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La concesión de puerto Caldera, en Esparza, requiere que la empresa contratista realice inversiones que superen en un 25% el valor actual de las obras existentes, aclaró la Contraloría General de la República (CGR) ante una consulta planteada por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop).
Según el órgano contralor, este porcentaje es indispensable porque la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos (LGCOP) explícitamente impide que se concesionen los muelles existentes de Limón, Moín, Caldera y Puntarenas, a menos que se trate de obras nuevas o ampliaciones.
“Para el caso de los muelles de Caldera y Puntarenas, no es posible otorgar en concesión las obras existentes, de manera tal que solo sería posible otorgar en concesión las obras nuevas o las ampliaciones que se realicen a las obras ya existentes”, precisó la CGR.
La excepción, igualmente, debe cumplir con ciertos criterios, explicó la Contraloría. Por ejemplo, las obras deben estar dirigidas a incrementar las funcionalidades ofrecidas con la infraestructura preexistente y, a su vez, a garantizar estándares de calidad y niveles de servicio significativamente superiores, una vez iniciada la operación.
“Ese componente de inversión en obra debe justificar la utilización de la figura, para lo cual debe acreditarse que representa una de las obligaciones principales del concesionario y no simplemente se trata de elementos accesorios a las obras existentes”, indica el oficio DCP-0093, del pasado 14 de mayo.
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¿Por qué un 25%?
La Contraloría indicó que la ley no define parámetros cuantitativos o cualitativos para establecer una regla general que permita determinar en qué casos se está frente a una obra nueva dentro de una obra existente, por lo que se debe acudir a una interpretación sistémica de la norma.
“Las normas no se pueden analizar de forma aislada, sino que, por el contrario, deben ser entendidas dentro de su contexto, lo cual implica la consideración de su significado en torno al conjunto de normas o sistema del que forman parte”, argumentó.
Para este análisis se tomó como referencia el artículo 48 de la LGCOP, en el cual se fijó un 25% del monto total de la inversión inicial del concesionario como criterio para habilitar la inclusión de nuevas inversiones en un contrato de obra pública en ejecución.
Según la Contraloría, el citado porcentaje fue incorporado en la ley porque los legisladores consideraron que representa una inversión de tal magnitud que amerita la suscripción de un nuevo contrato, ante la imposibilidad de poder asumirla mediante uno en ejecución.
Para el órgano fiscalizador, se trata de un parámetro razonable “que, si bien es significativo, al tratarse de una cuarta parte de las inversiones ya existentes, no resulta ser una barrera infranqueable que imposibilite la realización de proyectos necesarios que se dirijan a la actualización o adaptación de las obras existentes en aras de poder prestar un mejor servicio”.
Empero, la Contraloría también mencionó que la decisión de optar por la concesión de obra pública, para el caso de los muelles ya existentes, debe ir antecedida de un análisis reposado y suficiente que lleve a la conclusión de que “el componente de inversión en obra genera que no se trate simplemente de una concesión de las obras existentes y amerite la utilización de los tipos contractuales contenidos en la ley”.
Si bien el Incop no consultó directamente sobre el caso de Caldera, los servicios portuarios de este muelle se encuentran bajo un contrato de concesión de gestión de servicios públicos que expira en el año 2026 y que fue suscrito con la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC).
Incop preguntó a la Contraloría si la modernización integral de las instalaciones portuarias, con transformación sustancial de lo ya existente, podría catalogarse como obras nuevas y ampliaciones, “de manera que sería jurídicamente posible la aplicación de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos”.
El presidente ejecutivo del Incop, Wagner Quesada, indicó a La Nación, el pasado mes de marzo, que planean tener listo, para el mes de octubre, un cartel de licitación para la modernización del puerto, con el fin de solventar el colapso operativo que afronta la terminal.
La expectativa de Quesada es que, un año después, las obras estén adjudicadas y que el proyecto se desarrolle mediante una concesión que operaría a partir del año 2026, una vez que venza el contrato actual.
Por su parte, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció el pasado 2 de mayo, en su informe de labores ante la Asamblea Legislativa, que pretende lanzar un concurso público internacional, el próximo mes de setiembre, para concesionar la terminal portuaria.
