La Contraloría General de la República publicó, la mañana de este viernes 20 de noviembre, un reporte de fiscalización en el cual señala atrasos en la ejecución de planes de control tributario para la recaudación, en el Ministerio de Hacienda.
Dentro del informe, con corte al 30 de setiembre pasado, la autoridad contralora detectó que la Dirección General de Tributación, presenta un nivel de ejecución del 53,4% en las actuaciones programadas en el Plan Integrado de Control Tributario.
En dicho plan, Tributación define acciones de control tributario, tanto preventivas como correctivas, para procurar un aumento sustancial en los niveles de cumplimiento de las obligaciones.
El plan incluye control tributario extensivo que incluye la detección de personas que tienen actividad lucrativa pero no se han inscrito (ocultos), los que no presentan la declaración (omisos) y los que presentan la declaración, pero no pagan (morosos), e intensivo que incluye fiscalizaciones para comprobar la situación tributaria de los contribuyentes.
La ejecución de dicho Plan se observa con mayor rezago en la gestión de cobro a los contribuyentes morosos (43% de lo programado), y en la cantidad de actuaciones de fiscalización (42% de lo programado), resultados que se vienen presentando con una potencial tendencia decreciente respecto a periodos anteriores, indica el estudio.
La Contraloría explica en el estudio que a partir del impacto esperado de la pandemia en la recaudación de ingresos, las Administraciones Tributarias se enfrentan también a mayores riesgos de incumplimiento tributario, ante el cambio abrupto de la situación económica que presiona a las empresas e incide en la informalidad.
Por lo tanto, se debe intensificar el monitoreo de los contribuyentes, particularmente aquellos que presentan mayor capacidad de contribuir bajo las nuevas condiciones y sobre los sectores económicos menos afectados.
Al respecto, la contracción de la economía y los efectos de la moratoria emitida por medio de la Ley de Alivio Fiscal, ocasionan una disminución importante en la recaudación en los meses de enero a setiembre 2020, en comparación con el 2019 en ingresos tributarios (incluye impuestos aduaneros), por ¢392.224 millones, principalmente en el Impuesto sobre las utilidades y en el Impuesto al Valor Agregado.
La Ley de Alivio Fiscal, aprobada en segundo debate este 19 de marzo, incluyó una moratoria de tres meses para pagar los tributos al valor agregado (IVA), sobre las utilidades, el selectivo de consumo y los aranceles por introducción de mercancía al país. De acuerdo con la Contraloría, los morosos reportados en el periodo no incluye a los que se acogieron a esta moratoria, pues estos tienen tiempo de pagar sin intereses, multas y sanciones hasta diciembre.
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La Contraloría señala, además, que la Dirección General de Tributación no cuenta con un sistema integrado de información tributaria, que permita consolidar la información obtenida de los requerimientos o convenios con otras instituciones, para verificar empresas o personas con actividad lucrativa no inscritos en la administración tributaria.
De 527 casos identificados como posibles obligados tributarios (casos ocultos) producto de un cruce de información con los patronos inscritos ante la Caja Costarricense de Seguro Social, se programó realizar 64 actuaciones (12% de los casos).
Los diputados aprobaron, el 11 de noviembre pasado, en primer debate, un préstamo de $156 millones con el Banco Mundial para digitalizar y modernizar los sistemas tributarios del Ministerio de Hacienda.
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Se consultó a la Dirección General de Tributación sobre los resultados y se espera respuesta.