Nayib Bukele: ‘Pandillas están tratando de evolucionar hacia una guerrilla’

Tras el asesinato de 87 personas en el país, entre el 25 y el 27 de marzo, el Congreso, controlado por aliados del Gobierno y por solicitud de Bukele, decretó un estado de excepción que fue prorrogado y en cuyo marco el Gobierno mantiene la ofensiva contra las pandillas.

La “guerra” de Bukele puso a miles de soldados a patrullar las calles y llevó a la cárcel sin orden judicial a más de 39.000 presuntos integrantes de las “maras” hasta la fecha, que se suman a otros 16.000 que ya estaban en prisión.

Según el mandatario, a las pandillas ya “les es imposible enfrentar” a los agentes policiales y a los soldados del Ejército en las zonas urbanas, por ello montan campamentos clandestinos en zonas boscosas o montañas de difícil acceso.

Pero el gobernante fue más allá e indicó, sin mencionar nombres, que esa “evolución” de las pandillas tendría lugar “bajo el auspicio de organismos internacionales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de la oposición” que, según él, “les dan cobertura legal, mediática, política y financiera”.

“Pero no lo vamos a permitir”, sentenció el presidente salvadoreño, tras afirmar que se están “desarticulando de 3 a 4 campamentos diarios” en zonas rurales, donde se encuentra “armamento, droga, dinero, equipo de comunicación, documentos de extorsión y por supuesto pandilleros”.

La declaración del presidente llegó el mismo día en que miembros de la Fuerza Armada y la Policía desarticularon un campamento de pandilleros en una zona boscosa rural del poblado de San Isidro, en el departamento de Cabañas, 74 kilómetros al este de San Salvador.

En ese lugar las autoridades decomisaron varios fusiles de asalto, escopetas, pistolas, munición, drogas y dinero. “No vamos a permitir que estos grupos criminales muten a otra forma criminal para seguir causando daño a nuestra población honrada”, agregó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

Asimismo, en sus redes sociales, el mandatario —acusado en numerosas ocasiones por organizaciones internacionales de “violar los derechos humanos” de los pandilleros detenidos— aseguró que las autoridades interceptaron más de 100 campamentos en las últimas semanas.

¿De pandillas a partidos políticos?

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Luego de indicar que las pandillas intentan evolucionar a una guerrilla, el mandatario aseguró que el objetivo principal de los maras era transformarse en un partido político, en un plan con el que “la OEA [Organización de Estados Americanos] estuvo de acuerdo”.

Además, acusó al periodista salvadoreño, Paolo Lüers, de convencer del plan al partido conservador Alianza Republicana Nacional (Arena) y a Raúl Mijango —antiguo guerrillero condenado en el 2018 a 13 años de cárcel por extorsión— de proponer el mismo plan al gobierno de Mauricio Funes (2009—2014) y a su partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que lo habrían “aceptado”.

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El mandatario aseguró que esa fue la razón por la que estos pandilleros recibieron armas y entrenamiento militar en los polígonos de retiro mientras se consolidaba la propuesta.

“Documentos de inteligencia muestran todo el plan, con el fin de llevar a una segunda falsa negociación de paz y convertir a las pandillas en partido político, repartiendo el poder en 3″, aseveró Bukele. Sin embargo, el mandatario no presentó ninguna prueba de las acusaciones.

“Por eso pedimos vehículos y equipo para guerra rural desde 2019 (aunque los fondos fueron aprobados hasta que llegó esta Asamblea en 2021)”, justificó el mandatario al adjuntar imágenes de varios vehículos de combate que ingresaron al territorio nacional.

Expulsión del FMLN

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Cabe destacar que Bukele fue parte del FMLN y con ese partido encabezó las alcaldías de Nuevo Cuscatlán y de la capital San Salvador. En el 2017 el partido lo expulsó por “violar los principios del partido y los estatutos internos”.

El Tribunal de Ética del FMLN aseguró en ese entonces que Bukele realizó “actos difamatorios en contra del partido”. Además, fue acusado de “irrespeto al derechos de las mujeres y comentarios descalificadores contra dirigentes del partido”.

Descontento con la OEA

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El descontento del mandatario con el organismo con sede en Washington es mayor de lo que parece, de hecho, el jueves, antes de lanzar las acusaciones, el presidente salvadoreño manifestó que la OEA “ya no tiene ninguna razón de ser”.

El 3 de junio del 2021, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, procesado penalmente en El Salvador, sería su nuevo asesor.

Este anuncio, ocasionó una reacción casi inmediata de Bukele y poco después el mandatario anunció la ruptura del acuerdo con la OEA que daba vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) “porque es un despropósito completo que estemos tratando de combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador”.

Seguidamente aseguró que buscaría otra organización para formar una nueva comisión. “Viendo toda la basura y toda la podredumbre que hay detrás de estás instituciones (internacionales) va a ser difícil, pero lo vamos a lograr”. “Ya no se puede confiar en la OEA” porque, a su juicio, está “promoviendo una agenda política” y un “otorgamiento de impunidad a un criminal”, destacó.

La creación de la Cicies fue una de las principales promesas de Bukele para llegar al poder en el 2019.

Un día después del anuncio de Almagro, el 4 de junio del 2021, la Policía Nacional de El Salvador (PNC) detuvo a Muyshondt, tras una nueva orden girada por la Fiscalía General de la República “por el delito de apropiaciones indebidas de retenciones en perjuicio de la Hacienda Pública”.

Tras la detención, la oficina del secretario dijo: “Debe quedar claro que el señor Muyshondt no tuvo, no tiene y no tendrá contrato en la Organización, solamente se le ofreció un contrato honorario que nunca se firmó (...). La Secretaría General no desea que esto se utilice como excusa para la salida de la Cicies del país”.

De acuerdo con sus abogados, Muyshondt, sufre numerosos cuadros de ansiedad en la cárcel, por lo que solicitó el arresto domiciliario, pero su petición fue rechazada por el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador.

“He estado tres veces al borde de la muerte, me han sacado de emergencia del centro penitenciario y por milagro de Dios me han podido salvar la vida en un hospital privado”, manifestó Muyshondt.

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