Josué Bravo. 28 noviembre, 2019
Los diputados Jonathan Prendas, del bloque Nueva República; y el independiente Erick Rodríguez Steller.
Los diputados Jonathan Prendas, del bloque Nueva República; y el independiente Erick Rodríguez Steller.

Dos diputados independientes evalúan impulsar un proyecto de ley para nivelar el terreno en el que compiten bancos públicos y privados, debido a las asimetrías señaladas en ambos sectores.

Se trata de Jonathan Prendas, del bloque Nueva República; y Erick Rodríguez Steller, legislador independiente.

Ambos legisladores forman parte de la comisión especial que discute los planes de ingreso a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), donde el 4 de noviembre el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, señaló que estas distorsiones encarecen los créditos en Costa Rica.

Tanto Prendas como Rodríguez Steller sostienen que la reducción o eliminación de las asimetrías bancarias debe ser tramitada en un proyecto específico, y no en el proyecto de creación de un fondo de garantía para los ahorrantes, que es requisito para entrar a la OCDE.

“Tengo entendido que el Poder Ejecutivo tiene interés en un proyecto de ley para eliminar esas asimetrías. Es un tema que tendremos que estar discutiendo próximamente”, expuso el legislador independiente.

Por su parte, Prendas afirmó que “algunos despachos” de la Asamblea Legislativa analizan la posibilidad de elaborar una propuesta en esa línea.

"Tiene que ser un nuevo texto. Para un futuro cercano no se descarta; se haría lo más rápido posible que podamos redactarlo.

“Primero esto (sacar el fondo de garantía para ahorrantes) y luego nos sentamos. Gente en mi despacho está viendo y analizando el ambiente político para ver qué se debe corregir. Es un tema sensible”, expuso el legislador fabricista.

Ante la comisión de la OCDE, el presidente del Banco Central afirmó: "Tenemos un sector financiero lleno de distorsiones de un lado y del otro de la cancha, que favorecen en unos casos a unos bancos y en otros casos a otros, pero que en general introducen costos de intermediación altos”.

Algunas de estas, mencionó, son las contribuciones parafiscales y las normas de contratación administrativas a la que están obligados a cumplir los bancos del Estado.

Las cargas parafiscales son contribuciones que los bancos públicos hacen de sus utilidades a varias instituciones. En total equivale al 38% anual de las ganancias.

Solo el año anterior, el Banco Nacional (BN) y el Banco de Costa Rica (BCR) distribuyeron ¢15.200 millones entre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

En los primeros diez meses del presente año, esa cifra ascendió a ¢26.100 millones, según la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

A pesar de esas ataduras, de acuerdo con Cubero, los bancos comerciales públicos tienen a su favor una garantía estatal ilimitada, además de tener el monopolio de captación de los depósitos en colones de todas las instituciones del aparato estatal.

Por el lado de los bancos privados, el presidente del Banco Central señaló el llamado peaje bancario.

Este consiste en la contribución del 17% de las captaciones de los bancos privados al Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), cuyos fondos son administrados por la banca estatal.

Similares cuestionamientos hizo el año pasado la Academia de Centroamérica que, en un informe, señaló que las cooperativas financieras estas son exoneradas del pago de renta, pero se benefician cada año de las ganancias de los bancos estatales.

En tanto, la OCDE pide mejorar la gobernanza corporativa de los bancos estatales.

“Es importante que el gobierno establezca un campo de juego más nivelado en el sector bancario introduciendo un sistema de garantía de depósitos que cubra a todos los bancos y elimine todas las asimetrías normativas que favorecen a los bancos estatales”, solicitó el organismo en su informe sobre el país del 2016.

Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), afirmó que el gobierno analiza con cautela una propuesta del BN y el BCR para dejar de trasladar el 38% de sus ganancias en cargas parafiscales.

En cambio, esos bancos proponen girar el 20% de sus utilidades en un aporte único al gobierno.

“Los aportes parafiscales los estamos revisando con mucha atención para no ocasionar un perjuicio en las instituciones que cumplen con una misión social (...). Haremos una propuesta mucho más integral que será del conocimiento del Presidente (Carlos Alvarado)”, explicó la ministra a La Nación.

Aunque el gobierno le pidió a los diputados de la comisión OCDE que discute el proyecto de ley para crear el seguro a los depósitos, incluir en ese texto una flexibilidad en los controles que impone la Ley de Contratación Administrativa a los bancos públicos, los diputados rechazaron esa petición.

Este tema será remitido a otra comisión especial que analiza una reforma a la Ley de Contratación Administrativa, afirmaron Prendas, Rodríguez y el socialcristiano Erwen Masís.