El Banco Central de Costa Rica (BCCR) advirtió la posibilidad de que un grupo importante de consumidores financieros tenga que recurrir al mercado negro para conseguir crédito, si los diputados aprueban las tasas máximas de interés introducidas la semana pasada en un proyecto de ley contra la usura.
Los congresistas de la Comisión de Asuntos Hacendarios establecieron que el límite sería 2,2 veces la tasa de interés activa promedio del sistema financiero nacional, lo que hoy equivale a un interés del 30,2% para préstamos en colones y 15,4% para dólares.
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Según una explicación escrita elaborada por el BCCR, el mayor riesgo es para los habitantes de menores ingresos de la población porque, al ser un techo “excesivamente bajo”, no serían sujetos de crédito por parte de entidades reguladas.
“Aquellos segmentos de la población a quienes se quiere proteger son precisamente los que finalmente terminan siendo afectados, pues se corre el riesgo de que se les expulse del sistema financiero formal y se les envíe hacia el mercado negro de crédito”, señaló el BCCR.
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El BCCR también cuestionó la metodología aprobada por los diputados. Para la entidad, no se puede utilizar una variable que es un promedio, pues los créditos tienen condiciones que los diferencian, como los riesgos, los plazos y el monto.
El Central añadió que, solo durante la tercera semana de noviembre, el 58% de las 10.000 operaciones de crédito registradas se fijaron por encima de la tasa definida por los diputados para los préstamos en colones.
En esa misma semana, por ejemplo, un 35,7% de las operaciones de crédito pactadas tuvieron tasas de interés entre 40% y 50%, y la tasa promedio ponderado de las tarjetas de crédito fue de 36,73%, por lo que serían ilegales si se aprobara la idea de la Comisión de Hacendarios.
Desde marzo de este año, el BCCR entregó a los diputados un criterio que sugería una tasa máxima promedio del 57%, al aplicar una fórmula que contempla la realidad del mercado actual.
Ese mercado negro al que se refiere la entidad estatal es el que cobra tasas mucho más altas y expone a los deudores a extorsiones por parte de prestamistas del mercado informal.
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Tal es el caso de los préstamos conocidos como “gota a gota”, operados por grupos criminales que cobran una cuota fija por semana o por mes, mientras el crédito no haya sido pagado, según investigaciones judiciales.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cada año se reciben cientos de denuncias por amenazas a deudores.
Cuestionamiento técnico
Tampoco es claro, según el BCCR, el sustento técnico para multiplicar la tasa por 2,2.
De acuerdo con el Central, dicha metodología genera un punto de corte “excesivamente bajo”.
Diputados refutan: Ya están excluidos
Dos de los diputados que apoyaron la iniciativa aseguran que la realidad de esta población es que ya excluida del sistema financiero.
Según el diputado oficialista, Welmer Ramos, las altas tasas de interés que les ofrecieron las entidades financieras a estas personas los dejaron sin crédito para el futuro.
Por su parte, el diputado de Liberación Nacional (PLN), Gustavo Viales, coincide con el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC)
El liberacionista agregó que le “disgusta” la posición de la entidad porque la situación actual de la población altamente endeudada también es el resultado de la inacción del BCCR por no tener la “valentía” de entrarle al tema.
Ramos, quien se ha propuesto aprobar el proyecto con la tasa fijada la semana anterior, refutó los argumentos de la entidad monetaria.
Señaló que tanto el múltiplo como la variable (la tasa activa) se establecieron según el criterio académico de las universidades de Costa Rica (UCR) y Nacional (UNA), que colaboraron en el proyecto.
Para Ramos, es justo que la tasa de interés máxima sea más del doble de la tasa promedio de los créditos y criticó la propuesta metodológica del BCCR, pues es una análisis de las tasas más altas del mercado.
El oficialista aseguró que la oposición del BCCR responde a cuestiones ideológicas.
“Hay un sesgo ideológico de creer que todos los mercados son perfectos y que se autorregulan y que son eficientes”, señaló Ramos.
De hecho, Viales también considera que la tasa promedio del 57% también es desproporcionada, pero está abierto a considerar nuevos criterios.
