El Poder Ejecutivo promoverá una segunda reforma a las pensiones de lujo que, en este caso, impediría que las futuras pensiones de Gobierno y del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio Nacional superen los ¢2,4 millones. En el pasado, estos sistemas otorgaron jubilaciones hasta de ¢13 millones.
Se trata del proyecto 21.345, elaborado por el propio ministro de la Presidencia, Víctor Morales, con asesoría de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP).
La iniciativa, impulsada por el Partido Acción Ciudadana (PAC), forma parte de la lista de 82 proyectos convocados por el gobierno para el periodo de sesiones extraordinarias, la cual se extiende desde el 1° de diciembre próximo hasta el 30 de abril del 2020.
Víctor Morales, ministro de la Presidencia, explicó que, entre los ejes a desarrollar por el gobierno en los próximos cinco meses, está continuar con las reformas a los sistemas de pensiones.
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“Queremos impulsar la iniciativa que está pendiente en la Comisión de Sociales que tiene que ver con reformas a nuestro sistema de pensiones y que va a permitir dar pasos hacia adelante en la eliminación de pensiones de lujo y la adecuada administración de los presupuestos del Estado relacionados con esas pensiones”, expuso esta tarde el ministro.
Ese plan de Morales Mora un tope a las pensiones del Magisterio y del Gobierno equivalente a 23 veces el monto considerado como línea de pobreza por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), que hoy asciende a ¢2,4 millones.
En el 2014, el gobierno intentó aplicar un tope de ¢2,7 millones con base en una ley de 1998. El tema incluso fue ganado en la Sala IV con el inconveniente de que, en el 2016, los anteriores diputados derogaron ese artículo, lo que tornó inaplicable el límite.
En el país existen 43.900 pensionados del RTR del Magisterio, de las cuales 2.750 hoy reciben más de ¢2,4 millones al mes.
En tanto, en los sistemas de gobierno hay 18.300 pensiones. De ellas, unas 755 superan los ¢2,4 millones.
Aparte de esos límites, el proyecto plantea trasladar a los eventuales beneficiarios de los siete sistemas del Dirección Nacional de Pensiones (DPN) al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
También, propone cerrar otros seis regímenes no contributivos administrados por la DNP, los cuales son de Gracia, Guerra, Premio Magón, Expresidentes, Beneméritos y Guardia Civil.
Este lunes, el Congreso aprobó en segundo debate una reforma de la diputada Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional, que cobrará contribuciones solidarias a las pensiones que superen los ¢2,2 millones en Magisterio y Gobierno, así como a las que sobrepasen los ¢2,6 millones en el Poder Judicial.
Antes, solo se cobraba ese aporte a las que superaban los ¢2,7 millones en el Gobierno, ¢3,9 millones en el Magisterio y ¢4,4 millones en el Poder Judicial.
Con la reforma, por ejemplo, a una pensión de ¢7 millones en el Magisterio Nacional se le rebajará ¢2.4 millones en vez de ¢1 millón.
Al resaltar el respaldo del Ejecutivo al proyecto de Rodríguez, Morales reiteró el interés del gobierno en seguir empujando más reformas hacia esa dirección.
Pedro Muñoz, cojefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), calificó de positivo la convocatoria de este proyecto; sin embargo, le urgió más al gobierno.
“Hace falta convocar otros proyectos que tienen que ver con la supervisión efectiva por parte de la Supen (Superintendencia de Pensiones) al régimen universal del IVM, el tope a las multipensiones, mejoría en las pensiones del régimen no contributivo, entre otros”, consideró Muñoz.
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“La discusión sobre los regímenes de pensiones y las pensiones de lujo apenas está empezando. El proyecto del ejecutivo ordena algunos aspectos de las pensiones con cargo al presupuesto, tendremos que analizar si es viable constitucionalmente pasar esas pensiones a las CCSS”, añadió el socialcristiano.
Al presentar los 82 expedientes convocados, Morales como una “robusta agenda de transformación de cambios en diferentes ámbitos de la vida nacional”,
De esa agenda Morales destaca los planes para “aliviar el bolsillo” con proyectos como el salvamento a personas altamente endeudadas, regulación de usura y de determinación de las comisiones que se cobran por el uso de datáfonos.
La agenda incluye temas de empleo como el proyecto para flexibilizar jornadas laborales, de seguridad ciudadana con el texto de extinción de dominio, reforma a instituciones del Estado, de cambio climático y descarbonización, y por supuesto las reformas a las pensiones de lujo.
