Con las acusaciones de abuso sexual suele ocurrir lo contrario que con las de corrupción. Con las primeras, siempre aparece como por arte de magia un coro masivo dedicado a repetir al unísono que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero con las segundas más bien aparecen juicios inmediatos de opinión pública que declaran a los acusados como “corruptos”, “choriceros” y otras etiquetas más subidas de tono.
Irónicamente, ese coro que sale a defender la presunción de inocencia de los acusados de delitos sexuales suele complementarse con juicios inmediatos a las víctimas denunciantes, la mayoría de las veces mujeres. A ellas las declaran culpables de haberse “buscado” lo ocurrido, de decir mentiras o de ser muy “feas” como para ser atacadas. Hasta el haber ido alguna vez a una fiesta puede ser usado como “prueba” suficiente para condenarlas. Es decir, pasan de ser víctimas a ser las principales villanas de la historia.
Con la reciente investigación de una aparente red de corrupción en obras viales y presunta malversación de ¢78.000 millones, conocida como Caso Cochinilla, ha ocurrido lo usual con las acusaciones de corrupción. Sin embargo, entre las investigadas y/o relacionadas con el caso hay varias mujeres y esto ha introducido la variante de que, además de condenarlas de inmediato en redes sociales, también se les ha nombrado como principales villanas de la historia.
Unas son empresarias o funcionarias públicas, otras eran la moneda de cambio usada para pagar sobornos sexuales, pero a la que se ha puesto en el rol de villana máxima es la que estaba en una posición de mayor poder.
Las investigaciones involucran, entre otras, a dos grandes empresas y sus respectivos líderes, una mujer en una y un hombre en la otra. Sin embargo, la discusión pública se ha concentrado mayoritariamente en la empresaria, no solo con detalles de la investigación sino también con cosas como su vida personal, la de su familia y hasta su apariencia física. En redes sociales, los memes y las bromas no solo dan a entender que es la principal villana no solo en sentido figurativo sino también equiparándola literalmente con villanas de cuentos de Disney.
Parte de la cobertura periodística también ha dado tratamiento diferente a ambas figuras. Mientras que en el caso del empresario se han escrito notas sobre cómo convirtió su empresa en una de las más grandes de la región y algunas fotos lo muestran recibiendo premios, sobre la empresaria se ha citado desde qué andaba puesto al salir bajo fianza hasta su “estilo” al supuestamente realizar las acciones que se le atribuyen en expedientes judiciales.
El punto de establecer este contraste no es llamar a que se hagan burlas sobre otras figuras, se hable también de la ropa de los demás investigados o se escrutine más a ninguna figura en particular - eso lo decidirán los tribunales - sino señalar que este tipo de desbalances en el discurso público en torno a una investigación de corrupción fácilmente ayudan a crear un terreno fértil para la desinformación.
En el contexto descrito, no sorprende que los memes, las bromas y la diseminación de una cantidad desproporcionada de detalles sobre una de las partes investigadas sea usada para alimentar desinformación, como cuando se observa a personas en redes sociales afirmar - con todo convencimiento pero ningún conocimiento fáctico completo del caso - que la empresaria era la “cacique” de toda la red de corrupción y/o que fue quien “corrompió” a los demás presuntos involucrados.
En redes sociales y en cierto sector de la prensa, los procesos complejos suelen simplificarse al máximo y personificar toda una presunta red de corrupción en una sola figura es una forma de hacerlo. Esto permite no tener que molestarse en entender cómo opera realmente la corrupción y, a la vez, sentirse calificado para emitir juicios.
Sin embargo, los prejuicios y la desinformación pueden tener consecuencias negativas para la lucha contra la corrupción, como por ejemplo usar el castigo desproporcionado contra ciertas figuras como distracción para contribuir a la impunidad de otras. Asimismo, obstaculiza que la población se informe de manera responsable para analizar su voto en futuros procesos electorales. También ayuda a reafirmar estereotipos sexistas que empeoran el desnivelado terreno que enfrentan las mujeres al competir en el campo político y económico.
Aunque sin duda en el Caso Cochinilla hay factores específicos que pueden incidir en que diferentes figuras reciban diferentes niveles y tipos de atención pública - desde lenguaje llamativo de ciertas grabaciones hasta la exposición de material audiovisual en redes sociales - se trata de factores que no determinan ni el grado de la presunta corrupción con respecto a otros investigados ni el impacto que la misma tendría sobre las finanzas públicas.
Por otra parte, está ampliamente documentado que a las mujeres se les exige cumplir estándares éticos más altos que a los hombres y cuando fallan se les aplican castigos mayores que a ellos por cometer las mismas infracciones.
Por ejemplo, en un experimento en la universidad de Vanderbilt a los participantes se les dio una descripción de hechos fraudulentos cometidos por una persona que fue identificada con nombre de mujer para la mitad de los participantes y con nombre de hombre para la otra mitad. Cuando se les pidió recomendar una condena, el resultado fue de 130 días de cárcel para la mujer y 80 días para el hombre por exactamente la misma falta.
Lo mismo se ha identificado en el sector financiero de Estados Unidos. Un estudio reciente de miles de casos disciplinarios encontró que las mujeres que cometen faltas tienen 50% más de posibilidades de ser despedidas que los hombres y tienen menos posibilidades de que las contraten en otras empresas. Un estudio detectó el mismo patrón en el sector del derecho en Arizona: Por cometer la misma infracción, las abogadas tienen 35% de posibilidades de ser expulsadas del equivalente del Colegio de Abogados allá y los abogados solo 17%.
El mismo patrón se ha observado en otros países. En el Reino Unido, por ejemplo, un estudio basado en miles de sentencias judiciales determinó que cuando media el agravante del alcohol a la hora de cometer ataques violentos, las mujeres suelen recibir más y/o sentencias más altas. Los investigadores en ese caso asociaron esos resultados al hecho de que la sociedad tácitamente sigue considerando la violencia y el abuso del alcohol como más reprochables en las mujeres, por lo que las sentencias judiciales vienen a castigarlas no solo por violar las leyes sino también por violar las normas informales desiguales y caprichosas que la sociedad les impone.
Es claro que ese doble estándar opera a nivel de la opinión pública costarricense (sería de esperarse que no lo sea en el nivel judicial en el que se encuentra el caso). En ese sentido, el Caso Cochinilla es una oportunidad para que la ciudadanía confronte no solo el grado de corrupción que las evidencias reveladas hasta ahora sugieren se estaría dando en el país, sino también la información desbalanceada e incompleta sobre la que a veces forma sus juicios y basa decisiones políticas importantes en la era de redes sociales, memes y medios necesitados de subir su tráfico digital.
