La ruptura de un acuerdo entre el Gobierno de Nayib Bukele y las pandillas ocasionó la ola de asesinatos de marzo, que obligó al Ejecutivo a crear un régimen de excepción, de acuerdo con una investigación del medio salvadoreño El Faro.
Según El Faro, la Mara Salvatrucha (MS-13) admitió haber asesinado a 87 personas, a finales de marzo, como respuesta a lo que consideraron una “traición” del Gobierno salvadoreño, pues decidieron romper un pacto que se mantenía con los grupos desde hace al menos dos años y medio.
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Durante el fin de semana del 25 al 27 de marzo, El Salvador vivió una de las jornadas más violentas del siglo, según la Policía, la mayoría de las 87 víctimas mortales no tenía relación con las pandillas.
A esto se le suma que, en grabaciones que posee el medio salvadoreño, se escucha al director de Reconstrucción del Tejido Social de El Salvador, Carlos Marroquín, confesar a una contraparte de la Mara Salvatrucha que se esforzó por mantener vigente el acuerdo durante la ola de homicidios.
El jerarca también habló de cómo hubiera impedido la captura de los pandilleros protegidos por la negociación y se refiere a la masacre de marzo como una presión al Gobierno bukelista. Marroquín fue señalado como uno de los negociadores delegados por el Poder Ejecutivo para dialogar con las pandillas.
“(Se rompió el acuerdo) porque ellos (el Gobierno) hicieron cosas que no tenían que hacer; desde ahí es por lo que se levantaron esos 80 muertos que pasaron en esas fechas, ¿me explico? Incumplieron, hicieron capturas que no tenían que hacer, donde ellos dijeron: ‘Lleguen a tal lugar, vamos a dialogar’ y, en lugar de dialogar, capturaron”, explicó un líder de la MS-13, quien se encuentra fuera de El Salvador.
En los audios, Marroquín también culpó de lo sucedido al ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, a quien calificó de “loco ministro”. Con un nombre en clave, Marroquín dijo que trasladaría los mensajes de las pandillas al presidente.
“Yo ya le tiré a Batman (Bukele) que hay 72 horas para dar una respuesta. Él no se lo tomó a bien, se lo tomó a mal, como que ‘a mí, que no me anden amenazando’ y no sé qué, usted sabe”, dijo Marroquín en referencia al mandatario. Con el objetivo de verificar la autenticidad de los audios, El Faro, habló con dos líderes de la Mara Salvatrucha-13 y uno de Barrio-18, dos de los principales grupos delictivos de El Salvador.
Ambos bandos coincidieron en que el punto de ruptura fue la detención de un grupo de miembros de la Mara que viajaban en un vehículo gubernamental, confiados por gozar de una especie de salvoconducto y quienes, además, eran conducidos por un chofer contratado por el Gobierno.
Uno de los voceros de la Mara Salvatrucha, que se hace llamar “Chavo”, aseguró que “unos hermanos, cuando los torcieron, tenían un vehículo oficial de aquí del sistema, y les mandaron un chofer, también proporcionado por este Lobo”.
Lobo, según confirmó ese vocero de la MS-13 y uno de Barrio-18, era el seudónimo de Osiris Luna, viceministro de Seguridad Pública y director de Centros Penales. Tras las capturas, interpretadas por las maras como una traición al trato que mantenían, dieron un ultimátum al Gobierno para que liberara a sus miembros. A esta advertencia de 72 horas es a la que hace referencia Marroquín en uno de los audios citados. El Faro constató con los dos líderes de la MS-13 y el líder de Barrio-18 que, durante el proceso de diálogo, el apodo de Bukele era Batman.
De lo dicho por Marroquín en los audios, El Faro infirió que Bukele siempre estuvo al tanto de las conversaciones con voceros de la Mara Salvatrucha. El director de Tejido Social, incluso, ofreció a un pandillero capturas de pantalla de sus conversaciones con el mandatario.
Sancionados en Norteamérica
Marroquín, admitió que condujo un proceso de negociación durante “casi dos años y medio” y que sacó del país a un pandillero a quien llamó “el Viejo”. Dicho sujeto fue identificado como Crook de Hollywood, uno de los líderes nacionales de la Mara, con procesos judiciales vigentes en El Salvador y una solicitud de extradición de Estados Unidos.
Investigaciones de El Faro probaron, a través de documentos oficiales de la Corte Suprema de Justicia y de un juez especializado en crimen organizado, que Crook fue liberado, pese a tener procesos judiciales pendientes en El Salvador.
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Gracias a otra investigación, el Gobierno estadounidense logró constatar en diciembre del 2021 que Marroquín y Luna trataban con los altos mandos de la MS-13 y del Barrio-18. Por lo que, desde finales del año anterior ambos están en “la lista negra” de Joe Biden.
La sanción para los funcionarios, aplicada bajo la Ley Global Magnitsky del 2017, supuso un congelamiento de cualquier activo que los involucrados puedan tener en Estados Unidos, así como el impedimento para efectuar transacciones mediante el sistema financiero estadounidense.
En esa ocasión, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aseguró que el país continuaría utilizando “todas las herramientas disponibles para romper los vínculos entre la actividad delictiva y la corrupción”.
“El crimen organizado respaldado por actores corruptos puede desestabilizar el Estado de derecho, erosionar la confianza en las instituciones públicas y debilitar la gobernabilidad democrática”, afirmó Blinken.
De acuerdo con Estados Unidos, los jefes de las pandillas acordaron apoyar al partido de Bukele, Nuevas Ideas, en las elecciones legislativas del 2021, en las que el oficialismo triunfó. Por el apoyo las bandas fueron recompensadas, presuntamente, con asignaciones financieras y privilegios para sus jefes presos, como celulares y prostitutas.
Luna también fue señalado de revender productos básicos comprados por el Gobierno, destinados a ayudar a los más afectados por la pandemia de covid-19. Asimismo, de idear un plan para malversar millones de dólares del sistema penitenciario de El Salvador.
Washington aseguró, en la misma línea, que los fraudes de Luna fueron apoyados por su madre, Alma Yanira Meza Olivares, por lo cual ella también fue sancionada.
Por su parte y como era de suponer, desde El Salvador, Bukele rechazó las acusaciones hacia los funcionarios públicos. “¿Celulares y prostitutas en las cárceles? ¿Dinero a las pandillas? ¿Cuándo pasó eso? ¿No revisaron ni la fecha? ¿Cómo pueden poner una mentira tan obvia sin que nadie se las cuestione? Hay videos sí, pero de sus amigos haciendo eso. No nosotros. Ya ni disimulan”, tuiteó.
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¿Por qué al Gobierno salvadoreño no le conviene admitir los pactos?
En el poder desde el 2019, Bukele se caracteriza por poner “la mano firme” frente a los pandilleros y al crimen organizado de su país, por lo que admitir que en algún momento mantuvo “tratos” con los pandilleros no iría de acorde a la imagen que busca proyectar entre sus simpatizantes y que es clave para una eventual reelección.
Incluso, para mantener esta “mano firme” en su “guerra contra las pandillas” estableció medidas cuestionadas por observadores de los derechos humanos y amenazó con dejar morir de hambre a los pandilleros encarcelados si en las calles los grupos comienzan a “vengarse” por el régimen de excepción.
El régimen de excepción fue establecido gracias al artículo 29 de la Constitución del país, que permite declararlo en caso de “guerra, invasión de territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia y otras calamidades generales, o graves perturbaciones del orden público”.
Entretanto, los pandilleros pueden ser arrestados sin ser informados y se amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa. Asimismo, permite a las autoridades intervenir en los celulares de quienes considere sospechosos.
Desde que se inició el régimen, más 30.000 pandilleros fueron detenidos y los homicidios por día disminuyeron a cero, según la Policía Nacional de El Salvador (PNC). Actualmente el país trabaja en construir nuevos centros penitenciarios.
