El presidente Jimmy Morales anunció el lunes 7 de enero que ponía fin a la misión de la Cicig en Guatemala. Por ahora, el ejecútese de su decisión unilateral está congelado por un fallo judicial, pero no es la primera vez que el excomediante de televisión irrespeta un pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad (CC).

¿Lo sorprendió la noticia? Si usted ha seguido de cerca el paso a paso de la ofensiva de Morales, no. Es más, recuerde: la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (Cicig) cayó en desgracia cuando enfiló las baterías contra Morales y su entorno familiar. Desde ese momento, la Cicig se convirtió en una piedra en el zapato del mandatario.

Para comprender los entretelones de este asunto, lo primero que debemos tener claro es ¿por qué nació la Cicig y quién la propuso? En la génesis de este panel no se puede alegar imposición ni nada que vaya en menoscabo de la soberanía de Guatemala, toda vez que la idea de crear la Comisión partió de diversos sectores de la sociedad de ese país ante la realidad incontrovertible de que el aparato de justicia había sido desbordado por estructuras delictivas e intereses que impedían un efectivo combate del delito y, por ende, de la corrupción e impunidad conexas.

Segundo (y es fundamental): al negociar el acuerdo de establecimiento de la Cicig, el Estado reconoce la necesidad de apoyo de un organismo adscrito a Naciones Unidas para enfrentar aquel problema.

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En efecto, el primer objetivo para instituir esa misión es “apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad y cualquier otra conducta delictiva conexa con estos...”.

“La Cicig ha logrado especialmente dos objetivos que parecían imposibles en el 2008. El primero fue demostrarnos a los guatemaltecos que la impunidad podía ser derrotada en el sistema judicial”, destacó el sitio web de la publicación Plaza Pública, el cual agregó: “Y el segundo fue algo que parecía estar a años luz en el Estado guatemalteco: construir las bases de confianza en el Ministerio Público (MP)”.

Hay hechos y cifras que respaldan la anterior apreciación. En un informe que emitió en noviembre del 2018 –y en el cual pidió una reforma constitucional para apalancar el combate de la corrupción–, la Cicig enumeró algunos de los logros en 11 años de trabajo: más de 60 estructuras criminales fueron identificadas, se presentaron más de 100 casos ante la Justicia, 680 sospechosos fueron procesados y 310 de estos recibieron condena.

No es moneda de oro

Mas en la lucha contra la corrupción y la impunidad han caído empresarios, funcionarios y exempleados del Estado y políticos, entre ellos el expresidente de la República Otto Molina Pérez y su vicepresidenta Roxana Baldetti. Ambos tuvieron que renunciar por su presunto involucramiento en uno de los casos más sonados de corrupción: una defraudación a las aduanas, que tuvo a aquellos actores presentes.

En el destape de este fraude, conocido como “La Línea”, la alianza entre la Fiscalía General y la Cicig jugó un un papel preponderante en poner al descubierto una trama para, por medio del pago de sobornos, autorizar el ingreso de contenedores sin pagar los impuestos.

Molina y Baldetti están detenidos en espera de ir a juicio.

Precisamente el juez que ha llevado a cabo las diligencias de “La Línea”, Miguel Ángel Gálvez, destacó el aporte de la Cicig y lo resumió así: “Es posible que se pueda hablar de un antes y un después” de esa institución.

En favor de la Comisión hablan la profesionalización del Ministerio Público, el fortalecimiento de los tribunales y el apoyo de sus profesionales en las investigaciones de otros casos más.

Por ejemplo, la exvicepresidenta Baldetti fue condenada a 15 años por fraude al Estado en la concesión de un contrato para descontaminar el lago de Amatitlán. El aporte de las pesquisas de la Cicig fue fundamental para el esclarecimiento.

Pero tocar intereses poderosos muy a menudo tiene un precio alto, por lo cual no es de extrañar que el respaldo de sectores empresariales y políticos a la Cicig haya disminuido al punto de que hoy (por ejemplo, la cúpula de la empresa privada) se cuentan entre los que cierran filas con el gobierno de Morales en su estrategia para deshacerse de ese panel.

Por el contrario, el espaldarazo a la labor de la misión que encabeza el exjuez colombiano Iván Velásquez proviene de grupos que se han visto reivindicados por las denuncias y juicios entablados por la Fiscalía en conjunto con la Cicig: campesinos, estudiantes, académicos y grupos políticos y sociales críticos con el establishment.

Las investigaciones de “La Línea” comenzaron a enajenar a los afectados con la Comisión, por razones obvias, y es cuando empiezan a surgir voces que hablan de un menoscabo a la soberanía nacional y de excesos por parte del grupo de la ONU.

Sin embargo, la gota que pone el vaso a rebalsar son las pesquisas sobre el posible financiamiento electoral ilegal a la campaña que llevó a la Presidencia a Jimmy Morales. Se lo señala de haber ocultado a las autoridades aportes privados, y ello llevó a la Fiscalía y la Cicig a solicitar al Congreso el levantamiento del fuero al mandatario para juzgarlo. Los diputados rehusaron hacerlo.

Esos señalamientos, así como haber elevado a juicio un caso de corrupción que involucra a un hijo y un hermano de Morales contribuyeron a la “enemistad” del gobernante con la Comisión.

Paradójicamente, Morales hizo proselitismo en el 2015 presentándose como un candidato “ni corrupto ni ladrón” y con un discurso centrado en un ataque a la “vieja política”.

La furia de Morales

Al principio de su administración, manifestó respaldo al trabajo de la Comisión, pero cuando el dedo acusador lo señaló cambió de criterio.

Así, en poco tiempo, la misión de la ONU se volvió el pararrayos de Morales. Veamos unos ejemplos:

◊ Agosto del 2017: el presidente ordena la expulsión de Iván Velásquez, que no se hace efectiva pues la Corte de Constitucionalidad invalida la decisión.}

◊ Octubre del 2017: previene a Velásquez a no intervenir en los asuntos internos del país.

◊ Agosto del 2018: anuncia que no renovará el mandato de la Cicig, que vence en setiembre del 2019.

◊ Setiembre del 2018: aprovechando que Velásquez está de viaje en Estados Unidos, ordena el impedimento de regreso a Guatemala. Tres semanas después, ante la Asamblea General de la ONU señala a la Comisión como “una amenaza" a la paz de Guatemala.

◊ Octubre del 2018: el gobierno se niega a expedir visas para funcionarios del panel.

◊ Diciembre del 2018: ordena el retiro de la inmunidad a personal de la Comisión y dispone expulsarlos.

◊ 7 de enero del 2019: decide poner término, unilateralmente, a la presencia de ese grupo en Guatemala. De nuevo, alega menoscabo a la soberanía y presuntos excesos en las atribuciones. La medida está frenada tras recursos de amparo fallados favorablemente por la Corte de Constitucionalidad.

Lea el corolario de la ofensiva del presidente, quien justificó la expulsión con este argumento: “La Cicig, durante su estadía en Guatemala, ha puesto en riesgo la seguridad de la nación, el orden público, la gobernabilidad, el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo la soberanía del Estado de Guatemala”.

La suerte de la Comisión parece echada, toda vez que ya en otras ocasiones el gobernante ha mostrado poco apego al respeto a los fallos judiciales. Solo un botón: Iván Velásquez sigue fuera de Guatemala, no obstante que la Corte de Constitucionalidad ordenó permitirle el reingreso.

No pierda de vista que el propio día cuando el gobierno anunció el fin de la misión, la canciller Sandra Jovel acusó a ese tribunal de haberse "extralimitado en sus fallos, tratando de dictar la política exterior”.

Y a lo largo de la historia de ese país, la debilidad institucional, la fagilidad de la democracia y el poco respeto al Estado de derecho han sido cartas de presentación.

Es todo por ahora.