La decisión fue tomada durante la gestión de Yamileth González García en la Rectoría de esa Universidad.

Fue entonces cuando los miembros del CU subieron la anualidad de un 3% a un 5,5%, mientras que el Gobierno pagaba un 1,9% a los profesionales. La medida derivó en un crecimiento “desproporcionado” del gasto salarial universitario.

Apenas, unos meses antes, también en 2009, se había roto el tope de 30 anualidades que se pagaba a los funcionarios, otra decisión sobre la cual se encendieron alarmas.

“La Contraloría Universitaria, mediante oficio OCU-R-229-2009, llamaba la atención al Consejo Universitario acerca de las consecuencias que estas dos medidas tendrían a futuro sobre el sistema de administración de salarios en particular, y sobre las finanzas institucionales, en general. No obstante, esas claras advertencias al parecer no fueron consideradas”, expone el informe de la Comisión para el Análisis del Sistema de Administración de Salarios del 2015.

Esa comisión fue conformada en 2013, con Henning Jensen como rector, “con el fin de analizar el sistema de administración de salarios de la institución y hacer propuestas encaminadas a generar un equilibrio financiero” .

Su primer informe fue precisamente el de 2015, con el análisis del incentivo de anualidad, estudio que sirvió de insumo para derogar, en 2017, el acuerdo tomado por el Consejo ocho años atrás.

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El estudio final de la Comisión alertó de que el incremento del porcentaje de anualidad del 2009 atentó “contra la sostenibilidad financiera de la institución en el corto plazo” , lo cual constituía una “amenaza” para la ejecución de la actividad sustantiva de la Universidad.

Además, afectó “seriamente las finanzas” universitarias y generó “brechas importantes entre funcionarios que realizan labores similares”.

Advertencias

Como había ocurrido con el rompimiento del tope de anualidades, el aumento en ese plus al 5,5% se realizó de manera unilateral, pues ni siquiera se trató de una solicitud del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindéu).

Incluso, el mismo día en que se aprobó el aumento en el plus, el 29 de setiembre del 2009, Fernando Silesky, miembro del Consejo Universitario en aquel momento, reconoció que estaba preocupado por la advertencia de la Contraloría de la Universidad.

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“Según ellos, se debe presentar un estudio donde se defina cuál es el impacto por lo menos en los próximos cinco años. De acuerdo con la posición de ellos, han dicho que esto puede ser un crecimiento exponencial de los salarios y que se pierda ese control de porcentaje que se va para asuntos de pagos del salario y el porcentaje que se va para asuntos operativos.

“Se debe definir o prestar atención a cuáles son las bases del salario y cuáles son los incentivos extra que cada una de las instancias tiene y, a partir de esto, cree que es sumamente importante hacer una petición de un estudio bien amplio sobre el impacto que puede darles ese aumento del 2,5% o más en la anualidad”, dijo Silesky, como consta en el acta 5390 de esa sesión.

Silesky aclaró que no se oponia al 2,5% de aumento, sino que consideraba necesaria una justificación plena para garantizar que una propuesta de ese tipo no impactara, exponencialmente, el presupuesto de los próximos años.

Dos meses después de aprobada la medida, la Contraloría Universitaria volvió a hacer el llamado de atención.

“Queremos reiterar la preocupación que expusimos el 28 de setiembre (2009) en la reunión a la que fuimos invitados por la Comisión de Administración y Presupuesto, sobre la decisión de incrementar el porcentaje de anualidad en un 2,5% dado que, como hemos insistido en diversas oportunidades ante este órgano colegiado y la Rectoría, el sistema salarial de la Universidad sobredimensiona, en nuestro criterio, los incentivos relacionados con la antigüedad y contribuyen a generar un alto crecimiento vegetativo automático.

“El aumento en la anualidad tiene una repercusión en las finanzas universitarias de largo plazo, dado que formaría parte de los derechos laborales de los funcionarios”, dice el oficio OCU-R-229-2009 enviado el 2 de diciembre del 2009 por la Contraloría Universitaria a la entonces rectora González, a la Vicerrectoría de Administración y la Oficina de Planificación Universitaria.

Los estudios solicitados por la Contraloría se realizaron tiempo después, pero no evitaron la situación que enfrenta actualmente la UCR.

Como se pronosticó, la masa salarial crece de forma desproporcionada por el aumento en la razón de régimen de méritos, que incluye anualidad, escalafón, dedicación exclusiva, horas extra, incentivo por mérito académico, recargos por dirección, entre otros. Ese aumento pone en peligro el equilibrio en las finanzas y el cumplimiento de las otras funciones de la casa de enseñanza.

De acuerdo con los estados financieros que publica la UCR, del dinero proveniente del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en 2020, el 81% fue para remuneraciones. En ese año, a la UCR le correspondieron ¢260.285 millones, de los cuales ¢211.962 millones fue para pago de salarios y pluses.

En el 2019, según los estados financieros, fue el 75%. Se recibieron ¢283.228 millones y se usaron en remuneraciones, ¢212.736 millones.

La Nación intentó localizar a la exrectora Yamileth González pero no fue posible pese a mensajes enviados a su correo electrónico, a su cuenta de Facebook y llamadas telefónicas realizadas a cuatro números telefónicos registrados a su nombre.

Justificación y consecuencias

El Consejo Universitario subió la anualidad del 3% establecido en la convención colectiva al 5,5, con el argumento de que la Ley de Incentivos en Ciencias Médicas establecía una anualidad del 5,5% y que, por aplicarse ese incremento a algunos funcionarios del área médica, se crearía una desigualdad injustificada. Por ello, generalizó el 5,5% a toda la población universitaria.

Sin embargo, la aplicación de los incentivos médicos al conjunto de la población docente de la UCR fue declarada sin base legal por la Sala Segunda mediante la sentencia 655 del 12 de agosto de 2011. Concluyó que “para poder acceder a esa clase de pluses salariales es necesario que el profesional, además de serlo en ciencias médicas, realice sus labores en un ente dedicado a la prestación de servicios hospitalarios…”.

Según el informe de la Comisión del 2015, antes del 2010, año en que entró a regir el incremento, la relación entre el salario base y los pluses oscilaron alrededor de un promedio de 142,8%, lo cual significa que, entre 1998 y 2009, por cada ¢1.000 que se aumentaba al salario base, el efecto en la masa salarial para esos años era en promedio ¢2.428.

“A partir del año 2010, sin embargo, esta razón crece de manera desproporcionada, alcanzando en el año 2014, el 171,4% de la base salarial, lo cual afecta seriamente las finanzas institucionales. Este aumento en la razón de régimen de méritos se origina en dos hechos, ambos relacionados con el pago de anualidad: en primer lugar, elacuerdo del Consejo Universitario, en la sesión 5390, de incrementar el porcentaje por concepto de anualidad de un 3% a un 5,5% a partir del año 2010. En segundo lugar, el acuerdo del Consejo Universitario, en sesión 5367, de derogar el tope máximo de pago de treinta anualidades”, explicó el informe de la Comisión.

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La anualidad pasó de representar el 29,5%, de la conformación salarial, en 2009; al 34,6% en 2014. Por otra parte, el salario base pasó, en ese mismo periodo, de 41,3% a 37,5%.

A partir de los hallazgos de la Comisión se derogó, en 2017, el acuerdo del 2009. La anualidad pasó, entonces, a ser de 3% sobre salario base más pluses.

Un insumo que se tomó en cuenta para tomar esa decisión fue el estudio actuarial, realizado en 2014, por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, el Observatorio del Desarrollo y la Escuela de Matemática.

“De no tomar acciones en materia de contención del gasto por concepto de salarios, la institución enfrentará problemas de sostenibilidad financiera en el corto plazo, situación que se agravaría a mediano plazo a niveles totalmente insostenibles”, resaltó el estudio.

En febrero del 2019, la Administración de la UCR y el Sindicato acordaron aumentar la anualidad al 3,75% (salario base+pluses). En 2020, se presupuestaron cerca de ¢65.600 millones para ese incentivo con ese porcentaje.

Empero, apenas nueve meses después, el entonces rector, Henning Jensen, admitió que pagar un 3,75% de la anualidad sobre el salario bruto (base más pluses) a los docentes era “insostenible” para la Universidad.

“Se han tomado 24 medidas de contención del gasto, pero que al día de hoy las medidas han sido insuficientes. Muchas de las medidas que deben ser tomadas en el futuro tiene que ver con el disparador del crecimiento vegetativo de los salarios y ese disparador es la anualidad”, aseveró el jerarca universitario.

Un año después, en la gestión de Carlos Araya, se resolvió reducir la anualidad al 1,94% sobre el salario base, como lo establece para todo el sector público la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (número 9635), aprobada en diciembre del 2018.

Eso sí, esa decisión se aplica mientras un juez resuelve si las universidades públicas deben apegarse a la reforma fiscal.

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A pesar de los cambios realizados, el 22 de febrero de este año, los rectores de las universidades públicas admitieron que sus actuales esquemas salariales, en los que existen remuneraciones hasta de ¢9,9 millones, siguen generando complicaciones en los presupuestos de las casas de enseñanza superior.

Las autoridades universitarias alegaron la necesidad de revisar las políticas salariales, al tiempo que quedaron excluidas del proyecto de Ley de Empleo Público, que pondría fin al sistema de pluses e incentivos, el cual se discute actualmente en la Asamblea Legislativa.

El plan, sin embargo, aún no ha sido votado por el plenario.