Ciudad de Guatemala. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció abruptamente este viernes que no renovará el mandato de una comisión anticorrupción de la ONU que lo investiga por supuesto financiamiento ilícito en las elecciones que lo llevaron al poder en el 2015.

Morales, en una declaración a la prensa acompañado de un nutrido grupo de militares y policías, dijo que ya notificó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (Cicig).

"Hemos notificado oficialmente al secretario general de la ONU la no renovación del mandato de la Cicig, y que de inmediato inicien las transferencias de capacidades a las instituciones correspondientes", declaró Morales.

Antes de su anuncio, vehículos militares se estacionaron en las cercanías de las oficinas de la Cicig en la capital guatemalteca, y se retiraron poco después del anuncio.

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El mandatario mantiene desde hace un año una fuerte discrepancia con el jefe de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez, luego que lo declarara non grato en el país y exigiera su salida.

Su pedido, rechazado por la Corte de Constitucionalidad, surgió luego de que la Cicig y la Fiscalía acusaron a Morales de financiamiento electoral ilícito en la campaña del 2015, que lo llevó al poder.

La nueva decisión contra la Cicig se da una semana después de que la Fiscalía y el organismo de la ONU pidieran otra vez levantar la inmunidad a Morales.

Críticas por decisión

El anuncio de Morales desató una avalancha de críticas y protestas contra de la medida en el centro de la capital y la sede de la Cicig, donde se produjeron acaloradas discusiones con manifestantes que llegaron a celebrar la orden del gobernante.

"Esta lamentable acción (de Morales) responde a los intereses a favor de la impunidad y corrupción", señaló el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodás, quien se reunió con Velásquez tras plantear un recurso legal para su protección.

La Cicig fue creada a través de un convenio con la ONU en el 2006 y empezó a funcionar un año después. Desde entonces, su mandato ha sido renovado cada dos años y el actual vence en setiembre del 2019.

Con la decisión contra la Cicig, Morales contravino su promesa de campaña de ampliar el mandato del organismo internacional hasta el 2021.

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, dijo en Twitter que la decisión de Morales es un "grave retroceso para la democracia y el estado de derecho en Guatemala".

“Creemos que Cicig es un socio efectivo e importante para luchar contra la impunidad, mejorar la gobernanza, y hacer que los corruptos rindan cuentas en Guatemala”, señaló en tanto la embajada de Estados Unidos en Guatemala.

La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, escribió en sus redes sociales estar "consternada" por el anuncio y acusó a Morales de abandonar "por completo su promesa de campaña de un gobierno transparente".

Morales recordó en su declaración de este viernes que desde hace un año se comunicó con Guterres para denunciar supuestas injerencias de Velásquez en asuntos internos de Guatemala, pero nunca obtuvo una respuesta positiva para el retiro del exmagistrado colombiano.

"Actuamos de buena fe, pero no hemos visto esa buena fe en las Naciones Unidas, se agotó toda la vía diplomática", afirmó Morales sobre sus gestiones ante la ONU.

La fiscala general, Consuelo Porras, dijo que espera que la decisión espera sea en "función de la paz, la tranquilidad y la armonía social".

Para el mandatario, la entidad internacional bajo el liderazgo de Velásquez ha librado una "persecución penal selectiva y con sesgos ideológicos" que llevaron al "terror judicial".

"La Justicia selectiva ha sido utilizada para intimidar y aterrorizar a la ciudadanía, se ha violentado la independencia judicial pretendiendo manipular a la justicia", agregó.

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Asimismo, aseguró que la entidad ha violado "nuestras leyes induciendo a personas e instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad".

Un mes después de asumir la presidencia en enero del 2016, un hijo y un hermano del presidente fueron acusados de participar en una trama para evadir el fisco.

Los dos familiares del jefe de Estado están bajo arresto domiciliar y con impedimento para salir del país.

En agosto del año pasado Morales fue acusado financiamiento ilegal en las elecciones del 2015.

El gobernante fue blindado por el Congreso, que en dos ocasiones evitó levantar su inmunidad para que fuera investigado.

Tras la acusación, Morales intentó expulsar a Velásquez, pero esa decisión desató la peor crisis que ha enfrentado hasta el momento, cuando fue revertida en la Justicia.

El papel de la Cicig

Iván Velásquez dirige desde el 2013 la Cicig, una misión de la ONU única en el mundo que funciona a solicitud del gobierno guatemalteco para atacar a las redes ilegales dentro del aparato estatal.

Velázquez, el tercer jefe del ente internacional por detrás del magistrado español Carlos Castresana y del costarricense Francisco Dall’Anese, ha conseguido condenas importantes que involucran a poderes hasta ahora intocables.

El caso más destacado es el conocido como La Línea, que tiene tras las rejas al expresidente Otto Pérez Molina, a quien fuera su vicepresidenta, Roxana Baldetti, y a la totalidad del gabinete de gobierno del Partido Patriota, que ejerció el poder entre el 14 de enero del 2012 y el 2 de setiembre del 2015, cuando Pérez Molina se vio obligado a dimitir por los escándalos de corrupción que marcaron su administración.

En agosto del 2017, el comisionado del ente internacional pidió el desafuero de Morales para que pueda ser investigado por delitos relacionados con la campaña presidencial. Al mismo tiempo, en Nueva York, Jimmy Morales buscó entrevistarse con el secretario general de la ONU, António Guterres, a quien pidió sin éxito la remoción de Velázquez al frente de la Cicig.