Josué Bravo. 20 noviembre, 2019
 Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central. “La tasa que veo que resulta de la metodología que se ha planteado es muy baja. Eso generaría un riesgo de exclusión muy alto”. Foto: José Cordero
Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central. “La tasa que veo que resulta de la metodología que se ha planteado es muy baja. Eso generaría un riesgo de exclusión muy alto”. Foto: José Cordero

Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), considera que el proyecto de ley que establece un límite a las tasas de interés genera un riesgo de excluir del acceso a crédito a poblaciones vulnerables, debido a que la fijación es muy baja.

El texto está próximo a ser dictaminado en la Comisión de Hacendarios y ordena que la máxima tasa de interés anual que se puede cobrar por el otorgamiento de créditos es 2,2 veces la tasa de interés activa promedio del sistema financiero nacional.

Con esa regla, hoy el techo equivaldría un interés del 30,18% para préstamos en colones y 15,43% para los financiamientos en dólares, de acuerdo con los índices publicados por el Banco Central (BCCR).

“La tasa que veo que resulta de la metodología que se ha planteado es muy baja. Eso generaría un riesgo de exclusión muy alto”, expuso Cubero la noche de este miércoles mientras salía de la Asamblea Legislativa.

“Nosotros en el Banco Central propusimos una metodología que, basado en unos criterios, daba una tasa (límite) de 50% en colones y una metodología similar para dólares", expuso Cubero, aunque no amplió en detalles.

Los diputados pretenden establecer un límite al cobro de intereses de los préstamos para sancionar la usura en caso de que los porcentajes superen el techo establecido.

Tanto el Código Penal como la Ley del Consumidor, así como la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, establecen la usura como una práctica que debe sancionarse.

No obstante, el país no ha definido a partir de cuál tasa se considera que existe un cobro desproporcionado de intereses.

Por tanto, hoy es imposible aplicar el castigo establecido para el delito, que es de seis meses a dos años de cárcel.

Cubero explicó que si bien será la Asamblea Legislativa la que tome la última palabra sobre el proyecto, el Banco Central insiste en que la metodología debe ser razonable.

Esta debe permitir, por un lado, minimizar el riesgo de exclusión financiera; y por otro, tratar de proteger al consumidor financiero de tasas excesivas.

“Es decir, una metodología que permita balancear estos dos objetivos que son los dos muy importantes”, insistió Cubero.

‘¿Quién le dará microcrédito a estas personas’

Otto Roberto Vargas, diputado del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) e integrante de la comisión de Hacendarios, reiteró la tarde de este miércoles su oposición al proyecto.

Vargas afirmó que establecer un límite, como está planteado, beneficiaría a un sector financiero informal al que acudirían aquellas personas que quedarían excluidas del sistema regulado.

"Es gente que no tiene derecho siquiera a un bono gratuito de vivienda, precisamente por ser informal. ¿Quién le dará microcrédito a estas personas para comprar una nevera, una cocina?, ¿A un estudiante universitario, quién le financiará su computadora?

“El comercio formal no va a arriesgar a dar un crédito por un 35% de interés que a ciencia cierta no saben si podrán recuperar ese dinero por ser precisamente trabajadores informales”, aseguró el diputado.

“Se cobra interés alto para asumir ese riesgo de entregar el artículo. Es una realidad”, añadió Vargas

Por su parte, Carlos Avendaño, de Restauración Nacional, opina en sentido similar a Vargas. “El cálculo de la tasa límite debe de hacerse de forma más mesurada y científica”, puntualizó el restauracionista.

El proyecto de ley establece que la pena debe duplicarse cuando la usura se cometa en perjuicio de consumidores y usuarios.

Por ahora, el Código Penal, en su artículo 243, establece que esa práctica será reprimida con prisión de seis meses a dos años o con veinte a ochenta días multa.

El texto añade: “Se prohíbe a toda persona física o jurídica, que otorgue financiamiento a terceros, incorporar a la tasa de interés, costos, gastos, multas o comisiones, que superen los límites establecidos por el Banco Central de Costa Rica”.