EscucharEl Congreso de Perú debatirá un proyecto de ley del presidente Pedro Castillo que castiga con hasta tres años de cárcel a quienes difundan "información reservada" sobre procesos penales, lo que encendió las alarmas de los gremios de la prensa.
El proyecto es tildado de "ley mordaza" por las agrupaciones de periodistas y de dueños de medios, que afirman que el propósito del mandatario izquierdista es impedir que se publiquen los avances de las indagaciones por supuesta corrupción que la fiscalía lleva adelante contra él y su entorno político y familiar.
En las próximas semanas, la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por la opositora fujimorista Patricia Juárez, deberá decidir si archiva el controvertido proyecto o le da el visto bueno para que pase al plenario, que en este caso daría la última palabra.
El Congreso peruano, dominado por la oposición derechista, mantiene durmiendo todos los otros proyectos (una treintena) enviados por Castillo en sus 11 meses de gobierno.
Sin embargo, las alarmas de los gremios de prensa parecen ser señal de que las bancadas de derecha están dispuestas a aportar los votos para aprobar la "ley mordaza", con el fin de silenciar también las investigaciones por supuesta corrupción contra figuras de la oposición, entre ellas Keiko Fujimori.
El jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, ha negado que se trate de una "ley mordaza" y sostiene que este proyecto busca proteger los "derechos fundamentales" de toda persona investigada por la justicia.
"No está bien que una persona por el simple hecho de haber sido denunciada, ya la fiscalía saca la información, la prensa (...). ¿Quién nos subsana después de esto?", dijo Torres, quien firmó con Castillo este controvertido proyecto enviado esta semana al Congreso.
El artículo 1 del proyecto tipifica "el delito de difusión de información reservada en la investigación penal", lo que implica reformar el artículo 409 del Código Penal peruano.
El propósito, según el texto, es "salvaguardar la información reservada a la que se tiene acceso por el cargo o función que desempeñan los operadores de justicia y las partes procesales".
Quien filtre información reservada será sancionado con uno o dos años de cárcel. Pero la pena se eleva hasta tres años si lo hace "un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente administrativo, asistente en función fiscal o miembro de la Policía".
El Consejo de la Prensa Peruana, que aglutina a las empresas propietarias de medios, expresó su rechazo tajante a este proyecto "oscurantista", pero recordó que no es el primero en el país.
"Este proyecto de ley blinda a quienes hoy están involucrados en casos de corrupción, hechos que merecen ser de conocimiento de todos los peruanos", dijo el Consejo en un comunicado.
"Implica, además, retomar una práctica fujimorista del Congreso disuelto [en 2019], donde se promovió un proyecto de ley similar, y otro intento en el actual Congreso en marzo de este año", agregó.
El abogado Roberto Pereira, asesor jurídico de la ONG Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), aseguró que "el proyecto es claramente inconstitucional".
Pereira advirtió que si bien se busca silenciar primeramente a jueces, fiscales y policías, "el periodista sí puede ser incorporado en un proceso penal como cómplice o instigador".
Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas afirmó que "de ser ley, afectaría gravemente el derecho a la información y la lucha contra la corrupción".
En una visita a Lima en mayo, el relator especial sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, indicó que la prensa peruana había denunciado restricciones para informar.
"Vemos información muy sensible, valiosa, sobre obstrucciones y restricciones para el cubrimiento de la gestión estatal en general", dijo a periodistas. "No es un buen síntoma que los Estados sean herméticos".
"Hemos recibido quejas sobre el Poder Ejecutivo y Legislativo", agregó, señalando que iba a "animar" a las autoridades peruanas para "que se cumplan los estándares internacionales".
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