El gobierno del presidente Nayib Bukele decretó el régimen de excepción en El Salvador desde el pasado 27 de marzo, tras un pico de homicidios que fueron atribuidos a las pandillas, y lo ha extendido dos veces hasta la fecha. Desde entonces, diferentes organismos internacionales han acusado al país de cometer violaciones constantes de derechos humanos.
La organización Amnistía Internacional es una de ellas y ya ha denunciado desde su oficina en las Américas las diferentes transgresiones cometidas por el Estado en El Salvador. En su más reciente investigación, el organismo puso en evidencia a las autoridades del país centroamericano, que en medio del régimen de excepción han realizado miles de detenciones arbitrarias y torturas a las población carcelaria.
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En entrevista con La Nación, Pilar Sanmartin, investigadora de Amnistía Internacional, hizo un repaso de la actual crisis de derechos humanos que vive El Salvador, desde que se instauró la medida constitucional para controlar a las pandillas el pasado 27 de marzo.
-- Recientemente Amnistía Internacional divulgó una investigación sobre el régimen de excepción El Salvador, donde denunciaron violaciones masivas de DDHH ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que llegaron?
- Las principales conclusiones es que en El Salvador se está implementando una política desde el más alto nivel de los tres poderes del Estado, que se está justificando como una política de castigo en contra de las pandillas, pero que más bien lo que está significando es una violación generalizada de derechos humanos.
Es decir, lo que hemos visto es que en menos de dos meses, más de 36.000 personas han sido detenidas y procesadas penalmente, la mayoría de ellas de forma arbitraria. Esto es muy preocupante porque estamos hablando de miles de personas cuya detención y procesamiento ha sido ilegal. Además, sabemos que hay más de 23 personas fallecidas bajo la tutela del Estado, mientras se llevaba a cabo la detención o en condiciones de encarcelamiento.
Esto es gravísimo, porque lo que demuestra es que las condiciones de hacinamiento, de salubridad e inseguridad al interior de los penales es total. En tercer lugar, en toda esta crisis el discurso del gobierno y del aparato legislativo en contra de las personas que defienden los derechos humanos, estigmatizando el periodismo y atacando a las personas que están reportando respecto al tema de pandillas, es tenaz.
-- Sobre el tema de las detenciones arbitrarias, muchas de ellas han estado basadas en estigmas sociales, como tener tatuajes por ejemplo ¿A qué puede responder esta conducta y qué tanto puede afectar la percepción que tiene la población de las personas encarceladas el exponerlas constantemente en redes sociales como lo hace el presidente Bukele?
- La mayoría de estas personas que están siendo detenidas e injustamente procesadas, sin que se cumplan las garantías judiciales, vienen en su mayoría de población históricamente marginalizada por el Estado. Es decir, lejos de castigar las pandillas, se está castigando la pobreza, es criminalizar la pobreza, es sancionar a aquellas personas que ya históricamente han sido olvidadas por el Estado, que además ya han sufrido la violencia de las pandillas y ahora de nuevo les están golpeando con esta nueva política.
Respecto al tema de la percepción social, es verdad que hay un apoyo ciudadano muy importante a esta política del presidente Nayib Bukele y de todo lo que son las autoridades salvadoreñas. Precisamente porque las personas tienen esta sensación de seguridad, de que la violencia de las pandillas estos días prácticamente no se está viendo. Esto es real, es verdad que los índices de homicidios han bajado, pero lo preocupante es que este fenómeno de las pandillas es terrible, es doloroso y ha generado muchísimo sufrimiento a lo largo de los años.
-- Como usted menciona, la popularidad de Bukele es alta, ¿Cómo hacerle ver a los salvadoreños que los detenidos también tienen derechos que deben ser respetados?
- Es un tema complejo de posicionar, sobre todo cuando tenemos un país víctima de tantos años de violencia tan fuerte. Lo que nosotros siempre decimos desde Amnistía Internacional es que estos estándares que tienen los estados de respetar los derechos humanos, son producto de un consenso internacional.
Precisamente porque históricamente los Estados cometieron abusos contra sus ciudadanos y necesitamos evitar que esos abusos se vuelvan a repetir. Es decir, la humanidad ha aprendido a lo largo de la historia y a través de muchos tropiezos, que hay ciertos derechos mínimos básicos que el Estado debe garantizar.
Me gustaría hacer un apunte que creo que es muy importante. Dentro de todas estas miles de personas que están siendo detenidas, las razones de la detención es haber tenido antecedentes penales de cualquier tipo, ni siquiera de pertenencia a pandillas. Estoy hablando de un robo, un delito de lesiones, tener un tatuaje, o un vecino con el que se llevan mal y que llaman la policía y, con base en una acusación anónima, los detienen. Es un nivel de arbitrariedad enorme.
-- Existe como una percepción en El Salvador de que la mano dura puede llegar a resolver este tipo de problemas, pero hay muchos ejemplos en los que más bien sucede lo contrario ¿Cómo valoran ustedes estas políticas?
- El tema de las pandillas data de hace décadas en El Salvador. Es un problema que se concentra en las zonas marginales más pobres y donde muchas personas expertas ya han referido que lo que se necesita es una política integral, de oportunidades laborales, educativas y de salud, que permitan a la gente de esas zonas salir de la marginación y la pobreza.
Se necesitan también políticas de rehabilitación, que reinserten a las personas que han cometido delitos y que están dispuestas a reintegrarse en la sociedad como un ciudadano o ciudadana más. Lamentablemente, hay una polarización total. No vemos una respuesta del Estado que responda también a este tipo de procesos de rehabilitación, tener en este momento prácticamente al 2% de la población en la cárcel no va a solucionar el problema, sino que lo va a retrasar.
-- ¿Cómo toman ustedes el constante desprestigio del presidente Bukele a los organismos internacionales que se encargan de denunciar las constantes violaciones de DDHH en el país?
- Vemos este discurso desde el más alto nivel de una forma preocupante por dos cosas. La primera, porque pone en riesgo a las personas que defienden los derechos humanos en el país, así como a los periodistas y las periodistas que están haciendo un trabajo increíble. De alguna manera está logrando que estas personas se auto censuren y limiten el alcance de sus investigaciones.
Ya sabemos de varias personas que han tenido que dejar el país por ataques en redes sociales, ataques directos de los mismos funcionarios. El mismo presidente Nayib Bukele, desde su cuenta de Twitter, llamó basura a un periodista especializado en pandillas a raíz de una entrevista en el que él opinaba del fenómeno. Esto es gravísimo.
Si desde el más alto nivel se realizan este tipo de ataques, que otro tipo de ataques se pueden esperar de seguidores o de personas que de alguna manera tienen la misma opinión que el presidente. En segundo lugar, me parece muy peligroso, porque cualquier Estado de derecho necesita de la información, necesita del trabajo del periodismo, necesita de esta labor de presionar al poder, de criticarlo.