La Contraloría General de la República dio 24 horas a la ministra de Educación Pública, Giselle Cruz, para ordenar a la Fundación Omar Dengo (FOD) suspender cualquier actuación para la ejecución de la Red Educativa del Bicentenario, que pretende conectar los centros educativos.
La medida, dada a conocer por el órgano contralor este jueves, se da por la supuesta “detección de incumplimientos legales y técnicos relacionados con el traslado de competencias esenciales de ese Ministerio” a la FOD. Así lo señaló al considerar que esta red “no es otra cosa” que una herramienta al servicio de la educación.
Por ese motivo, instruyó al MEP a asumir esas competencias esenciales y deberes públicos vinculados a la Red conforme el marco legal aplicable, para lo cual le da un plazo de cinco días.
“Es relevante indicar que la CGR es consciente de la necesidad de la implementación de proyectos en esta materia, especialmente en el contexto de pandemia; sin embargo debe hacerse dentro del marco legal y competencial correspondiente, y el MEP cuenta con la organización funcional para cumplir la orden de la CGR”, dijo ese órgano.
La Red Educativa del Bicentenario es un programa creado con el objetivo de conectar todas las escuelas y colegios públicos del país a una red de banda ancha de alta velocidad. Se pretende enlazar a los 4.659 centros educativos públicos y a las oficinas del MEP en una única red de un banda ancha, mediante fibra óptica, a una velocidad superior a 10 Mbps. Fue anunciado por el mandatario Carlos Alvarado el 3 de agosto del 2018.
Con ese fin, el MEP estableció un convenio de cooperación con la Fundación para que fuera esa organización la responsable de diseñar la Red y contratar proveedores, según explicó el Ministerio en febrero de 2020. Fue entonces cuando se firmó el Anexo N° 2 del convenio de cooperación entre el MEP y la FOD para la implementación de la segunda fase del proyecto que pretendía iniciar con la conexión de los primeros 2.120 centros educativos.
A partir de esa firma, la Fundación comenzó a trabajar con recursos transferidos por el Ministerio de Educación.
Como parte de su trabajo, la Fundación abrió un concurso en busca del proveedor de Internet, los cuales a la fecha no han prosperado en la Contraloría. Hace una semana, precisamente, el órgano contralor declaró parcialmente con lugar recursos de apelación planteados contra la adjudicación a la empresa Unifet, mientras que en marzo había anulado la primera adjudicación que se dio en favor del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Huawei.
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Argumentos de la Contraloría
En el oficio DFOE-CAP-0684 dirigido a la ministra Gisselle Cruz, la Contraloría argumenta que de acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública, N° 3481, esa institución es la encargada de administrar todo lo concerniente a la educación y que le corresponde específica y exclusivamente poner en ejecución los planes, programas y demás determinaciones que emanan del Consejo Superior de Educación.
Añade que el desarrollo de proyectos educativos vinculados a la informática y las telecomunicaciones son responsabilidad de la Dirección de Informática de Gestión del MEP. Ese, dijo es el “órgano técnico responsable de orientar, promover y generar la transferencia y adaptación de las tecnologías de la informática y de las telecomunicaciones al MEP, tanto en las oficinas centrales como en las direcciones regionales de educación” y entre sus funciones está “crear y desarrollar la plataforma de comunicaciones digitales del MEP en todo el país”.
Según la Contraloría, y basándose en criterios de la Procuraduría General de la República, las competencias de la Administración Pública constituyen un deber público, y como tal, deben ser ejecutadas directamente por la institución, por lo que no es posible su transferencia a sujetos de derecho privado (en este caso a la FOD).
Explican que los servicios de telecomunicaciones y de tecnologías de información son servicios conexos requeridos por el MEP, ya que son un medio que, a partir de la digitalización de todo proceso, facilita el aprendizaje, así como, la gestión institucional.
Asimismo, afirman que la Sala Constitucional ha indicado que el acceso a las tecnologías de la información y comunicación “...se convierte en un instrumento básico para facilitar el ejercicio de derechos fundamentales como la participación democrática (democracia electrónica) y el control ciudadano, la educación…”.
“El MEP cuenta con la Dirección de Informática de Gestión, la cual funge como órgano técnico responsable de orientar, promover, generar la transferencia y adaptación de las tecnologías de la informática y de las telecomunicaciones. Dirección a la que se le ajustó su organización desde el año 2014, con la finalidad de ‘...atender responsabilidades relacionadas con el desarrollo de la Red Educativa Nacional y la plataforma de conectividad’; mediante Decreto N° 38170-MEP”, indicó la CGR.
Considera la Contraloría que esta Dirección cuenta con el Departamento de Adquisición Tecnológica, que es el responsable de la actualización del campo informático, especialmente en lo que respecta a los equipos de cómputo y comunicaciones (hardware, software, redes y telecomunicaciones). Así las cosas, debe participar en los procesos adquisitivos de obras, bienes y servicios relacionados con tecnología institucional .
Para el órgano contralor, la suscripción del Anexo 2 al Convenio Marco de Cooperación entre el MEP y la FOD establece que “la gestión del proyecto la realizará la FOD y, complementariamente, el MEP conformará un equipo interdisciplinario que dará seguimiento a las fases de definición del servicio, planificación y ejecución del proyecto”.
“Se observa una nula participación del Ministerio en la planificación, dirección, control, coordinación, establecimiento de condiciones, indicadores de desempeño y demás aspectos de definición, conducción y ejecución del proyecto de la Red Educativa, toda vez que estas actividades y responsabilidades se transfieren a la Fundación como si fuere el propio MEP”, explica.
Insiste en que al haber asignado a la FOD responsabilidades que corresponden a sus unidades institucionales, genera un “vaciamiento” de las competencias dadas por el legislador e incluso el constituyente a dicho Ministerio.
“Si bien es el MEP quien aporta los recursos públicos para el desarrollo del proyecto, no ha sido el actor que definió los elementos básicos de la conceptualización y desarrollo de la Red Educativa, puesto que su actuación se ha limitado a la recepción y revisión de documentación; siendo la Fundación la que ha establecido los pasos que debe seguir ese Ministerio”, indica.
La Contraloría agrega que, con este convenio, el MEP ha transferido la función de determinar cómo satisfacer las necesidades educativas a su cargo , relacionadas con la incorporación de las tecnologías de información en un sujeto de derecho privado; siendo la educación su competencia esencial -como lo señala su nombre- y este servicio, un medio para proveerla.
Para el ente contralor, por las razones antes expuestas, todas las actuaciones realizadas por la FOD en el marco del desarrollo de la Red Educativa, carecen de sustento jurídico, por cuanto existe una imposibilidad legal del MEP para transferir las citadas competencias. Aclara que esta decisión no excluye la posibilidad de que la Administración Pública recurra a la contratación y colaboración de sujetos privados “siempre y cuando se encuadre dentro de los mecanismos legales existentes al efecto y no suponga un descargo absoluto de competencias y deberes públicos en el tercero”.
Desde la mañana de este jueves, La Nación solicitó criterio del MEP y la FOD , pero indicaron que la misma se dará en conjunto en horas de la tarde de este jueves. A las 6:30 p. m. aún no había llegado su pronunciamiento.
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Costos
En su análisis, la Contraloría también criticó los costos del convenio. Explica que para la ejecución de la Red Educativa, la FOD contrató personal técnico para 13 plazas con cargo a los recursos públicos transferidos por el MEP, y pretende contratar una empresa que provea los servicios llave en mano .
Según los datos incluidos en el documento, el MEP aprobó la propuesta de la FOD que incorpora gastos por administración estimados en un 8,26% del monto total que se transfiere para la Red Educativa, pero sin desglosar ese rubro ni definir parámetros de ejecución.
“El MEP indica que ascenderán a $4,5 millones aproximadamente, durante la ejecución de todo el proyecto y podría variar. Además, el MEP estima que para los cinco años de duración de desarrollo de la Red, esa Fundación requerirá de un total $1,1 millones para el pago de remuneraciones al personal técnico”, dijo la Contraloría.
En el periodo comprendido entre el 1.° de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2021, el Ministerio ha transferido a la FOD ¢12.512 millones para ese propósito. Dicho monto se compone de un 0,8% (¢101,5 millones) para financiar el pago de remuneraciones del personal técnico contratado por esa Fundación (13 plazas), un 35,2% (¢4.404,7 millones para gastos y costos operativos), un 4,7% (¢591,8 millones) para cubrir costos de conectividad y el restante 59,3% (¢7.414,5 millones) para implementar la Red.
“La transferencia indebida de las competencias del MEP a la Fundación representa costos que se estiman en un total aproximado de $5,6 millones por el plazo estimado del proyecto (5 años), el cual podría incrementar, dada la posibilidad de prórroga concebida en el artículo 15 del Anexo N°2″, detalló el ente contralor.