En una democracia, todo uso de datos falsos con fines políticos debe ser chequeado con igual rigurosidad y eso incluye a las iglesias. En su actuar como agentes políticos, a las iglesias se les debe chequear como a cualquier otro que intente alterar un proceso político con información falsa.
No existe un remedio perfecto y definitivo contra el uso del engaño por parte de grupos políticos, pero los votantes deben aprovechar cada uno de estos incidentes para denunciar públicamente a políticos que incurran en estas conductas.
La campaña para las elecciones municipales que se inició el mes pasado ha dejado claro que a ese problema se suma otro igual o más importante: Políticos que desafían y descalifican públicamente la autoridad del TSE sin sufrir consecuencias.
Las reacciones de repudio ante el machismo que mató a Eva son una buena señal con respecto al pasado: demuestran que cada vez hay menos tolerancia para creencias sin fundamento y que más personas entienden que confrontar la violencia desde su fuente puede ayudar a salvar vidas.
En esas condiciones se pierde la habilidad de escuchar y de entender la opinión de otras personas y es más común descalificar las opiniones de los demás, a menudo con etiquetas más propias de un pleito que de un debate educado.
Seguiremos viendo campañas engañosas dedicadas a construir el espejismo de que se está luchando contra un aborto libre inminente pero imaginario, mientras en la realidad lo que se está atacando – y podría desaparecer en un frenesí electoral – es el aborto para salvar la vida y la salud de las personas embarazadas.
Quizá sea necesario ir más allá de exponer la información falsa promovida por figuras religiosas y explorar los factores que hacen a sus audiencias vulnerables a ese tipo de contenido.
La mayoría de las campañas le cargan la responsabilidad de evitar la desinformación a los lectores pero en realidad las empresas de tecnología y los grupos políticos que se benefician del tráfico de contenido falso son quienes más poder tienen para actuar.
Enmarcar los debates con recursos retóricos de todo tipo no es nada nuevo en comunicación política, y la prensa es importante pero no es la única de promover desinformación.
Los autores de tres de los más recientes tiroteos masivos postearon sus “manifiestos” de odio en un foro llamado 8chan, en donde sus matanzas son aplaudidas y celebradas como hazañas por supremacistas blancos.
Los vínculos de la aplicación FaceApp con Rusia y el reciente documental “The Great Hack” (“El Gran Hackeo”) en Netflix vinieron a reactivar la discusión sobre el derecho a los datos, o mejor dicho, sobre cómo los usuarios no tenemos derecho a los datos que generamos en línea.
Casi toda la inversión y difusión se hace en el fútbol de hombres y por tanto el único resultado posible es que este genere mayores ganancias. Pero, cuando se invierte en el fútbol femenino, los resultados positivos desmienten las excusas desfasadas de que este no genera dinero o interés.
En redes sociales los contenidos inflamatorios y extremistas circulan más amplia y rápidamente que los mensajes moderados. Cuando sumamos, como ocurrió en este caso, la ausencia de mensajes moderados por parte de voces legítimas, el resultado es que como país cedemos por completo una importante arena.
WhatsApp insiste en que es un servicio de mensajería personal y se niega a aceptar de que, en la práctica, ha empezado a cumplir el papel de un medio de difusión masiva de desinformación, noticias falsas y teorías conspirativas que pueden incidir en resultados electorales.
“Hay que escuchar a quienes tienen posiciones opuestas”. Esta recomendación se hace a menudo como gran solución a la polarización política y consumo ideologizado de noticias en redes sociales.
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