Silvia Artavia. 24 noviembre, 2019
La semana pasada, el presidente Carlos Alvarado participó en la presentación del plan de salvamento para personas endeudadas del Banco Popular. Foto: José Cordero.
La semana pasada, el presidente Carlos Alvarado participó en la presentación del plan de salvamento para personas endeudadas del Banco Popular. Foto: José Cordero.

El presidente Carlos Alvarado anunció una agenda de transformaciones para los próximos cinco meses, la cual fue catalogada como fuerte, ambiciosa y de “envergadura nacional” por el PLN, el PRN y el PAC, no así por el PUSC.

En un artículo publicado en la sección de opinión de La Nación, bajo el título “Sesiones extraordinarias para la gente”, el mandatario reveló la lista de los 22 proyectos ley a los que les dará prioridad durante las sesiones extraordinarias del Congreso, de diciembre a abril, en los que el Ejecutivo dirige la agenda.

“Ningún grupo de presión puede estar sobre el interés de la mayoría”, dijo Alvarado como antesala a la enumeración de los planes de ley.

El presidente informó de que el Ejecutivo convocará el proyecto de flexibilización jornadas laborales, promovido por el Partido Liberación Nacional (PLN), el cual permitiría las jornadas de 12 horas durante cuatro días por tres días de descanso.

Asimismo, esta iniciativa facilitaría que, en ciertas actividades económicas, la jornada laboral se pueda adaptar a la estacionalidad. Así, en temporada alta, la jornada podría ser hasta de 10 horas y, en la baja, de seis horas.

“Respetaremos los derechos laborales, pero debemos actualizar el marco jurídico para habilitar jornadas que se ajusten a las dinámicas productivas actuales, y ampliar, de esta manera, las oportunidades de empleo”, enfatizó.

También, citó el proyecto para abrir una amnistía que les perdone el pago de intereses y multas a los trabajadores por cuenta propia y patronos que le adeuden dinero a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), siempre que se comprometan a pagar el principal adeudado. Esta es una iniciativa impulsada por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

En mayo del 2019, la CCSS reportaba 15.500 patronos morosos que adeudaban ¢71.000 millones sin contar intereses y multas.

Dentro de la lista, Alvarado incluyó la propuesta de reforma a la Ley del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), a fin de darle "más flexibilidad para responder a las cambiantes necesidades de las empresas y facilitar la inserción laboral de las personas”.

El Gobierno también convocará el proyecto de fortalecimiento a la Inspección Laboral, el cual daría más herramientas al Ministerio de Trabajo para fiscalizar el cumplimiento de las garantías laborales en los centros de trabajo. Aseguró que el sector privado y las diputadas que lo impulsaron ya habían alcanzado un acuerdo al respecto.

Adicionalmente, formará parte de la convocatoria el proyecto para evitar los abusos durante las huelgas, “para cerrar ese ciclo y dar mayor seguridad jurídica a todas las partes”.

Siempre apelando a la seguridad jurídica, el mandatario opina que es hora de aprobar una ley que formalice y regule las plataformas tecnológicas de transporte, como Uber y DiDi, razón por la cual incluirá esta iniciativa en las sesiones extraordinarias.

En materia de educación, el Presidente citó el proyecto de reforma del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), cuyo propósito es promover buena calidad en la educación superior privada, en vista de que más del 70 % de los docentes se forman en centros privados.

Alvarado también dijo que convocará, “oportunamente”, el proyecto de reforma al empleo público, que tiene como columna vertebral la creación de salarios competitivos por sí solos, sin pluses que disparen el gasto, para los funcionarios públicos.

La reforma del Estado también es parte de la lista. Por eso, convocará un proyecto que revisará sí es necesario refundir órganos desconcentrados con ministerios, pues más de 70 están dispersos con el gran costo administrativo que eso conlleva.

En adición, el Presidente afianzó que se aprobarán los proyectos restantes para ingresar a la OCDE, “sin debilitar a la banca pública en el proceso”, en referencia a la polémica por la idea inicial de excluir a los bancos del Estado de la obligación de aportar recursos a la creación de un fondo de garantía para el dinero de los ahorrantes.

El Ejecutivo retrocedió en esa intención, pero negocia la posibilidad de incluir reformas que fortalezcan a la banca pública, como permitirles mayor acceso a financiamiento externo.

Por otra parte, agregó, el Gobierno presentará un plan para proseguir el saneamiento de las finanzas públicas con una segunda emisión de eurobonos, como lo adelantó hace un año.

En materia seguridad, Alvarado afirmó que se retomará el proyecto de ley de extinción de dominio, un procedimiento que busca incautar o decomisar bienes ligados a conductas y actividades delictivas.

Asimismo, Alvarado recordó que “debe votarse” la ley para reducir el monto de las pensiones de lujo, proyecto aprobado la semana anterior, por unanimidad, entre los diptados en primer debate.

Dicha iniciativa permitiría cobrar contribuciones solidarias a 4.100 pensiones de lujo más del Gobierno, Magisterio Nacional y Poder Judicial, según Xiomara Rodríguez, legisladora de Restauración quien impulsó el proyecto.

La agenda también incluye el proyecto de modernización de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) “para darle un marco de agilidad y eficiencia que encaminará al país hacia un futuro con energías limpias”.

La jefa de fracción del PLN, Silvia Hernández, afirmó: "A diferencia de otros momentos, me parece "acertado que, en esta ocasión, el presidente no le huya a los temas fuertes y que, por el contrario, los enfrente".

Añadió que Alvarado cuenta con la ventaja de tener un Congreso productivo y decidido, que "le entra a los temas fuertes sin arrugarse", y que el PLN apoyará proyectos controversiales, pero necesarios, "poniendo énfasis en las transformaciones sociales y económicas que el país necesita".

Por su parte, Carlos Avendaño, de Restauración Nacional, dijo que se trata de “una agenda muy ambiciosa, de gran envergadura nacional”, y que le su partido le pondrá la lupa a la modernización de Recope, pues no desean nuevos traspiés como la fallida refinería con China.

Sobre los eurobonos, está de acuerdo si es para sustituir deuda cara por deuda barata, no para gastar más.

Nielsen Pérez, jefa del oficialista Acción Ciudadana (PAC), avaló la agenda e hizo énfasis en que los criterios técnicos deben prevalecer en algunos temas sensibles

Pedro Muñoz, del PUSC, no se mostró satisfecho, pues en su criterio la oposición tiene propuestas aún más ambiciosas: “El Ejecutivo le tiene miedo a las reformas estructurales y a poner orden para generar prosperidad a todos los costarricenses”.

Atender a endeudados

El mandatario introdujo, en la agenda, los dos proyectos de ley que acompañan el plan de salvamento para personas endeudadas.

El primero pretende crear la figura crédito de salvamento en la banca nacional, de manera que las entidades financieras puedan ofrecer préstamos con intereses bajos (alrededor del 11%) y plazos favorables para que los deudores mejoren sus condiciones de liquidez.

El otro proyecto pretende fortalecer el Centro de Información Crediticia (CIC) de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el cual es consultado por los bancos a la hora de otorgar préstamos.

Hoy, este sistema tiene la limitante de que solo permite ver las deudas de las personas con las entidades financieras reguladas por Sugef, dejando por fuera compromisos, por ejemplo, con casas comerciales que ofrecen electrodomésticos a pagos. Esto ocasiona una distorsión a la hora de calcular los niveles de endeudamiento reales de los clientes bancarios.

La idea es ampliar el registro de deudas del CIC.

A la vez, el mandatario apoyó la idea de regular legalmente las tasas de usura, es decir, cuando hay cobro excesivo de intereses.

"Existe una visión mayoritaria de que se debe instaurar el mecanismo para fijar las tasas de usura para poner orden a las popularmente denominadas ‘garroteras’: en tarjetas de crédito, compra de electrodomésticos y el mercado informal.

“Confío en que, aprovechando alguna de las iniciativas existentes, la discusión en el Congreso permita concretar un mecanismo balanceado y adaptable a las circunstancias económicas que ponga freno a las tasas excesivas, sin limitar el acceso al crédito, especialmente a las personas en mayor riesgo”, aseguró Alvarado.

Los diputados dictaminaron un proyecto de ley que fijaría en alrededor de un 30% el tope a las tasas en colones, pero el Banco Central considera que el techo es muy bajo y que la iniciativa excluirá a miles de personas del mercado financiero formal, pues hoy se financian principalmente con tarjetas de crédito que cobran intereses mayores.

El proyecto del Gobierno sobre créditos de salvamento incluye un artículado que, más bien, propone dejar en manos del Central la fijación de la tasa de usura.

Otras dos iniciativas de ley que inquietan al presidente tienen que ver con el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

La primera impulsa el retiro de la totalidad de los recursos del ROP en un solo tracto, a la hora de jubilarse, en lugar de recibir pagos mensuales como pensión complementaria durante la vejez. Esa posibilidad se abriría por un plazo de tres años.

No obstante, las administradoras de pensiones, incluida la CCSS, advierten de que esa reforma va en contra del espíritu de los sistemas de pensiones y amenaza con desproteger a la población adulta mayor, en su etapa más vulnerable.

La segunda iniciativa sugiere que los cotizantes retiren, de manera excepcional, el dinero que tengan a su favor en el FCL, independientemente de qué tan cerca estén de cumplir cinco años seguidos con un mismo patrón. Hoy, este fondo solo es posible retirarlo por cumplimiento de ese quinquenio, por ruptura laboral o por pensión.

“Mucha responsabilidad y ponderación de los factores involucrados debe primar en el análisis de las iniciativas relacionadas con el ROP y el FCL para encontrar un equilibrio entre el propósito de que las personas puedan disponer de una porción de los ahorros en sus cuentas individuales y la necesidad de no comprometer los sistemas de pensiones a mediano y largo plazo”, advirtió el mandatario en el artículo que redactó.

Agregó: “Estas iniciativas, propuestas por la fracción de Restauración Nacional, deben ser discutidas bajo la lupa de la responsabilidad y, también, de la difícil situación que pasan muchas familias”.

El diputado restauracionista Carlos Avendaño pidió impulsar los proyectos del ROP y del FCL.

Temas ambientales

Con respecto a asuntos ambientales, el Gobierno convocará el Proyecto de Ley de Recurso Hídrico y tramitará el crédito para el tren eléctrico de pasajeros.

Acorde con la visión sostenibile de la administración Alvarado Quesada, el Ejecutivo promoverá la prohibición de la explotación y exploración petroleras.

“Que estas sesiones no sean extraordinarias solo por el procedimiento. Que sean extraordinarias por sus beneficios para la gente”, agregó el mandatario.