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El Ministerio de Hacienda estima que los recursos que dejaría de recaudar, y por lo tanto que las empresas se ahorrarían, con el proyecto Ley de Alivio Fiscal ante el Covid-19 sería de unos ¢480.000 millones.
El plan, aprobado en segundo debate este 19 de marzo, incluye una moratoria de tres meses para pagar los tributos al valor agregado (IVA), sobre las utilidades, el selectivo de consumo y los aranceles por introducción de mercancía al país.
El pago lo pueden realizar los contribuyentes a más tardar el 31 de diciembre de 2020; o bien, realizar un arreglo de pago con la administración tributaria sin intereses, ni multas, en las condiciones que determine la administración tributaria en el reglamento.
Hacienda explicó que ese es un estimado, con base en la recaudación, pero por la situación de emergencia, y por la naturaleza misma de la economía, estimar un dato fijo resulta imposible. Lo que el Ministerio de Hacienda tiene claro es que dada la desaceleración de la economía el monto de ingresos podría ser mucho menor.
El economista Dennis Meléndez, criticó el plan por considerar que el principal problema de las empresas no es el flujo de caja que permite este plan, sino la caída en la demanda.
A esta medidas se une también el pedido del Gobierno a los bancos estatales y el Popular de ofrecer facilidades a los deudores para renegociar los créditos.
¿Cómo se financiará el Gobierno en esos meses?
El Ministerio de Hacienda asegura que cuenta con reservas de liquidez, liquidez disponible dentro de caja única, empréstitos de organismos internacionales, y operaciones de captación regular en el mercado nacional, para financiar los gastos en esos meses dada la baja que registrarán los ingresos.
Los empréstitos requieren aprobación del Congreso.
Hacienda había explicado, el 21 de febrero pasado, que requería para el primer semestre del 2020 requiere captar, en el mercado interno, ¢1,5 billones para financiar sus gastos.
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En créditos externos, para el 2020, se espera tener financiamiento por $1.430 millones con aportes del BID y la Agencia Francesa del Desarrollo; Corporación Andina de Fomento y Banco Mundial.
Meléndez mostró preocupación pues con la medida de alivio fiscal y la posibilidad de levantar la regla fiscal, dada la declaratoria de estado de emergencia, el déficit fiscal de este año podría ser mucho mayor al 7% de la producción que concluyó el año pasado.
“Costa Rica no va a tener recursos suficientes para el gasto público de los próximos meses. Necesita urgentemente ordenar la casa pues, por una parte, está haciendo todo el ajuste por el lado de los ingresos y más bien, aumentando el gasto por el coronavirus”, señaló Meléndez.
“Necesitamos diseñar un programa de ajuste coherente para lo cual vamos a requerir recursos. Ya muchos países han recurrido al FMI (Fondo Monetario Interncional) para reservar recursos pues la crisis mundial que se viene no es jugando”, añadió el economista.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, había explicado que para levantar la regla fiscal se requiere tanto la declaratoria de emergencia como que la Comisión Nacional de Emergencias presente un estimado para atender la emergencia y que sea mayor al 0,3% de la producción.
Además, señaló Chaves, la regla solo se levantaría para los montos destinados para atender la emergencia.
Se consultó a Hacienda si hay posibilidad de hacer recortes de gasto en otras áreas para compensar los gastos de la emergencia a lo cual respondió que contemplan todas las opciones.
“El Ministerio de Hacienda contempla todas las opciones. Ante el carácter inédito de esta coyuntura de emergencia, no existen elementos para predecir certeramente los ingresos ni los gastos, razón por la cual el equipo de Hacienda se mantiene monitoreando constantemente la evolución de la economía”, indicó.
