Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios cambiaron este martes el proyecto de ley que fijaría la máxima tasa de interés anual que se puede cobrar por el otorgamiento de créditos.
El límite sería 2,2 veces la tasa de interés activa promedio del sistema financiero nacional. Con esa regla, hoy el techo equivaldría un interés del 30,18% para préstamos en colones y 15,43% para los financiamientos en dólares, de acuerdo con los índices publicados por el Banco Central (BCCR).
Así lo establece una moción aprobada por los diputados Gustavo Viales y David Gourzong, de Liberación Nacional (PLN); Welmer Ramos y Laura Guido, de Acción Ciudadana (PAC); Melvin Nuñez, de Restauración Nacional (PRN); Rodolfo Peña, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); y Harllan Hoepelmann, del bloque Nueva República (PNR).
Votaron en contra el restauracionista Carlos Avendaño y el republicano Otto Roberto Vargas.
Las tasas por encima de esos límites se considerarían usura, dice la nueva redacción del texto 20.861.
Tanto el Código Penal como la Ley del Consumidor, así como la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, establecen la usura como una práctica que debe sancionarse.
Sin embargo, el país no ha definido a partir de cuál tasa se considera que existe un cobro desproporcionado de intereses. Por tanto, hoy es imposible aplicar el castigo establecido para el delito, que es de seis meses a dos años de cárcel.
El proyecto dice que el cobro de una tasa de interés superior a las establecidas por el BCCR se considerará una ventaja pecuniaria desproporcionada para efectos del artículo 243 del Código Penal.
Actualmente, ese artículo establece que esa práctica será reprimida con prisión de seis meses a dos años o con veinte a ochenta días multa. No obstante, el proyecto de ley establece que la pena debe duplicarse cuando la usura se cometa en perjuicio de consumidores y usuarios.
El proyecto añade que “se prohibe a toda persona física o jurídica, que otorgue financiamiento a terceros, incorporar a la tasa de interés, costos, gastos, multas o comisiones, que superen los límites establecidos por el Banco Central de Costa Rica”.
Hoy, hay tarjetas de crédito que cobran intereses entre el 40% y el 50% anual. Esas tasas pueden ser superiores en el mercado informal.
ABC y Avendaño prevén ‘gran exclusión’
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y el diputado Carlos Avendaño afirmaron que el proyecto generará exclusión.
María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la ABC, dijo que “el tope establecido provocará la exclusión de cerca de una tercera parte de las personas con tarjeta de crédito, quienes deberán recurrir al crédito informal, lo cual implica un retroceso en el proceso de bancarización”.
“Además, el tope generará una significativa reducción en las ventas del comercio por la reducción del acceso al crédito de los consumidores, profundizándose así el problema de reactivación económica que enfrenta el país. Adicionalmente, es necesario resaltar que el tope establecido carece de sustento técnico”, dijo Cortés.
En tanto, el diputado Avendaño sostuvo que el cambio no incidirá en las personas que están altamente endeudadas, pues fijar una tasa tope en nada variará sus contratos anteriores.
Peor aún, dijo, lo que ocurrirá es una gran exclusión de personas que no podrán acceder a un préstamo formal, pues para los bancos y el comercio no será rentable otorgar préstamos a ciertas personas con alto riesgo.
“Se va a lanzar a toda esa gente al mercado informal de préstamos. Van pasar a los brazos de lo que no están regulados y hacen operaciones al margen de regulaciones”, afirmó.
En defensa del texto, el oficialista Welmer Ramos dijo que, al no existir topes, los financistas se aprovechan de personas que, por necesidad o ignorancia, adquieren préstamos con altas tasas y hoy hay más de 800.000 personas en cobro judicial.
"Es una pandemia que estamos viviendo y hay que ponerle freno. Si dejamos esas tasas vamos a provocar una burbuja y eso sí es un problema", alegó Ramos.
El legislador de Acción Ciudadana (PAC) añadió que el mercado financiero no es un mercado en competencia y que cuatro estudios del BCCR lo califican de monopolio. Adujo, además, que en todos los países que integran la OCDE existen tasas máximas y el promedio es de un 30%.
El Banco Central informó de que estudiará con mayor detalle la propuesta de los diputados con el fin de analizarla y, de ser necesario, emitir un nuevo criterio al respecto.
Meses atrás, a solicitud de los diputados, el BCCR envió una propuesta según la cual la tasa de interés máxima se ubicaría entre un 51% y un 63%.
El cambio
La moción de cambio fue propuesta por diputados del PAC, del PLN, el fabricista Hoepelmann y la socialcristiana María Vita Monge.
El BCCR deberá publicar la tasa de interés activa en su página web y cada seis meses en el diario oficial La Gaceta, dice el texto.
La tasa de interés activa es un promedio de las tasas de interés del sistema financiero, en la que se pondera por la cantidad transada de créditos.
El texto anterior del proyecto, que estaba en discusión desde hace un año, establecía que la tasa límite para préstamos en colones sería la tasa básica pasiva más 25 puntos porcentuales, lo que hoy equivale a un interés del 30,6%.
En el caso de los créditos en dólares, el tope era la tasa efectiva más 15 puntos porcentuales, cálculo que hoy da un 17,39%.
Welmer Ramos argumentó que la tasa activa promedio es un mejor indicador de las condiciones de mercado crediticio, pues son las tasas que cobran los entes financieros, mientras que la tasa básica pasiva está relacionada con el costo de los recursos para ellos.
El liberacionista Gourzong agregó que la tasa activa incluye costos administrativos, comisiones, riesgo y utilidad de los bancos, por lo que él cree que los prestadores de recursos están cubiertos.