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San Salvador. El presidente Nayib Bukele autorizó el domingo a los efectivos policiales y militares recurrir a la fuerza letal para intentar contener el acelerado aumento de la violencia criminal de las pandillas con un alza de los homicidios.
“El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños”, tuiteó el gobernante salvadoreño, al dar luz verde a los cuerpos estatales de seguridad a usar más fuerza contra los pandilleros y adelantó que su gobierno se encargará de la defensa legal de los efectivos de seguridad que sean “injustamente acusados”.
En un repunte de la violencia entre viernes y domingo, las pandillas han provocado la muerte de 50 personas en diferentes puntos del país, por lo que la Policía y el Ejército intensificaron la vigilancia, en momentos que el país permanece en una cuarentena domiciliar obligatoria para contener la covid-19.
El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 26, 2020
Instamos a la oposición a que se pongan del lado de la gente honrada, y a las instituciones que controlan a dejar de proteger a quienes asesinan a nuestro pueblo.
Antes del fin de semana, el país centroamericano tenía un promedio de 2,3 homicidios diarios, uno de los más bajos de los últimos años.
En un afán de contener la escalada homicida, Bukele decretó el sábado el estado de emergencia en las cárceles donde están recluidos los integrantes de pandillas.
Además, las autoridades combinaron en las celdas a los integrantes de pandillas rivales, un hecho que no ocurría desde el 2002, cuando se les separó para evitar muertes masivas en las cárceles.
“Vamos a hacer que los pandilleros que cometieron esos homicidios, se arrepientan toda su vida de haber tomado esa decisión”, afirmó el mandatario, quien llegó al poder en junio del 2019.
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“[Las maras aprovechan] que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia. Tendremos que mover recursos para combatirlos”, añadió.
Las pandillas rivales Barrio 18 y Mara Salvatrucha, con unos 70.000 miembros, siembran el terror en comunidades bajo su control, y se dedican al sicariato, el narcotráfico y la extorsión de comerciantes y transportistas.
El Salvador, con 6,6 millones de habitantes, actualmente es uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con 35,6 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2019. La mayoría de esas muertes fueron consecuencia de la actividad pandillera.
Organismos preocupados
La ola de homicidios a manos de pandilleros en El Salvador y el anuncio del gobierno genera temor entre organismos humanitarios y analistas a una escalada de violencia en el país centroamericano.
“Estamos ante un escenario muy delicado en el que la calificación [de la situación] es demasiado peligrosa y preocupante”, declaró el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Miguel Montenegro.
"Es una orden [de uso de fuerza letal] que rompe con la legalidad" y puede derivar en un "uso excesivo de la fuerza", afirmó el director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Saúl Baños.
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De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA, expresó la noche de domingo su preocupación por la emergencia en las cárceles, que pone en riesgo los derechos de los privados de libertad.
Para el analista y profesor universitario Juan Ramón Medrano el "rebrote" de los homicidios por parte de las pandillas puede tratarse de una "presión para algún tipo de negociación" con el gobierno en la búsqueda de "prebendas" o apoyo económico.
Medrano consideró que las pandillas Mara Salvatrucha y el Barrio 18 pueden estar “en crisis” económica debido a que han dejado de percibir ingresos por extorsiones por la cuarentena domiciliar obligatoria y el cierre de pequeños y medianos negocios vigentes por ahora hasta el 1.° de mayo.
"Sin duda ellos están sintiendo la crisis directa" porque sus familias "sobreviven de las extorsiones", comentó Medrano.
"Que les quede claro [a los pandilleros] que no los vamos a tolerar, los vamos a capturar y se les aplicará todo el peso de la Ley. Estos terroristas solo tienen dos vías: la cárcel o la muerte", advirtió de su lado el ministro de Seguridad y Justicia, Rogelio Rivas.
Fracaso de mano dura
Jannette Aguilar, investigadora de temas de prevención de la violencia para organismos internacionales, anticipa poco éxito a la decisión de Bukele, en el poder desde junio del año pasado.
Las estrategias de represión por encima de la prevención durante los gobiernos de 1999 a 2019 fueron un fracaso y las bandas criminales se fortalecieron, destacó Aguilar.
"Lo que han producido las respuestas de mano dura a lo largo del tiempo es un efecto contraproducente", porque las pandillas "contrario a debilitarse, se han expandido como un poder fáctico en todo el territorio nacional", estimó Aguilar.
Para la investigadora, la represión es una “respuesta mediática” que provocará “un baño de sangre” pero que al final “potenciarán” a las pandillas que en los últimos años “se han fortalecido como verdaderas autoridades” en las comunidades.
El Salvador, que pasó de 75.000 a 80.000 muertos en una guerra civil, de 1980 a 1992, entre fuerzas militares y guerrillas en un conflicto alimentado por la desigualdad socioeconómica, padeció una imparable violencia política a lo largo del siglo XX.
La violencia criminal emergió con potencia luego de la firma de la paz hace 28 años, mientras los gobiernos de turno lanzaron fallidos programas de “súper mano dura” en la posguerra para tratar de derrotar a las maras y a otros focos delincuenciales, como las redes locales del narcotráfico internacional.
