Ricardo Flores/La Prensa Gráfica/GDA. 5 septiembre
Pandilleros reclusos en la prisión de Izalco, al noroeste de San Salvador, durante un operativo de seguridad en medio de la pandemia de coronavirus, luego de que el presidente Nayib Bukele decretó una emergencia máxima en todos los centros penitenciarios. Foto: AFP
Pandilleros reclusos en la prisión de Izalco, al noroeste de San Salvador, durante un operativo de seguridad en medio de la pandemia de coronavirus, luego de que el presidente Nayib Bukele decretó una emergencia máxima en todos los centros penitenciarios. Foto: AFP

San Salvador. El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, anunció el viernes que investigará las negociaciones entre el gobierno de Nayib Bukele y la Mara Salvatrucha (MS-13) para reducir homicidios y favores electorales a cambio de privilegios, según lo estableció el periódico digital El Faro.

“Si nosotros descubrimos legalmente, y tras las investigaciones que haga la Fiscalía, que hay personas que están aprovechando para negociar con pandilleros, los vamos a procesar, no importa quién sea”, dijo Melara ayer en una breve intervención televisiva.

Sin embargo, el fiscal general tildó de “rumores” la publicación del medio digital, que logró documentar con los libros de novedades y reportes de inteligencia penitenciaria que desde hace un año han existido reuniones entre funcionarios del Ejecutivo con jefes de pandillas recluidos en algunos centros penitenciarios.

“Hay políticos y expolíticos procesados por negociaciones con pandillas. Han surgido rumores que se está dando nuevamente esta situación y vamos a investigar, nadie puede aprovecharse de la institucionalidad para negociar con terroristas”, reiteró Melara.

De acuerdo con la publicación periodística, el gobierno de Bukele ha mantenido negociaciones con la pandilla MS-13 desde que llegó al poder en junio del 2019. Los documentos señalan ingresos irregulares del director de Centro Penales, Osiris Luna, a dos cárceles de máxima seguridad acompañado de encapuchados sin identificar, para sostener reuniones con cabecillas de la pandilla.

El Faro documentó unas 14 de esas reuniones; el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, habría participado en algunas de ellas.

Marroquín ha sido señalado de haber sostenido un encuentro con pandilleros en el 2015, cuando Bukele era alcalde San Salvador. El actual ministro de Gobernación y candidato a alcalde capitalino por Nuevas Ideas, Mario Durán, también fue fotografiado en ese encuentro.

Por esas reuniones, en el 2019 un juez recomendó a la Fiscalía incluir a Marroquín y Durán en una investigación sobre negociaciones de políticos con pandillas.

De acuerdo con la investigación periodística basada en documentos oficiales, uno de los beneficios que el Gobierno ha cedido a los pandilleros es permitir la venta de comida rápida en las prisiones y trasladar a algunos custodios que los pandilleros consideraban “agresivos”.

Además, dio marcha atrás a la medida de mezclar a miembros de pandillas rivales en las celdas, una de las medidas más reivindicadas por el gobierno este año.

El acuerdo, según El Faro, también contendría una promesa de los funcionarios a los pandilleros: “Reblandecer el régimen de máxima seguridad, derogar leyes y dar a los pandilleros beneficios en caso de que el gobierno logre control del Legislativo” tras las elecciones del 2021.

Bukele lo niega

Desde la noche del jueves, Bukele negó las negociaciones. El mandatario publicó una serie de tuits en los que se desligó de la situación: “Por qué no hay vídeos, fotos, audios, investigaciones formales, juicios, requerimientos fiscales, ni nada, de la supuesta tregua?”, publicó.

“¿Nos acusan de violar derechos humanos de los terroristas y ahora dicen que les damos privilegios?”, agregó y pidió pruebas de “uno solo” de los privilegios recibidos por los pandilleros.

El director de Centros Penales también reaccionó a la publicación. Osiris Luna dijo que se trata de una noticia “tendenciosa” que “quiere llegar a hacer politiquería para desvirtuar un Plan Control Territorial que se ha hecho con todas las de la ley y con todas las fuerzas vivas del país”.

Luego organizó una visita guiada a un grupo de periodistas para que pudieran “constatar” que el gobierno no ha dado beneficios a los pandilleros recluidos.

Mientras tanto, Carlos Marroquín no se enfocó en la veracidad de los documentos que sustentan la nota sino que los atribuyó a funcionarios que quedaron de la administración anterior. “La nota es muy tediosa, ni la leí”, señaló.

Según datos oficiales, entre el 1.° de enero y el 2 de setiembre hubo 829 homicidios, una reducción del 56 % en relación al mismo periodo del año pasado.

En el 2012, el Gobierno del expresidente Mauricio Funes negoció con los cabecillas de la MS-13 y las dos facciones del Barrio 18 una reducción drástica de los homicidios a cambio de beneficios carcelarios. Por ese pacto, hay exfuncionarios procesados en los tribunales.