Educación

Comisión de UCR propone eliminar pago de anualidad para nuevos empleados

Resultados de diagnóstico salarial revelan que el plus por antigüedad genera una dinámica ‘gravemente inequitativa y potencialmente insostenible’

El fuerte peso que ha tenido la anualidad en los salarios de la Universidad de Costa Rica (UCR) “es inconsistente con los objetivos de una política saludable de recursos humanos y genera una dinámica gravemente inequitativa y potencialmente insostenible”.

Frente a esa conclusión, la Comisión Técnica que realizó el Diagnóstico del Régimen Salarial de la UCR recomendó a las autoridades universitarias eliminar del todo la anualidad para los nuevos empleados.

Ese grupo de trabajo lo coordinó Pedro Méndez, de la Escuela de Matemáticas de la Universidad. El diagnóstico se hizo a pedido del rector, Gustavo Gutiérrez Espeleta, para tener insumos con el fin de desarrollar un nuevo régimen salarial “desde una perspectiva de equidad, calidad e inclusión, que corrija la desigualdad salarial actual y la inestabilidad laboral”.

En respuesta, el documento presentado por la Comisión Técnica a la comunidad universitaria, el 22 de noviembre, dice: “A partir de mejores bases salariales, la remuneración debe aumentar solamente como reflejo del mérito académico o técnico-profesional, para lo cual deben eliminarse los aumentos automáticos o semiautomáticos, tales como la anualidad”.

Precisamente, las anualidades llevan a que la UCR pague diferencias de hasta ¢7,8 millones a docentes de una misma categoría, como es el caso de dos catedráticos. Uno, con nueve años de labor, devenga ¢2,1 millones mientras que otro con 56 años, gana ¢9,9 millones. A este último, solo por antigüedad y otros “componentes inerciales”, se le pagan ¢6,5 millones. Igualmente, ese plus provoca que los salarios de 142 profesores sean mayores a los que pagan universidades de Alemania.

Hasta el 2019, la UCR pagaba a sus funcionarios una anualidad del 3,75% sobre el salario bruto, es decir, la base más pluses. Pero en 2020, la Rectoría, a regañadientes, se vio obligada a reducirla a 1,94% sobre el salario base, como el resto del sector público, en cumplimiento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (número 9635).

La medida se tomó, eso sí, mientras la Sala IV resuelve una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), en febrero del 2020, contra esa legislación, conocida como reforma fiscal.

El peso de la anualidad sobre el gasto corriente de remuneraciones era 27,95% en el 2007, pero en 2019 alcanzó 36,08%; en ese año se destinaron ¢64.000 millones para dicho incentivo. Sin embargo, para el 2020, se frenó el incremento de ese plus en la partida de remuneraciones, a cerca de un 35%, por la aplicación de la ley. A pesar de esto, y, según el diagnóstico de la UCR, desde el 2016 a la fecha la anualidad es el sobresueldo con el mayor peso presupuestario en el pago de salarios.

Gustavo Gutiérrez indicó a La Nación que con base en estos hallazgos, la Comisión Técnica concluyó que los incrementos inerciales profundizan las desigualdades del sistema salarial de la institución.

“Creemos que la remuneración del personal debe depender del mérito, las funciones y el desempeño de las personas, no tanto de la cantidad de años laborados. La comisión generará las propuestas en el primer trimestre de 2022 y esperamos poder avanzar con reformas en este sentido.

“Estamos esperando las recomendaciones de la comisión y el análisis legal que determine los alcances de la reforma. Sin embargo, es una posibilidad (eliminar la anualidad para empleados nuevos) que definitivamente no descartamos”, aseveró Gutiérrez.

La Universidad de Costa Rica destina entre el 72,98% y el 77,79% de su presupuesto anual al pago de salarios; en 2020 asignó ¢204.526 millones para remuneraciones. El año anterior, las universidades recibieron ¢512.782 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES); de esos recursos, la UCR se deja el 59%.

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La Comisión también determinó que lo deseable es una política salarial al servicio del desarrollo académico y profesional, que incentive el mejor cumplimiento de los objetivos y funciones de la Universidad. Tal política debería centrarse en promover la atracción, la retención y el desarrollo de un cuerpo académico y administrativo idóneo y altamente calificado.

Además, debe asegurar que la evolución de los costos en remuneraciones permita a la Universidad cumplir los objetivos institucionales de forma sostenible y con la calidad esperada por la sociedad. También considera que se deben priorizar los incentivos que contribuyan a logros institucionales antes que individuales.

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“Se debe establecer un mecanismo para que el reconocimiento salarial de los cargos de dirección y dirección superior dependa únicamente de las funciones y responsabilidades inherentes al puesto y eliminar la perpetuación de contratos en condiciones de precariedad y, al mismo tiempo, facilitar condiciones para que la Universidad pueda procurarse el personal temporal que su adecuado funcionamiento requiere”, indica el diagnóstico.

Para lograr estos objetivos, la Comisión recomienda una nueva política salarial capaz de atraer y retener, en el contexto costarricense, a aquellas personas que, por su calidad y calificación, resulten idóneas para el cumplimiento de las funciones de la institución.

“El salario base constituye el salario de entrada a la Universidad y, por ende, debe ser lo suficientemente atractivo como para facilitar la atracción de nuevo talento y una renovación saludable del personal. Las diferencias en las remuneraciones del personal académico deben mantenerse dentro de límites estimulantes pero razonables, sin cabida para desigualdades excesivas, injustificadas y perjudiciales”, dijo el equipo técnico.

La Comisión también recomendó que la carrera académica del recurso humano universitario debe ser reconocida con criterios adecuados, que estimulen un constante desarrollo profesional.

“El sistema de Régimen Académico premia desproporcionadamente la obtención de títulos académicos, las publicaciones y la obra profesional, y da un peso casi nulo a las labores de docencia y de acción social. Esto promueve, por razones puramente pecuniarias, la acumulación de títulos”, indicaron los especialistas.

Daniela Cerdas E.

Daniela Cerdas E.

Bachiller en periodismo, estudiante de Derecho. Cobertura de la temática educativa del país desde 2015. Redactora del año La Nación, 2018.

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