Luis Alonso Naranjo denuncia ante Fiscalía a Carlos Avendaño y cúpula de Restauración por estafa y uso de su propiedad intelectual

El cantante Luis Alonso Naranjo denunció, la mañana de este martes, ante la Fiscalía General, a la cúpula del partido Restauración Nacional (PRN) por los aparentes delitos de estafa y difusión no autorizada de su propiedad intelectual.

En específico, el también productor pidió investigar al diputado y presidente de la agrupación, Carlos Avendaño, bajo el alegato de que el PRN habría utilizado, sin su consentimiento, 125 videos y varias producciones musicales suyas, durante la campaña presidencial de Fabricio Alvarado.

Bajo esa línea de argumentación además solicitó incluir en las pesquisas al secretario general, Miguel Ángel Quesada Niño; a la tesorera, Jessica Sequeira Muñoz; al vicepresidente, Rodolfo Sáenz Salas; a la subsecretaría general, María Odilia Calvo Bolaños; el subtesorero, Luis Diego Garro Sánchez; y al director ejecutivo, Juan Carlos Avendaño.

Según Naranjo, él habría sido víctima de estafa, pues en todo momento se le hizo creer que estaba dentro de una relación comercial con Restauración Nacional y que su empresa Cresciendo Mercado iba a recibir su pago, una vez concluida la campaña electoral.

“Fui sostenido en el error que mi contrato pronto se firmaría, que todo estaba en orden, que mi trabajo creativo era excelente, al tiempo que mi propiedad intelectual era usada en radio y televisión, mientras fui engañado.

"Por eso incluso considero, que haciéndome ver que trabajaba para el PRN, que se recibió mi arte, que laboré de buena fe, todo ello mientras era engañado e inducido a error, me causaron perjuicio al tener que soportar los costos de la producción de 125 videos.

Además, de ver impedido el cobro por el derecho moral y el derecho patrimonial de autor, por la difusión en radio, televisión y redes sociales de todo mi trabajo, lo cual incluso hace plausible entender, que también eventualmente fui víctima del delito de estafa”, señaló Naranjo en la denuncia, de la cual La Nación tiene una copia.

Entre las pruebas aportadas por el cantante se encuentran el catálogo con los supuestos videos realizados y un monitoreo de la pauta de los audiovisuales en medios de comunicación nacionales. Además, el músico puso a disposición de las autoridades la computadora en la que afirma se editó el material de la campaña.

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También ofreció como testigos al excandidato Fabricio Alvarado, a los diputados independiente Ivonne Acuña y Jonathan Prendas, así como, al exjefe de campaña de Alvarado, Juan Carlos Campos.

En un comunicado de prensa, el PRN insistió en que nunca existió relación contractual con Naranjo.

“El señor Naranjo ha indicado que existió un uso indebido de su propiedad intelectual. No obstante, se aclara que Restauración nunca tuvo acceso ni envió material de su autoría a los medios de comunicación.

"Invitamos al señor Naranjo a que exponga ante la prensa si existe algún contrato que lo vincule a él o a su empresa con nuestra agrupación. Y, con mayor interés, le invitamos a revelar el nombre de la persona que le contrató”, dice la nota de prensa.

Detalles del caso

Por los videos y producciones musicales, Luis Alonso Naranjo cobró inicialmente ¢115,5 millones a Restauración. Eso ocurrió apenas pasada la segunda ronda del 1.° de abril.

No obstante, Carlos Avendaño se negó a pagar el monto cobrado, bajo el argumento de que nunca se firmó un contrato con Crescendo, la empresa de Naranjo, y que no se cumplió con el protocolo que establece el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para que ese gasto fuera redimido por fondos de la deuda política.

Días después, Avendaño denunció la existencia de una “estructura paralela” que habría financiado parte de los gastos de la campaña de Alvarado, fuera de los controles establecidos a lo interno del Comité Ejecutivo de Restauración y al margen de la normativa electoral.

Posteriormente, Naranjo presentó un recurso de amparo ante el TSE, en el cual acusó a Restauración Nacional de ‘robar’ su propiedad intelectual y reclamó el pago de ¢490 millones, por la violación a su propiedad intelectual. Eso ocurrió el 5 de julio.

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