Naciones Unidas y Guatemala. Guatemala pondrá fin de manera unilateral en 24 horas a la Cicig, la comisión de Naciones Unidas que investiga la corrupción en altas esferas del gobierno y combate la impunidad, anunció el lunes la canciller Sandra Jovel tras reunirse con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Los funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que acusa al presidente Jimmy Morales de corrupción electoral en los comicios que ganó en el 2015, deberán abandonar inmediatamente el país, dijo Jovel a periodistas en la ONU.
“Se le comunicó al secretario general que en un plazo de 24 horas queda el acuerdo finalizado”, manifestó.
Sin embargo, Guterres respondió la Cicig que seguirá trabajando hasta el fin de su mandato en setiembre, pese a la decisión unilateral de Guatemala. “El mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019. Hasta esa fecha, esperamos que el Gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del acuerdo”, declaró en un comunicado difundido por su portavoz.
“El secretario general rechaza enérgicamente el contenido de dicha carta. Las Naciones Unidas ha estado intercambiando de manera constructiva con el Gobierno de Guatemala, a varios niveles, durante los últimos 16 meses”, aseguró el texto del vocero de Guterres, Stephane Dujarric.
Más tarde, el presidente Morales acusó a la Comisión de atentar contra la seguridad nacional y la soberanía del país.
“La Cicig durante su estadía en Guatemala ha puesto en riesgo la seguridad de la nación, el orden público, la gobernabilidad, el respeto a los derechos humanos, pero sobre todo la soberanía del Estado de Guatemala”, aseguró.
Jovel se quejó vigorosamente de la decisión de Guterres de mantener en su cargo de jefe de la Cicig, el exjuez colombiano Iván Velásquez, “trabajando desde fuera, cosa que es inaudita”, pues el gobierno de Morales no lo deja entrar a Guatemala desde setiembre pasado.
Guterres “sacrificó a la Comisión por una persona”, sostuvo la ministra, y agregó que “los funcionarios ya no son funcionarios de la Comisión” y “tendrán que salir de territorio guatemalteco”.
La Cicig es un mecanismo independiente que investiga la corrupción en altas esferas del Estado guatemalteco y que fue creado por común acuerdo entre el país centroamericano y Naciones Unidas en el 2007.
El mandato de la Cicig debía expirar en setiembre.
Jovel estimó asimismo que la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, que defiende la estadía de más de una decena de investigadores de la Cicig en el país, “se ha extralimitado en sus fallos, tratando de dictar la política exterior”.
Descrédito a la Cicig
“Es importante reiterar que la Cicig fue creada para combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que estaban incrustados en el Estado, lo cual después de 11 años (y) tres meses no logró realizar”, alegó la canciller.
La Cicig adquirió relieve en la lucha contra la corrupción luego de que en el 2015 destapó la operación de una red de defraudación en las aduanas que provocó la renuncia del expresidente Otto Pérez, actualmente detenido en espera de un juicio por su papel como líder de esa operación.
Morales, quien llegó al poder prometiendo luchar contra la corrupción y defendiendo la Cicig, ha sido hostil con el trabajo de la Comisión desde el comienzo de su mandato en el 2016, cuando la entidad y la Fiscalía General acusaron a un hijo y un hermano de defraudación fiscal. Los dos guardan arresto domiciliario y están a la espera de un juicio.
“La Comisión (...) ha hecho investigaciones de manera ilegal. Sin embargo, el presidente Morales ha permitido que esas investigaciones se lleven a cabo”, aseveró Jovel.
“La Comisión ha abusado y se ha extralimitado en sus funciones. Ha cometido injerencia y ha violentado la soberanía de Guatemala, ha violado los derechos humanos de los guatemaltecos”, denunció.
La situación empeoró en agosto del 2017 cuando la Cicig y la Fiscalía acusaron a Morales de corrupción electoral durante los comicios que ganó en el 2015. Dos veces la Cicig pidió al Congreso levantar la inmunidad de Morales para investigarlo por sospechas de corrupción.
La canciller aseguró, no obstante, que los procesos judiciales abiertos como resultado de investigaciones de la Cicig continuarán su curso y no serán afectados por el fin del acuerdo.
El fin de semana, el gobierno de Morales intentó impedir el ingreso del investigador colombiano de la Cicig Yinel Osorio, retenido en el aeropuerto durante 25 horas, hasta que la CC emitió una orden que le permitió ingresar al país.
Durante la Asamblea General de la ONU, en setiembre pasado, Morales afirmó que la Cicig es “una amenaza” para la paz en Guatemala.
Lucha se debilita
Antes de conocerse el anuncio del gobierno, unas 50 organizaciones civiles, académicas y humanitarias calificaron la negativa del ingreso a Osorio como “un duro golpe” a la institucionalidad del país, que favorece a grupos corruptos y desacata las resoluciones de la Justicia.
“El problema es que las acciones del gobierno están fuera del marco legal, está claro que está ejecutando acciones que tienden a favorecer grupos de poder económico y político que han sido afectados por los trabajos de la Cicig“, expresó la directora del Grupo Pro Justicia, Carmen Ibarra.
Asociaciones, fundaciones y distintas ciudadanas y ciudadanos envían carta al secretario general de la ONU para solicitar que sea firme su apoyo y respaldo a la #CICIG. pic.twitter.com/mhm56Yu5Qj
— nómada (@nomadagt) January 7, 2019
”Es lamentable que en Guatemala, con tantos rezagos y desafíos, el gobierno se esté dedicando a desmantelar a la Cicig“, comentó el analista Manfredo Marroquín, director de la organización Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.
Para Marroquín, el gobierno está “dejando el país sin futuro, y como no hay futuro la migración se dispara. El legado que estará dejando es un país en manos de las redes corruptas”.
Marroquín e Ibarra coincidieron en que las acciones contra la Cicig envían un mensaje negativo en materia de lucha contra la corrupción.
”El mensaje que manda el presidente es que es un gobierno del crimen organizado y eso es una amenaza para la comunidad internacional”, afirmó Marroquín.