Los seis partidos políticos que integran la actual Asamblea Legislativa gastaron, en conjunto, ¢4.223 millones en el pago de remuneraciones a simpatizantes y colaboradores que trabajaron durante la pasada campaña electoral.
Ese desembolso en salarios, honorarios y servicios especiales representa una tercera parte de los ¢13.283 millones que esas agrupaciones aseguran que gastaron para los comicios, y que ahora le cobran al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que ese dinero sea reembolsado con fondos públicos, de acuerdo con la ley electoral.
Los gastos en remuneraciones casi equiparan al hecho en propaganda y publicidad (¢4.578 millones), el cual históricamente consume el mayor porcentaje del financiamiento estatal a la campaña, conocido como deuda política.
Los partidos Liberación Nacional (PLN) y Nueva República (NR) fueron los que más pagaron en remuneraciones. Entre ambos concentraron el 70% (¢3.078 millones) de todo el gasto, mientras que Progreso Social Democrático (PPSD) y Frente Amplio (FA) fueron los que menos gastaron en sueldos y honorarios.
Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberal Progresista (PLP) fueron las otras dos agrupaciones que, por haber obtenido representación en el Congreso, también pueden acceder a la contribución estatal que, para este proceso electoral, ascendió a un total de ¢19.791 millones.
A esos seis grupos, se deben sumar los provinciales Unión Guanacasteca y Recuperando Valores (de Limón), los cuales, si bien no obtuvieron ninguna curul en la Asamblea Legislativa, el número de votos que recibieron el 6 de febrero superó el umbral mínimo y, por lo tanto, pueden optar por una tajada de la deuda política.
En total, esas ocho agrupaciones le cobraron al Estado gastos por ¢13.378 millones. El monto creció en un 7% con respecto a hace cuatro años, cuando siete partidos reclamaron al TSE casi ¢12.500 millones.
Rubro por rubro
El rubro en el que más gastaron los partidos –como ya se indicó anteriormente–, fue en publicidad y propaganda, con facturas que suman ¢4.578 millones, seguido del pago de salarios y honorarios. La Nación incluyó en esa segunda categoría el pago de sueldos, cargas sociales, gastos de representación, honorarios profesionales y servicios especiales, luego de analizar las liquidaciones presentadas por las agrupaciones.
En grupos aparte, se sumaron los pagos relacionados a actividades partidarias; alquiler de locales y gastos de oficina; gastos financieros por préstamos y administración de fideicomisos; propaganda y publicidad; y transportes y gasolina.
En cuanto a salarios y honorarios, el PLN gastó ¢2.031 millones, un 40% de los ¢4.902 millones que liquidó. La suma casi equipara el gasto en dicho rubro que hicieron, en conjunto, los otros cinco partidos políticos de escala nacional e, incluso, supera en más de ¢500 millones la inversión verdiblanca en propaganda (¢1.465 millones).
Por ejemplo, la planilla del “personal de campaña” en una quincena llegó a costar ¢24,6 millones y la de la sede partidaria, el Balcón Verde, ¢6,5 millones, sin incluir cargas sociales. Y en conjunto, a lo largo de los siete meses de campaña, del 6 de octubre del 2021 al 13 de mayo del 2022, los verdiblancos desembolsaron ¢335 millones solo en sueldos.
Por citar algunos otros casos, aparecen pagos por servicios profesionales para la “creación y grabación de música para jingles” por ¢3,3 millones; diseños publicitarios por ¢2,2 millones; y servicios de call center por ¢16,6 millones.
Paulina Ramírez, tesorera del PLN y actual diputada, reconoció que en esta ocasión se incrementó el pago de honorarios profesionales, pero que esto se debía a que hubo menos personal en planilla –como encargados territoriales y choferes– que en otras ocasiones. Ramírez, no obstante, aseguró que ella no tuvo participación en el planeamiento sobre cómo se invertirían los recursos de la campaña, pues esas decisiones las habrían tomado las jefaturas de campaña.
Nueva República fue la otra agrupación que hizo del pago de remuneraciones su principal gasto de campaña, con ¢1.047 millones, equivalentes al 40% de su liquidación de ¢2.638 millones en total. La agrupación, que llegó al Congreso por primera vez en estos comicios, también dedicó más recursos a este rubro que a publicidad, en la que invirtió ¢759 millones.
En el caso de esta agrupación, en la partida de honorarios profesionales tiene múltiples facturas millonarias a nombre de la firma Opinión Política C y C, la sociedad de responsabilidad limitada con que opera la encuestadora Opol.
Al tiempo que hay facturas a nombre de personas físicas por más de ¢7 millones y otras decenas, menos cuantiosas, por servicios especiales “para la gestión política”.
César Zúñiga, tesorero del PNR, afirmó que la mayor parte del presupuesto del partido se dedicó a cancelar salarios y honorarios, porque “la mayoría de los servicios esenciales que los partidos usan en las campañas constituyen en sí mismos servicios profesionales”. Al igual que el PLN, el vocero explicó que un mínimo de personas indispensables se encargó del trabajo operativo diario, en planilla, y las demás contrataciones se encargaron a proveedores externos.
“Podemos indicar que la estructura de contrataciones bajo el modelo de honorarios se basó, fundamentalmente, en el manejo territorial y de relaciones públicas”, declaró Zúñiga.
Los otros cuatro partidos representados en la Asamblea Legislativa gastaron, en conjunto, ¢1.145 millones en remuneraciones: ¢491 millones el PUSC, ¢292 millones el PLP, ¢191 millones el FA y ¢171 millones el PPSD. Enfocaron sus recursos, principalmente, en el pago de facturas de publicidad y propaganda.
Por ejemplo, el ahora gobernante partido Progreso Social Democrático liquidó gastos por ¢2.075 millones y de ese monto, 43% (¢893,5 millones) lo destinó a pagar anuncios en radio y televisión, vallas en vías públicas, perifoneo e impresión de volantes y folletos.
El Liberal Progresista por su parte, destinó a propaganda el 52% de sus recursos, es decir, ¢456 millones; mientras que el Frente Amplio el 42% (¢260 millones) y el PUSC el 34% (¢745 millones).
El PLP y el FA, los más austeros
El Partido Liberal Progresista y el Frente Amplio fueron los más austeros de la campaña, pues reportaron gastos por menos de ¢1.000 millones cada uno y, solicitaron que se les reintegre menos del 50% del monto máximo de la deuda política al cual pueden acceder.
Por la cantidad de votos ganados el 6 de febrero, el PLP obtuvo derecho a cobrar hasta ¢2.221 millones, pero solo presentó facturas por un 39% de ese monto (¢873 millones). Por su parte, el FA podía reclamar hasta ¢1.470 millones, pero solo cobró ¢624 millones, un 42%.
En el otro extremo, Nueva República es el partido con la expectativa de cobro más alta, pues presentó facturas por ¢2.638 millones, un 15% más del monto máximo al que tiene posibilidad de acceder. Pero incluso si el TSE valida todos esos gastos, lo más que le girará a la agrupación son los ¢2.296 millones que le corresponden.
En posiciones intermedias están el PLN, el PUSC y el PPSD, los cuales piden que se les reconozca el 98,6%, 91% y 66,7% de la suma a la que tienen derecho, respectivamente.
Para las pasadas elecciones, el TSE tenía previstos ¢19.791 millones —el equivalente al 0,08% del producto interno bruto (PIB) del 2020—, que se distribuirán entre los ocho partidos que obtuvieron suficientes votos para optar por un porcentaje de esa contribución estatal.
No obstante, por ley, las agrupaciones deben reservar una fracción del dinero para sufragar sus gastos de capacitación y organización durante los periodos no electorales. Dichos fondos quedan en custodia en el Tribunal, que los girará trimestralmente conforme las agrupaciones los vayan consumiendo, luego de hacer una comprobación aleatoria de las facturas.
Para los seis partidos que llegaron al Congreso –los cuales recibirán más del 99% de la deuda política–, la reserva asciende a ¢3.234 millones, por lo que para el reembolso de gastos electorales quedaron disponibles ¢16.451 millones y solo liquidaron ¢13.283 millones, es decir, el 81%.
Cada agrupación accederá a la totalidad del dinero o solo a un porcentaje, según la cantidad de gastos que logre justificar al TSE por medio de comprobantes de pago y contratos.