Esteban Oviedo. Hace 2 días
Sede central de la Caja Costarricense del Seguro Social, administradora del IVM. Fotografía: Rafael Pacheco
Sede central de la Caja Costarricense del Seguro Social, administradora del IVM. Fotografía: Rafael Pacheco

El gobierno de Carlos Alvarado lanzó una ambiciosa agenda de proyectos de ley para los próximos cinco meses (del 1.° de diciembre al 30 de abril), periodo conocido como sesiones extraordinarias, en el que el Ejecutivo le marca la pauta a la Asamblea Legislativa.

La agenda planteada no está exenta de críticas, no satisfacerá a todos y debe ser sometida a un fuerte debate público, como debe ocurrir en democracia.

Sin embargo, hay que reconocer que se trata de un planteamiento ambicioso y estratégico por dos razones.

La primera razón es la gran cantidad de proyectos de ley que implican transformaciones o adaptaciones para la sociedad. La segunda es la forma en que el gobierno incluyó propuestas de los principales partidos de oposición, incluso con ciertas sorpresas.

Sobre el punto de las transformaciones, el presidente anunció que impulsará los siguientes proyectos:

-Proyecto de flexibilización de jornadas laborales, el cual permitiría trabajar jornadas de 12 horas diarias durante cuatro días por tres de descanso (plan del PLN). Además, en actividades económicas con temporadas alta y baja, se permitiría contratar personal con jornadas hasta de diez horas diarias durante el periodo más fuerte, y seis horas durante el más bajo.

-Reforma legal para evitar abusos en las huelgas, con la que se declaran ilegales estos movimientos en servicios públicos y se ordena la suspensión de salarios se interrumpen las labores (plan del PLN)

-Reforma al empleo público para crear salarios competitivos por sí solos, sin necesidad de los pluses que disparan el gasto (plan del gobierno)

-Refundición de órganos desconcentrados con ministerios, pues hoy existen más de 70 instituciones dispersas que demandan un gran costo administrativo (plan del gobierno)

-Legalización y regulación de las plataformas de transporte como Uber y DiDi (plan del gobierno)

-Amnistía para que deudores de CCSS puedan pagar el principal adeudado, recibiendo perdón de multas e intereses (plan del PUSC)

-Recortes a pensiones de lujo (planes de Restauración y del gobierno)

-Fortalecimiento de la Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo (proyecto de PLN y FA)

Estos ocho ejemplos evidencian tanto la necesidad de hacer ajustes a las finanzas del Estado (los cuales el país postergó por años), como la urgencia de adaptarse a la sociedad contemporánea, la cual cambia a pasos acelerados impulsada, por ejemplo, por factores como la revolución digital. Este no es un fenómeno solo de Costa Rica.

Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirmó, en una conferencia de prensa, que la economía mundial pasa por un "periodo preocupante" y que "los gobiernos no supieron anticipar los cambios estructurales", como la digitalización de la economía, el cambio climático, la transformación de las exportaciones de China y el refuerzo de barreras comerciales".

"Los responsable políticos deberían estar preocupados", añadió la OCDE, pues existe un riesgo de estancamiento a largo plazo.

Riesgos de negociación y trago amargo

El gobierno tiene una bancada legislativa muy pequeña, lo que lo obliga a negociar para sacar adelante su agenda. En el primer año de labores, este Congreso resultó sumamente productivo a la hora de aprobar transformaciones importantes, como la reforma fiscal, pero este tipo de desafíos no se ha acabado: apenas empieza.

La oposición, por ejemplo, anunció que le pondrá cuesta arriba al gobierno la aprobaron de una segunda emisión de eurobonos, mecanismo que le permite al Ministerio de Hacienda obtener financiamiento internacional, con tasas bajas y plazos largos, para deshacerse de financiamiento interno con altos costos.

“Podemos decidir si nos tomamos el trago amargo ya o dentro de varios años, cuando ya no sirva de nada”

Ese condicionamiento le exigirá mucha negociación al gobierno. En el medio, hay otros factores que también podrían influir, como la elección de tres magistrados penales, uno de Sala II y uno de Sala IV.

Asimismo, podrían incidir las elecciones municipales y la firma de la norma terapéutica que regulará la interrupción del embarazo cuando peligra la vida o la salud de la madre, a la cual parte del Congreso se opone.

Todos las factores demandan al Ejecutivo tender puentes, pero las negociaciones siempre conllevan riesgos. Por eso, sorprendió la decisión del gobierno de incluir en la agenda dos proyectos de Restauración Nacional (PRN) que han sido duramente criticados por los expertos en la materia.

Uno es el proyecto que, en su última versión, abriría un plazo de tres años para que los trabajadores puedan retirar el 100% de su pensión complementaria (ROP) en un solo pago, al momento de retirarse, en vez de recibir una pensión para el resto de su vida.

El otro plan permitiría a los asalariados retirar el dinero que tengan en su Fondo de Capitalización Laboral (FCL) aunque no hayan cumplido cinco años seguidos de labor ni hayan roto su relación laboral.

El más criticado es el primero, el del ROP. Los expertos sostienen que se trata de un golpe al sistema de pensiones. No obstante, el Ejecutivo accedió a convocar el plan dando señales de un acercamiento con la fracción de Restauración.

Tan es así que el diputado y presidente del PRN, Carlos Avendaño, respondió con elogios a la agenda del gobierno y afirmó que siempre estuvieron conscientes de la necesidad de la reforma fiscal.

Lastimosamente, una noticia dada a conocer el viernes 29 de noviembre confirma y agrava la inconveniencia de un proyecto como el del ROP y, más bien, avisa que el país tendrá que pasar por otro trago amargo para evitar una crisis mayor.

Un informe actuarial reveló que el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, el más importante de Costa Rica, comenzará a afrontar los primeros problemas de insolvencia más temprano de lo que creíamos: a partir del 2021.

En dicho año, la cotización hecha por 1,7 millones de trabajadores, 88.000 patronos y el Estado será insuficiente para pagar las pensiones de 281.000 personas y comenzarán a usarse los intereses de la reserva.

Para el 2030, la reserva comenzará a reducirse y, en el 2037, se agotará.

Para buscar el equilibrio futuro del régimen, el estudio plantea un escenario de ajustes drásticos que incluye incremento en la cotización, aumento de la edad de retiro, actualización de las pensiones por debajo de la inflación y nuevas fuentes de financiamiento del Gobierno.

Entre las propuestas, se incluye modificar la fórmula para calcular el monto de la pensión. La metodología actual permite que la cuantía recibida por el pensionado sea, en promedio, el 60% del último salario. En vez de esta forma, una opción sería bajar ese porcentaje a un 40% o 50%.

El ROP fue creado, en el 2000, precisamente para compensar la eventual pérdida del poder adquisitivo de la pensión del IVM, de manera que si la cuantía de esta baja, el ROP compense la diferencia.

Más allá de la inconveniencia del proyecto del ROP, ahora la realidad nos golpea en la cara y le plantea al sistema político y al país otro trago amargo, pero necesario: las reformas para salvar el IVM.

¿Qué haremos? ¿Subir la edad de jubilación? ¿Reducir el monto de pensión? ¿Aumentar las cotizaciones? ¿Eliminar la pensión anticipada? ¿Aumentar las pensiones por debajo de la inflación? ¿Buscar alguna fuente de recursos adicional? ¿Una combinación de todas estas medidas?

Cualquiera de estas salidas provocará malestar y, quizá, hasta protestas.

Otra opción no hacer nada y permitir que, un día, la CCSS diga 'lamentamos informarles que no hay más dinero para pensiones'. En ese momento, ya será demasiado tarde y, por más protestas, será muy difícil enderezar el camino.

Podemos decidir si nos tomamos el trago amargo ya o dentro de varios años, cuando ya no sirva de nada.

El gobierno de Luis Guillermo Solís esquivó una verdadera solución al problema del IVM, a pesar de que, en el 2016, un estudio profesional y serio de la Universidad de Costa Rica (UCR) confirmó y advirtió el peligro. Incluso, desde mucho antes había señales. Del fenómeno del envejecimiento de la población conocemos desde hace mucho.

Ahora, que se acerca el huracán, la administración de Carlos Alvarado y la clase política deben decidir si dan el paso responsablemente, a pocos meses de haber aprobado la reforma fiscal.

Despertar universitario y pujas financieras

Siempre en el tema de transformaciones, incluso la Universidad de Costa Rica (UCR) empieza a tomar conciencia sobre la necesidad de hacer ajustes. La semana pasada, dos facultades pidieron al Consejo Universitario frenar el crecimiento del gasto en anualidades, debido a su insostenibilidad.

Ahora, la directora del Consejo Universitario también dice estar consciente de la necesidad de afrontar cambios en el sistema salarial de la UCR, en donde el 20% del personal, con muchas anualidades, se lleva casi el 50% del dinero destinado a sueldos.

Remuneración por rangos

Relación entre la cantidad de funcionarios y el costo mensual de sus salarios

FUENTE: DATOS SALARIALES SUMINISTRADOS POR LA UCR, UNA Y TEC DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2019 Y POR LA UNED DEL MES DE OCTUBRE    || c.f. / LA NACIÓN.

Solo la Comisión Política del Partido Acción Ciudadana (PAC) parece no darse cuenta de la necesidad de las transformaciones, aun las impulsadas y negociadas por su gobierno.

La semana pasada, el PAC envió un comunicado para oponerse al acuerdo alcanzado entre la oposición y el gobierno para incluir a los bancos públicos en la creación de un fondo de garantía que compensaría a los ahorrantes en caso de emergencia.

El argumento para oponerse no es técnico. Simplemente, alega que existe un intento por desestabilizar a los bancos públicos y abrir el camino para negocios privados.

El PAC desconoce en el comunicado que, en la negociación, el gobierno logró que los diputados aprueben una reforma que permitiría a los bancos públicos acceder a mayores opciones de financiamiento internacional.

Además, ignora que los bancos públicos gozarán de una doble garantía para los ahorrantes, pues no se les quita la garantía del Estado.

En el tema financiero, también hay una fuerte puja entre los diputados y el Banco Central por la idea de ponerle un tope a las tasas de interés de los préstamos. La disputa en realidad es por la altura del tope.

Legisladores del PLN, del PAC y del FA defienden la imposición de un techo a las tasas que hoy equivaldría a un 30% en colones. El presidente del BCCR, Rodrigo Cubero, afirma que el tope es muy bajo y que eso provocará que miles de personas, de bajos ingresos, sean excluidos del mercado financiero formal.

El diputado del PLN, David Gourzong, incluso acusó a Cubero de actuar por "intereses perversos".

En tanto, los diputados Jonathan Prendas, de Nueva República; y el independiente Erick Rodríguez Steller evalúan impulsar una reforma legal que reduzca o elimine las distorsiones bancarias que elevan las tasas de interés, como las imposiciones políticas que comprometen las utilidades de la banca pública.

Esto es parte del debate democrático, el que se apega a la legalidad y que cada vez cuesta más defender, ante el avance el populismo.

El más reciente informe del Estado de la Nación mostró que a casi una tercera parte de la población hoy le es indiferente si los problemas del país se resuelven por la vía democrática o no. El grupo creció considerablemente entre la década de los 80 y la actual.

El informe señala que esa condición es terreno fértil para el surgimiento del populismo, una corriente que suele buscar un poder irrestricto del cual después nos podríamos arrepentir.

Resiliencia de la democracia costarricense

Apoyo de los ciudadanos a la democracia se mantiene, pero es cada vez más evidente un grupo que es más escéptico y crítico.

FUENTE: ESTADO DE LA NACIÓN CON DATOS DE LA ENCUESTA “BARÓMETRO DE LAS AMÉRICAS”, DE LAPOP.    || C.F. / LA NACIÓN.

Afortunadamente, todavía el país dispone de un colchón de personas creyentes o tolerantes de la democracia, condición que le permitió al país salir adelante en medio de la crisis de los 80 y de las guerras en Centroamérica.

Como dijo, al llegar al aeropuerto Juan Santamaría, un costarricense que fue repatriado desde Venezuela por las duras condiciones en la que estaba viviendo bajo el régimen de Nicolás Maduro: ‘Solo en una democracia se puede vivir bien’.

(Video) Ocho ticos son repatriados desde Venezuela. Cortesía del MREC