Según su versión, los audiovisuales fueron producidos por su empresa Crescendo Mercadeo y se compartieron, sin su autorización previa, en las redes sociales de Fabricio Alvarado y otros personeros del PRN, al tiempo que se pautaron en radio y televisión.

“La utilización de parte de mi catálogo de propiedad intelectual, sin mi consentimiento, en los medios: Canal 7, Canal 33, Canal 11, Canal 6, Canal 9, Canal 42 y Bahía Limón, entre otros, es equivalente a que cualquier otro autor, lo copien y vendan CD’s de su música; que le clonen o fotocopien libros y los vendan, sin reconocerle sus derechos; o bien es equivalente en términos de ilicitud, a que una persona le roben y tenga que soportar el daño.

"En el caso particular, mi propiedad intelectual fue utilizada sin mi consentimiento, lo cual es ilícito y me causa un daño que no debo soportar. El uso de un catálogo ajeno de propiedad intelectual es equivalente a robar”.

Así se pronunció Naranjo en un recurso de amparo electoral que presentó ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el pasado 10 agosto, y del cual La Nación tiene copia.

En el recurso, él acusa a Restauración y al diputado Carlos Avendaño, como su presidente, de violar los artículos 1, 14 y 16 de la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos; y los apartados 52 y 54 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.

Naranjo acudió al TSE porque en apariencia Avendaño no le respondió un reclamo administrativo en el que solicitó que se le indicara quién fue la persona que autorizó el uso de sus producciones en la contienda electoral. Y a la vez, pidió el pago de los ¢490 millones, por la violación a su propiedad intelectual. Eso ocurrió el 5 de julio.

En tanto, el viernes 17 de agosto el órgano electoral resolvió el amparo. Los magistrados ordenaron al partido entregar la información solicitada en un plazo de tres días después de la notificación.

Además, remitieron el relato de los hechos a la Dirección General de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos para que allí se evalúe una eventual investigación por la presunta comisión de faltas al Código Electoral, como denunció Naranjo.

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El cantante adujo en el amparo que se utilizó su propiedad intelectual y que no se reportó como una contratación o una donación al Tribunal Electoral, lo cual contraviene la normativa, pues los partidos están obligados a consignar todos los gastos.

El lunes anterior, Carlos Avendaño respondió la orden del TSE. En el documento enviado no atendió ninguna de las solicitud de Naranjo; por el contrario, alegó que nunca recibió el reclamo administrativo y por consiguiente, no incurrió en ninguna violación a la ley.

“Él (Luis Alonso Naranjo) tiene un enredo. Mire, Restauración Nacional pagó a los medios de comunicación los tiempos, ahora, ¿cuál es el contenido? yo desconozco en este momento qué pasaron aquí, qué pasaron allá, quién era, quién lo produjo, etc, etc. Ellos tienen un problema de legalidad porque ellos tienen que demostrar todo eso donde lo pasaron, quién lo recibió, etc, etc. Yo no puedo precisar de quién era un anuncio o de quién era algo que se pasó en las redes, eso es imposible, quién es el autor. A usted le llega ahí un videito y qué se yo y le gustó y usted lo pasa, pero usted ni se imagina quién lo hizo o quién no lo hizo", dijo Avendaño ante una consulta de este medio.

Luis Alonso Naranjo estaba a la espera de esa información, y si no se llega a un acuerdo económico, para acudir al Tribunal Contencioso Administrativo, con un amparo de legalidad. En esa vía, pretende reclamar la totalidad del monto adeudado, o bien, negociar un arreglo de pago. Así lo confirmó su abogado Luis Polinaris Vargas.

Esa acción iría acorde con lo resuelto por la cúpula del TSE, la cual también concluyó que la aparente violación a la propiedad intelectual y una eventual indemnización se deben analizar en la vía administrativa, pues se estaría ante una presunta infracción a la ley de derechos de autor, normativa que está fuera de su ámbito de acción.

Restauración negó existencia de contrato

Por esos videos, canciones y demás producciones audiovisuales, Luis Alonso Naranjo, mediante su empresa Crescenco Mercadeo, en un principio cobró ¢115,5 millones a Restauración Nacional.

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Eso ocurrió apenas pasada la segunda ronda del 1.° de abril. No obstante, Carlos Avendaño se negó a pagar el monto cobrado, bajo el argumento de que nunca se firmó un contrato con Crescendo y que no se cumplió con el protocolo que establece el TSE, para que ese gasto fuera redimido por fondos de la deuda política.

Días después, Avendaño denunció la existencia de una “estructura paralela” que habría financiado parte de los gastos de la campaña de Fabricio Alvarado, fuera de los controles establecidos a lo interno del Comité Ejecutivo de Restauración y al margen de la normativa electoral.

Ante la negativa de pagar por ese servicio brindado, ahora Naranjo cuestiona que si no hubo un contrato y él no donó su trabajo, ¿cómo Restauración usó sin autorización sus producciones?

"No es transparente la situación actual en la que el señor Carlos Avendaño dice que no hubo contrato conmigo o con mi empresa, pero que sí le haya parecido muy legal, ético, moral y razonable que el Partido Restauración Nacional haya utilizado mi catálogo de propiedad intelectual, sin mi autorización, ni mucho menos mediando una compra o una donación”, agregó el cantante en el amparo electoral.

Bajo el panorama actual, él ya no está cobrando por esos servicios, sino que pide una indemnización por la violación a sus derechos de autor.

Antes de ir al TSE, Naranjo tramitó un recurso de amparo ante la Sala IV; sin embargo, los magistrados constitucionales concluyeron que era resorte electoral y que lo procedía era gestionarlo ante el TSE. Eso ocurrió el 25 de julio anterior.

El detalle del reclamo

Según la prueba documental presentada por Naranjo, Restauración Nacional habría violado su propiedad intelectual al utilizar 125 videos, en redes sociales y televisión, sin su consentimiento.

Un monitoreo realizado por la empresa Monitec, que se incluye entre las pruebas, detectó que del 1°. de febrero al 31 de mayo, Restauración Nacional realizó 130 pautas de radio y televisión con material supuestamente producido por Naranjo.

El músico también presenta, como prueba, los pagos realizados desde la cuenta de Restauración Nacional a Teletica, Repretel y Canal 42 para la divulgación de material elaborado por su empresa.

Este es el desglose completo del reclamo de Naranjo:

-76 videos cortos y Facebook lives de redes sociales valorados en $380.000 (¢218,5 millones).

-Catálogo de 38 videos empleados principalmente para compartirse vía WhatsApp, cuyo costo de producción es de $190.000 (¢109,2 millones).

-Cuatro cadenas de televisión que se transmitieron en Canal 7, Canal 33, Canal 11, Canal 6, Canal 9, Canal 42 y Bahía Limón, cuyo costo es de $120.000 (¢69 millones).

-Siete programas de televisión para transmitirse en redes sociales, valorados en $105.000 (¢60,4 millones).

-Inversión por parte de Crescendo de $20.000 (¢11,5 millones) para la elaboración de los videos.

- $12.000 (¢6,9 millones) en la producción musical y de audio de la campaña, incluyendo la composición de la canción oficial Hagámoslo Juntos, la grabación, la mezcla, masterización, edición, estudio de grabación y arreglos.

-Servicio de relaciones públicas y manejo de agenda por el plazo de dos meses $24.500 (¢14 millones).

Abogado de Naranjo: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”

Luis Polinaris Vargas, representante legal de Luis Alonso Naranjo, dijo en entrevista con La Nación que están dispuestos a llegar hasta las últimas instancias para que Restauración Nacional pague al músico. Además, explicó que la pretensión original de ¢115,5 millones se incrementó porque ya no se trata de un cobro por servicios prestados, sino de un reclamo por la violación de la propiedad intelectual de Naranjo.

-¿Por qué deciden interponer el amparo electoral?

El objetivo de esto es el reconocimiento de una deuda por un servicio prestado por el uso irregular que se da, sin autorización de Alonso, de su propiedad intelectual. Alonso brinda un servicio, se le pide un servicio, hay una generación de videos y productos que tuvo que hacer Alonso que simplemente no están reconocidos. Son horas de horas de filmación de gente dedicada, de fotografía, de edición, entonces el objetivo principal de esto es el pago.

“Nosotros estamos llevando adelante estos procesos con el objetivo de demostrar que Alonso actuó a derecho y que la negativa de él (de Avendaño) de reconocer esa propiedad intelectual, ese trabajo que realizó Alonso y el equipo de trabajo de su compañía no lo quiere reconocer, simple y sencillamente por un capricho”.

-¿Por qué se incrementó el reclamo original de ¢115 millones?

Aquí las estimaciones surgen de una valoración pericial, estimaciones periciales que se hacen llegar a Alonso y que él como titular de ese derecho podrá negociar, podrá transigir y ajustar, pero creo con base en los análisis que hemos realizado que es conservador el cobro, dada la cantidad de trabajo y la generación de todo un conocimiento. Usted le pone precio a su intelectualidad. Cada artista, cada creativo sabe cómo maneja sus creaciones, el artista tiene derecho de poner el valor de su obra.

-¿Han recibido algún tipo de acercamiento por parte de Avendaño o Restauración Nacional?

Lo que hemos tenido como respuesta de don Carlos es un hermetismo absoluto.

-¿Qué sigue y hasta dónde van a llevar el proceso?

Aquí vamos a ir hasta las últimas consecuencias, nosotros tenemos que seguir con lo que son los procesos y una vez que ya tengamos la información solicitada valoraremos las acciones y también poder decir que estamos dispuestos a conciliar, vamos a conciliar, pero tenemos que tener la información que nos permita sostener el cobro de los dineros que se le deben legítimamente a Luis Alonso y a partir de eso como titular él de sus derechos ver qué es lo que le satisface.

“Y si en última instancia no se llega a acuerdo, nos vamos a algo pericial que se emita el justo precio y si hay daños también se tendrán que reconocer, porque hay mucha gente involucrada. Por ejemplo, la cartera de clientes que se le ha afectado a Alonso por todo lo que ha salido a decir don Carlos, sin ningún fundamento. Lo dicho por don Carlos le ha afectado muchísimo a una empresa que se relaciona con compañías de mucho prestigio, que no les interesa que se les ligue con una empresa que pueda tener algún cuestionamiento y eso es daño que se tiene que valorar en su oportunidad”.

-¿Valoran, de ser necesario, llevar el caso a la vía civil o penal?

Nosotros estaríamos recurriendo a la parte civil, si es ya un aspecto de orden penal por otras consecuencias y violaciones a legislación habrá que valorarlo, de momento el objetivo primario es llegar a acuerdos, esperar que se den, lo que es la calificación de las conductas que ejecutaron ellos en el partido, eso tendrá que verlo el TSE, no nosotros.

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