Ante el TSE, en efecto, se consignó que Rodríguez fue el donador de dos vuelos que salieron desde el aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, rumbo a Costa de Pájaros, isla Chira y Jicaral, en Puntarenas, y que después retornaron a Pavas, en helicópteros de la empresa aérea Heliservicios Aerobell.

Restauración reportó que esos viajes le costaron al “empresario ganadero” $3.770 (¢2.159.000). Así se consignó en la liquidación de gastos del mes de febrero que el Partido entregó al órgano electoral.

Mientras, Rodríguez declaró que él pagó esos viajes en efectivo, con un dinero que su mamá le facilitó. En específico, citó un retiro de ¢2.158.000 que ella hizo en Coopenae R. L., por concepto de “devolución por renuncia”.

Sin embargo, el Tribunal detectó que de los $3.770, $2.130 fueron desembolsados por dos sociedades anónimas, lo cual está prohibido por el Código Electoral, e incluso es penado con cárcel.

Además, halló que los $1.640 restantes fueron depositados por un mensajero de Aerobell y no por Rodríguez, hecho que hace dudar al órgano electoral sobre el origen real de los recursos.

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Así consta en el expediente judicial 18-000106-1218-PE, que se tramita en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por una aparente infracción al Código Electoral, y es parte del informe DFPP-IE-PRN-002-2018 que el TSE entregó el pasado 31 de julio, y del cual La Nación tiene copia.

En ese relato de los hechos –que es la conclusión de una investigación–, el Tribunal denunció "la posible comisión de varios delitos sancionados por el Código Electoral” y concluyó que Paulo Rodríguez sería un “testaferro” que se usó para ocultar a los verdaderos donantes de esos viajes en helicóptero.

“Los hechos investigados hacen presumir la existencia de actos encaminados a encubrir la verdadera identidad de los gestores de varias donaciones en especie, prohibidas por el ordenamiento jurídico, realizadas a favor de Fabricio Alvarado.

“Los hallazgos permiten visualizar que este testaferro (Paulo Rodríguez Herrera) facilitó su nombre con el objetivo de encubrir el delito relacionado con la prohibición estipulada en el numeral 128 del Código Electoral, prohibición de la contribución de extranjeros y personas jurídicas”, señala dicho informe de 29 páginas.

El ganadero, según el TSE, habría incurrido en un posible delito de favorecimiento real; es decir, que habría ayudado a alguien a lograr el ocultamiento de pruebas o instrumentos del delito. Esa infracción es castigada en el Código Penal con hasta cuatro años de prisión.

El Tribunal también señala como “presuntos responsables” a los presidentes de las dos sociedades anónimas que hicieron los depósitos e, indirectamente, a la tesorera del partido, Jéssica Sequeira y al resto de miembros del Comité Ejecutivo, por recibir una donación ilegal.

Este medio intentó obtener una reacción del TSE y de la Fiscalía sobre el contenido de ese informe, pero ambas entidades declinaron referirse, aduciendo que esa información es confidencial.

Tampoco fue posible obtener una declaración de Rodríguez, pues no respondió las llamadas hechas a su teléfono celular.

El Ministerio Público solo informó de que, “de momento, no se han individualizado personas imputadas” y que, probablemente, “cuando avance la investigación podrán establecerse tanto imputados como delitos específicos”.

Dinero provino de dos sociedades anónimas

El TSE presume que el “empresario ganadero” es un testaferro, porque el 9 de abril la empresa Aerobell le informó de que los $3.770 se pagaron el 21 y 22 de febrero mediante tres desembolsos y solo uno de ellos, por $1.640, en efectivo.

Esto contradice a Rodríguez, quien había informado al Tribunal, en una declaración jurada, que el monto total había sido pagado en efectivo.

Según el órgano electoral, los otros dos giros se hicieron mediante transferencias electrónicas a la cuenta de la empresa aérea en el Banco de Costa Rica (BCR), desde dos cuentas bancarias distintas. Uno por $1.250 y el otro por $880.

Ninguna de esas dos cuentas está ligada a Paulo Rodríguez, sino a dos sociedades anónimas totalmente ajenas a él: Inversiones Goldcafé y Punta Gabriela de Dominical. De esa forma lo constató el Tribunal en una consulta al Área de Investigaciones Bancarias del BCR.

El Código Electoral prohíbe la donación de personas jurídicas a partidos políticos y sanciona a quien lo haga con penas de prisión de dos a cuatro años, al tiempo que establece multas económicas.

En este caso también se estaría infringiendo el Código Electoral en cuanto al impedimento que tienen los extranjeros de hacer aportes económicos.

Ello por cuanto “el representante judicial y extrajudicial con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma” de Punta Gabriela de Dominical S. A., es un estadounidense de 56 años, de nombre Murray Jesse Maurer II, dueño del hotel de lujo Punta Gabriela, ubicado en playa Dominical.

La normativa electoral también prohíbe las contribuciones de foráneos, con base en el artículo 19 de la Constitución Política, el cual establece que “no pueden intervenir en los asuntos políticos del país”.

Al igual que ocurre con las donaciones de personas jurídicas, los aportes económicos, en efectivo o en especie, de extranjeros, son castigados con penas de prisión, no solo para quien lo haga, sino también para el tesorero del Partido.

“Dos de las facturas por servicios aéreos, reportadas como donaciones por Paulo Rodríguez Herrera, fueron realizadas mediante transferencias bancarias de cuentas a nombre de dos personas jurídicas nacionales, situación que corroboraría la hipótesis sobre la intención de ocultar las evidencias para borrar el rastro de la donación ilegal a través de la figura del señor Paulo Rodríguez”, señaló el TSE en el relato de los hechos.

Este medio intentó localizar a Murray Jesse Maurer II; sin embargo, el administrador del Hotel Punta Gabriela, Edwin Prado, dijo que no estaba en el país y que ante su ausencia, él era el responsable del negocio.

Prado dijo desconocer si la sociedad anónima de Punta Gabriela pagó ese viaje. Aduce que es común que se hagan transferencias a Aerobell, porque Punta Gabriela le renta un helicóptero a esa compañía, coincidentemente una de las dos aeronaves en las que viajaron los personeros de Restauración.

Agregó que es poco probable que su jefe haya girado los $1.250 que dijo Aerobell que había pagado por ese viaje, porque “ellos no se meten en política”. También negó conocer a Paulo Rodríguez Herrera.

El piloto que realizó el vuelo, Nathan Carr, aseguró que quien le ordenó realizar el vuelo fue Aerobell y que nunca tuvo un contacto directo con Punta Gabriela. Sin embargo, no pudo descartar que el viaje hubiese sido pagado por esa sociedad anónima, pues con frecuencia no se le informa sobre el contratante de los vuelos que realiza.

La Nación también contactó a Jorge Luis Quirós Bolaños, presidente y representante legal y judicial de Inversiones Goldcafé; no obstante, dijo que no podía hablar en ese momento y después no volvió a atender su teléfono celular.

Sin pruebas de pago en efectivo

Otro hecho que hace dudar al TSE, de la solvencia económica del “empresario” Rodríguez, es que además de las declaraciones juradas que él aportó, no existen más pruebas que confirmen su versión.

El pago de los $1.640 en efectivo fue depositado en el BCR por uno de los mensajeros de Aerobell, de apellidos Valverde Guillén.

Además, al tiempo que donó esos $3.770 –poco más de ¢2 millones–, Rodríguez apareció dentro de la planilla de Restauración, con un salario de ¢1,5 millones, en febrero, el mismo mes que se hizo la donación.

Aunado a ello, en la liquidación final de la campaña, el PRN registró que a él se le hicieron otros tres pagos de ¢280.000 por servicios especiales, es decir, ¢840.000. Entre ambos rubros, recibió casi ¢2,4 millones.

“Existe un tercer pago hecho en efectivo (por los servicios aéreos) que fue depositado en el BCR por el mensajero enviado por la empresa Heliservicios Aerobell S. A., situación, que, amparados en los hechos detectados hasta el momento, permiten cuestionar también el verdadero origen de los fondos utilizados para este caso específico.

“(...) No existen otros elementos probatorios que permitan comprobar lo dicho por este sujeto (Paulo Rodríguez), como por ejemplo, recibos de traslados de fondos entre ambos o la compra de dólares –para el depósito en efectivo–, que permitan dar sustento a su versión de los hechos”, señala el informe del TSE.

Dinero de la mamá

El TSE le solicitó al “ganadero” Paulo Rodríguez que justificara su solvencia económica y el origen de los recursos con que pagó los dos vuelos, pues en uno de los helicópteros viajó Alvarado y en el otro, otros personeros del Partido, quienes también participaron en la gira proselitista.

Ante tal petitoria, él alegó que los desembolsos a Aerobell los hizo en efectivo y que, el dinero se lo facilitó su mamá.

Como prueba de ello, aportó un recibo de la Cooperativa Nacional de Educadores R. L. (Coopenae), donde consta que ella retiró ¢2.158.000, por concepto de “devolución por renuncia”, el 31 de enero, mes y medio antes de la donación.

Además, adjuntó una nota donde ella certifica, con su firma, que entregó el dinero a su hijo.

“Quiero mencionar que en efecto, como lo declaré en su momento al PRN, mi persona realizó una donación de transporte aéreo de Costa de Pájaros, isla Chira, Jicaral, Pavas. Pago que realicé en efectivo, gracias a un dinero del cual contaba en ese momento, ya que días antes mi madre me había facilitado, el cual tenía disposición inmediata para cualquier eventualidad y lo utilicé para dicho pago, adjunto copia del documento de retiro del dinero por parte de mi madre”, declaró Rodríguez en una nota que lleva su nombre, firma y número de cédula.