Ciudad de Guatemala. El Gobierno de Guatemala anunció el lunes que no permitirá el reingreso al país del comisionado Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en un abierto desafío a un fallo judicial que revocó el impedimento dictado días atrás por el presidente Jimmy Morales.
Pese a que el domingo por la noche la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó que se le permitiera la entrada, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, dijo que Velásquez “no ingresará al territorio nacional”.
El colombiano es el titular de la Cicig, un organismo que desde que fue instaurado en el 2007 ha sido clave para revelar casos de corrupción en el país. Junto con la Fiscalía, la Cicig ha pedido en dos ocasiones levantar los fueros del mandatario para investigarlo por sospechas de corrupción en su campaña del 2015.
Morales, quien otrora elogiaba el trabajo de la Cicig y que había prometido en campaña solicitar su prórroga hasta el 2021, anunció este mes que no pedirá a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una nueva ampliación del mandato de la Cicig, que vence en el 2019.
Luego, el mandatario prohibió el ingreso de Velásquez a Guatemala, quien se encontraba de viaje en Estados Unidos.
Este lunes, Degenhart aseguró que las autoridades de Migración solo permitirán el ingreso a un nuevo “comisionado que sea electo a través de un proceso en armonía entre las partes, las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala”.
Horas antes, la Corte de Constitucionalidad había dejado sin efecto de forma provisional la decisión del mandatario. La presidenta de la CC, Dina Ochoa, indicó que ese tribunal aceptó un recurso de amparo presentado por un abogado independiente contra la decisión del mandatario.
La Cicig adquirió protagonismo en abril del 2015 cuando, junto con la Fiscalía General, revelaron una estructura de defraudación fiscal en aduanas encabezadas por el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015), quienes están en prisión y a la espera de enfrentar un juicio.
Terna para otro comisionado
La canciller guatemalteca, Sandra Jovel, informó de que por instrucción de Morales giró una nota diplomática a Secretaría General de la ONU para pedir en 48 horas una lista de candidatos para sustituir al jurista colombiano, como única solución viable para solventar la crisis.
Jovel ratificó lo manifestado por el ministro de Gobernación: “El o la comisionado deberá ser nombrado con el asentimiento del Estado de Guatemala, lo cual es consistente con las prácticas, reglas y principios del derecho internacional”, afirmó la canciller, quien se negó a responder preguntas a los periodistas.
“Guatemala, como Estado miembro y fundador de la ONU, solicita al secretario general (António Guterres) que cumpla con su función de facilitador en la solución de los requerimientos de los Estados miembros”, agregó.
“En caso contrario, se le atribuirá la responsabilidad de cualquier consecuencia que surja de la falta de la designación de nuevo comisionado en los términos y plazos que se le han solicitado”, afirmó.
No obstante, diferentes sectores rechazaron la posición del gobierno de Morales, pues Velásquez es el actual comisionado designado por la ONU, y el recurso de amparo fue aceptado porque el Poder Ejecutivo prohibió su ingreso al país.
A pesar de que el pronunciamiento de la CC no se refiere al comisionado actual, Gloria Porras, una de las magistradas de la Corte, expresó la noche del domingo que el efecto del amparo es que “Iván Velásquez es el actual comisionado y, por lo tanto, puede ingresar al país inmediatamente”.
El abogado constitucionalista Oswaldo Samayoa coincidió. “Es clarísimo que el comisionado tiene que entrar. Si dice Iván Velásquez o no, no importa. El fallo es claro que están permitiéndole a él entrar”. Para Samayoa, el fallo dice que el acuerdo está vigente y con ello toda la estructura de la Cicig, lo que incluiría a Velásquez por ser su titular.
Sin embargo, para el abogado Mario Fuentes la decisión judicial es poco clara. “No estoy claro de qué finalmente resolvió... La Corte no fue totalmente clara, puede llegar a hacerse interpretaciones de todo tipo”, consideró
La ofensiva de Morales contra Velásquez y la Cicig provocó desde la semana pasada bloqueos de carreteras por parte de organizaciones indígenas en el oeste del país, además de protestas en la capital y otras ciudades, convocadas por estudiantes universitarios y organizaciones sociales.
Distintos sectores han convocado a manifestaciones en distintos puntos del país el jueves próximo, para exigir la renuncia del presidente.
Este lunes, organizaciones sociales, de mujeres y de derechos humanos planeaban interponer ante la Fiscalía una denuncia en contra del jefe de Estado y otros funcionarios por desobedecer a la resolución de la Corte.
A su vez, la fiscala general, Consuelo Porras, dijo en un comunicado que las leyes nacionales, la convenciones internacionales y las resoluciones judiciales son vinculantes para las autoridades, por lo que sus “mandatos deben ser observados y cumplidos”.