El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el más importante de Costa Rica, comenzará a enfrentar los primeros problemas de insolvencia a partir del 2021.
En dicho año, la cotización hecha por 1,7 millones de trabajadores, 88.000 patronos y el Estado será insuficiente para pagar las pensiones de 281.000 personas y comenzarán a usarse los intereses de la reserva.
Para el 2030, la reserva comenzará a reducirse y, en el 2037, se agotará, así se detalla en el informe Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, de julio del 2019, y del cual tiene copia La Nación.
El estudio fue realizado por la Dirección Actuarial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), administrador del fondo, con datos al 31 de diciembre del 2018.
El trabajo efectuó una proyección de los ingresos y gastos del régimen, en un periodo de 100 años, y determinó que el déficit actuarial es de ¢100 billones, es decir, tres veces el producto interno bruto (PIB) del país.
Para buscar el equilibrio futuro del régimen, el estudio plantea un escenario de ajustes drástico que incluye incremento en la cotización, aumento de la edad de retiro, actualización de las pensiones por debajo de la inflación y proponer nuevas fuentes de financiamiento del Gobierno.
“Si el objetivo fuera financiar el déficit a través de una prima media general (cotizaciones), esta tendría que ser 24,8%”, se señala en el documento, y advierte que el ajuste tendría que ser prácticamente inmediato.
Entre las otras posibles medidas recomendadas están la posibilidad de elevar la edad de retiro a los 67 años (hoy es de 65 años con 300 cuotas). Además, eliminar la pensión anticipada, esta es la que permite a las mujeres jubilarse a los 60 años y 450 contribuciones y a los hombres a los 62 años y 462 cuotas.
Las razones del desequilibrio del régimen es que el número de pensionados sería, en el futuro, superior a la cantidad de trabajadores.
“De la proyección demográfica, es evidente que la población de pensionados crece, aún en el corto plazo, en forma más acelerada que la de la población de afiliados al IVM”, se explica en el documento.
La valuación actual, coordinada por Ronald Cartín (él hizo el estudio sobre las pensiones del Poder Judicial), sí reconoce que hay espacio para iniciar cambios en el régimen dado que en el corto plazo el régimen no enfrenta problemas.
Sin embargo, para el mediano y largo plazo no es así, por eso propone que los cambios deben comenzar a discutirse y aprobarse casi de forma inmediata.
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La CCSS informó, en un comunicado de prensa enviado este viernes 29 de noviembre, que la Junta Directiva conoció y aprobó el estudio el cual será usado como insumo base para el fortalecimiento del IVM.
El análisis recomendó a la Directiva de la Caja crear un grupo interno de trabajo que presente, en un plazo de tres meses, un informe de propuestas de cambios.
Con dicho insumo, convocarán al sector patronal, obrero y al Gobierno para que, en una plazo de seis meses, entreguen las recomendaciones.
Finalizados ambos procesos, el siguiente paso es que los miembros de la Junta de la Caja comiencen el proceso para aprobar las reformas al régimen.
Escenarios de reforma
El estudio actuarial presenta una serie de cambios que, en su combinación, lograrían reducir el déficit actuarial del sistema y darle sostenibilidad a largo plazo.
En el mejor de los casos y con ajustes drásticos en beneficios, la reserva del IVM podría agotarse hasta el 2052, es decir, 15 años más a la fecha actual, calculada para el 2037.
“Cada una de las políticas planteadas genera una mejora en los indicadores de corto plazo (momentos críticos) y de largo plazo (balance actuarial)”, se señala en el informe.
Del lado de la contribución, se plantea que del 10,16% actual pase a 13,16%, o 14,16% al 2029. En el esquema actual, el aporte combinado del trabajador, patrono y el Estado llegará a 12,16%. Dicho cambio solo lograría alargar la vida del IVM entre cuatro y nueve años adicionales.
En el caso de la edad de retiro, el estudio plantea la posibilidad de elevar la edad actual de 65 años hasta los 67, manteniendo la cotización mínima de 300 cuotas.
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Además de subir la edad de la jubilación anticipada para que en las mujeres sea a los 62 años, en vez de los 60. En el caso de los hombres de 64 años, en vez de 62 años. Estas dos medías darían vida al régimen hasta el 2043.
La otra opción es eliminar del todo la pensión anticipada y que todos los trabajadores se jubilen a los 65 años con un mínimo de 300 cuotas. Esta medida generaría que la reserva del IVM llegue hasta el 2053.
La iniciativa también propone modificar la fórmula para calcular el monto de la pensión. La metodología actual permite que la cuantía recibida por un trabajador sea, en promedio del 60%, del último salario. En vez de esta forma, la iniciativa promueve que baje, para que sea equivalente entre el 40% y el 50% del salario referencia.
El estudio actuarial también plantea la opción de actualizar el monto de la pensión por debajo del costo de la vida, cada año.
Actualmente, la jubilación mínima y la máxima crecen el mismo porcentaje que la inflación. En vez de eso, el estudio plantea que solo sea equivalente al 90% o el 80% del índice de precios al consumidor (IPC).
La última opción es que el Gobierno traslade los ingresos generados por el cobro de una peaje de una carretera nacional.
Para ello, se planteó un escenario hipotético en el cual se trasladan al régimen el 50% de lo recaudado al año por la Ruta 27. Si se hiciera de esa forma, el fondo recibiría ¢21.700 millones anuales. Pero si se transfiere el 100%, el monto se elevaría hasta los ¢43.400 millones.