchos de esos productores, y estamos hablando de miles literalmente, perderían su medio de producción, incrementaría la pobreza rural y tendríamos mayor migración urbana. Si no se tuviera ese balance con productores locales, no solo perderíamos eso sino que simplemente estaríamos a la merced de los grandes productores e intermediarios, incluso importadores e incluso eso podría ser el elemento que eleve los precios. El CNP de alguna forma también genera una constancia de precio”, expresó el mandatario.

Añadió que actualmente “hay una distorsión grande de precios” porque los insumos mundialmente se han encarecido, particularmente insumos como el maíz que sirve de alimento para el ganado, carne de cerdo e incluso del pollo. Pero, dijo, eso tiene que ver con esta coyuntura.

“Si no tuviéramos un balance en ese mercado nadie garantiza que bajando esos insumos, bajen los precios, además, ese llamado sobreprecio no es un sobreprecio en ese caso que esté pagando el consumidor, lo está pagando el Estado. Usted me diría ‘lo estamos pagando los costarricenses’, sí, pero, ¿para qué? Para que haya muchas familias alrededor del país en las comunidades rurales más pobres que produzcan y que posiciones sus productos en un mercado institucional”, expresó Alvarado.

El mandatario declaró que, si cierran el PAI, “pueden dejar sin trabajo a miles de familias”.

“Los dejamos sin trabajo y beneficiamos, entonces, ¿la importación? Sí creo que hay que hacer el CNP más eficiente, eso es lo que está y, si nosotros destruimos eso, se destruye la forma de producción de todos esos agricultores y se lo damos a la importación. Yo no creo en eso”, añadió el presidente.

La Nación denunció semanas atrás, con base en datos suministrados por el CNP, que 26 de los 312 proveedores Consejo se quedaron con el 45% del presupuesto que esa institución destinó en el 2020 para compras de alimentos de escuelas, cárceles, policías y hospitales

Solo el 8,3% (26) de los contratistas obtuvo ¢41.300 millones. Cada uno recibió pagos por más de ¢1.000 millones ese año, algunos recibieron hasta ¢3.000 millones.

El informe DFOE-EC-IF-00018-2020 de la Contraloría General de la República (CGR), de setiembre del 2020, al que hizo referencia la ministra en la audiencia, dio a conocer que al 31 de marzo de ese año, el CNP no disponía de detalle actualizado que le permitiera conocer la cantidad de productores beneficiados mediante la cadena de comercialización generada por medio del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).

La Contraloría identificó que 63 proveedores de los 312 que tenía el CNP en 2020, eran intermediarios que acopiaban y distribuían productos de otros; no corresponden a beneficiarios agroindustriales o productores primarios (individuales u organizados).

Esos 63 proveedores (distribuidores) recibieron ¢31.634 millones durante el periodo comprendido entre el 1.° de enero de 2017 y 31 de marzo de 2020, las cuales representan un 19,6% del total de compras que el CNP hizo a los proveedores en ese periodo.

“Se desconoce el impacto que genera la cadena de comercialización actual del PAI en la fijación de los precios de compra y venta, siendo que existen proveedores que no producen sino que acopian y distribuyen”, expresó la CGR, en su informe.

Daniela Cerdas E.

Daniela Cerdas E.

Bachiller en periodismo, estudiante de Derecho. Cobertura de la temática educativa del país desde 2015. Redactora del año La Nación, 2018.

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