La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) propuso condonar deudas por mora, multas, sanciones e intereses a asegurados y patronos que adeuden dinero a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con tal de que se pongan al día.
Además, planteó rebajar el impuesto único a los combustibles y otorgar incentivos fiscales a los nuevos emprendimientos que se instalen en las zonas del país con menor desarrollo.
Las propuestas están contenidas de forma individual en tres proyectos de ley presentados esta tarde en el Congreso por esta fracción.
María Inés Solís y Pedro Muñoz, jefa y subjefe de fracción, explicaron que las iniciativas pretenden reactivar economía para generar empleos, al liberar de cargas tributarias a los costarricenses que, luego, los gastaría en consumo.
El primer proyecto denominado Amnistía para la formalización y recaudación de las cargas sociales, presentado por Muñoz, beneficiaría a trabajadores independientes, trabajadores voluntarios y patronos que acumulen deudas con la Caja.
Según la iniciativa, debido a las dificultades económicas que atraviesa el país, hay empresas que han tenido dificultad de ponerse al día con las cargas sociales y otras han cerrado.
El texto menciona que, a mayo de 2019, en el país había 15.553 patronos activos que adeudan a la institución ¢71.000 millones, sin tomar en cuenta intereses, multas y sanciones.
Este grupo de deudores podrían recibir perdón de multas e intereses si regulariza el pago del monto principal de las cargas sociales.
A su vez, Muñoz presentó una segunda iniciativa que propone disminuir el pago de impuesto único por combustible en un rango equivalente entre el 31% y el 45%.
Por ejemplo, el impuesto al diésel bajaría de ¢145,5 a ¢80 por litro (45% menos).
En tanto, el tributo a la gasolina súper pasaría de ¢257,75 a ¢170 por litro (34% menos).
El mismo PUSC estima que la reducción de impuestos provocaría que el Gobierno recaude ¢195.000 millones menos de los 575.000 millones que recauda por consumo de combustibles.
Al respecto, el proyecto argumenta que, por efecto multiplicador del gasto por consumo, el país sumará ¢780.000 millones de colones a su producto interno bruto (PIB).
“La reducción del gasto de cada costarricense en el pago del impuesto a los hidrocarburos aumentaría la disponibilidad de recursos de las familias. Esto generaría mayor consumo privado, lo cual estimularía directamente la producción nacional, tal como se mide en las cuentas nacionales del BCCR (Banco Central de Costa Rica)”, reza el texto.
El tercer proyecto, presentado por varios legisladores de la fracción, se llama Ley de Incentivos para la generación de emprendimientos y empleo.
La iniciativa establece el pago escalonado en un periodo por seis años por cargas sociales y patronales; así como por tributos por bienes inmuebles, sobre la renta y municipales.
El pago escalonado por cargas sociales y patronales sería de la siguiente forma: el 5% durante el primer año; 25% durante el segundo y tercer año; 50% por el cuarto año; 75% por el quinto año de vigencia y 100% a partir del sexto año.
Un esquema parecido propone para el pago de los otros tres tributos, pero en todo establece obligaciones del emprendedor como generar al menos 8 empleos nuevos a partir de su primer año de operación, y 15 a partir del tercero.
La empresas deberán tener sus instalaciones principales o su planta física de operación en alguna de las zonas de menor desarrollo relativo del país, conforme lo defina el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN).
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Otra obligación es que deben estar debidamente formalizadas y al día con sus obligaciones laborales y tributarias, así como que al menos la mitad de sus plazas deben ser llenadas por personas que residan en el lugar.
