La agencia calificadora de riesgo Moody’s advirtió a los inversionistas extranjeros de las dificultades políticas que tiene el próximo gobierno de Costa Rica para lograr un acuerdo fiscal, en un reporte en el cual respondió preguntas frecuentes sobre las próximas elecciones y los desafíos de crédito para la futura administración.
La agencia explicó que el país tendrá, el próximo 4 de febrero, elecciones parlamentarias y presidenciales, y que la futura administración heredará un sistema de déficits altos y recurrentes que han elevado la deuda pública del Gobierno Central, de 28% de la producción, en el 2010, al 50%, en el 2017.
La calificadora detecta una alta probabilidad de que Costa Rica vaya a una segunda ronda electoral y que la Asamblea Legislativa tenga mayor fragmentación, lo cual dificulta la aprobación de una reforma fiscal. Otra de las dificultades surge de la posibilidad de que solo un diputado frene la reforma.
Además, explica que el crecimiento económico del país ha amortiguado la situación y permitido cierto grado de complacencia de las autoridades nacionales para controlar los déficits fiscales.
Según la agencia, el deterioro fiscal de Costa Rica lo están alejando de los países que tienen una calificación similar (los Ba2).
LEA MÁS: Moody's degrada la calificación de riesgo de Costa Rica debido a alta deuda pública
“En el 2018, esperamos que la deuda supere el 50% del PIB, que es ligeramente superior a la mediana de los países Ba, del 47%. Para otras métricas de deuda, la posición se ve mucho peor que sus pares de clasificación. Pronosticamos una relación de deuda a ingresos de Costa Rica de alrededor del 339% en el 2018, que es significativamente más alta que la mediana Ba de 213%”, señala la agencia.
Moody’s resaltó que, a diferencia de otros pares latinoamericanos con calificación Ba, los desafíos de Costa Rica son, en gran parte, nacionales.
La agencia mantiene una perspectiva negativa para la calificación de Costa Rica, lo cual refleja la opinión de que la falta de consenso político para adoptar medidas que reducen el déficit fiscal podría generar una presión adicional sobre las razones de la deuda pública y erosionar la fortaleza fiscal.
“En ausencia de compromiso político para controlar los déficits presupuestarios, Costa Rica se colocará en una ruta fiscal insostenible”, advierte la agencia.
No obstante, añade que una administración fuerte, que forme las alianzas políticas necesarias, podría establecer las finanzas públicas de Costa Rica en una camino sostenible.