Las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC) pretenden realizar cambios al proyecto sobre extinción de dominio, luego de que especialistas señalaran que la última versión del texto amenaza derechos fundamentales de los ciudadanos y que contiene múltiples falencias.
El diputado Gustavo Viales, presidente de la comisión legislativa que dictaminó la iniciativa, confirmó que una de las intenciones de la bancada verdiblanca es delimitar su alcance a delitos vinculados con narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado.
También, propone dejar en manos del Ministerio Público la responsabilidad de probar los delitos, en vez del ciudadano, como lo establece el plan actual.
Viales confirmó a La Nación que las mociones para realizar tales ajustes estarían listas en una o dos semanas. No obstante, el parlamentario no descartó que se puedan proponer más cambios antes de que el proyecto (número 19.571) sea sometido a votación en el plenario.
“Existen algunos temores de que el proyecto pueda afectar derechos constitucionales y nosotros hemos recibido la interpretación de que hay que hacer cambios y lo vamos hacer, siempre sabiendo de que esta será una herramienta fuerte contra el narcotráfico y el crimen organizado”, explicó.
Pablo Heriberto Abarca, legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y miembro de la comisión dictaminadora, coincide con las propuestas de Viales.
“La fracción ha dicho que si no hay cambios, lo vota negativo”, afirmó Abarca. Añadió que la posición del PUSC ha sido invariable desde un inicio.
Abarca alega que el proyecto debe tener una mira láser, es decir, que se dedique a combatir el narcotráfico, al lavado de dinero y el crimen organizado; pero respetando las garantías constitucionales.
“Que sea herramienta aplicable, pero que no se convierta en un tribunal de injusticia y de persecución”, expuso Abarca.
Cambios en el camino
La extinción de dominio es un mecanismo que permite al Estado apropiarse de bienes obtenidos por terceros mediante actividades ilícitas como narcotráfico, lavado y terrorismo; es decir, es una herramienta para perseguir y decomisar, sin derecho a indemnización, los bienes originados por esos ilícitos.
Al texto original presentado, el 13 de mayo del 2015, por el entonces diputado liberacionista Antonio Ávarez Desanti le han sucedido cinco versiones.
La última de ellas, dictaminada a finales de abril por la comisión especial de extinción de dominio, acoge observaciones del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Dicha versión detalla 18 delitos a los cuales se les podría aplicar la extinción de dominio.
Algunos de ellos son narcotráfico, legitimación de capitales, corrupción pública, tráfico de influencias, tráfico de armas, terrorismo, trata de personas, ciberdelincuencia, sicariato, evasión fiscal y delitos tributarios, proxenetismo y genocidio, entre otros.
No obstante, el último texto ha provocado críticas porque sugiere que el Estado podría iniciar un proceso de decomiso sobre cualquier bien, de cualquier ciudadano, ante sospechas o dudas sobre su origen.
Además, deposita en el ciudadano la obligación de demostrar con evidencias que sus bienes fueron obtenidos de manera lícita, invirtiendo de este modo la carga de la prueba y violentando el principio de inocencia.
La Comisión de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR) llegó a la conclusión de que la actual versión del proyecto conllevaría a quebrantar la presunción de inocencia y el derecho del ciudadano a no declarar contra sí mismo.
“De ser un proyecto de ley para desarticular el crimen organizado a partir de la supresión de ganancias, pasa a ser un proyecto con el que se pretende incautar todo capital cuyo origen no pueda ser explicado por parte de su titular, siendo intrascendente cuál sea ese origen”, dice el informe de los penalistas de la UCR.
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Al respecto, Roberto Thompson, diputado liberacionista, asegura que dentro de la fracción hay coincidencia sobre la necesidad de modificar al texto actual y de retomar algunas propuestas hechas por el excandidato presidencial Antonio Álvarez en un artículo de opinión publicado en el foro de La Nación.
De similar forma se expresó el también legislador verdiblanco Jorge Luis Fonseca, miembro de la comisión dictaminadora.
“Estoy totalmente de acuerdo en modificar ese proyecto bastante bien. Las líneas y las propuestas de don Antonio me parecen muy bien. Yo, de mi parte, sí las voy a retomar porque esas son las ideas originales del proyecto”, expuso Fonseca.
Álvarez consideró que las modificaciones han desvirtuado el objetivo original del proyecto.
Consideró que establecer que la extinción de dominio procede ante cualquier actividad ilícita significaba que una persona podría perder sus bienes por trabajar, por ejemplo, en la informalidad o incluso en plataformas que aún no están reconocidas legalmente como Uber.
“Luego se sustituyó por una larga lista de delitos y se incluyó como causal los bienes adquiridos ‘sin causa lícita aparente’, frase que abre portillos prácticamente ilimitados y se presta para la subjetividad”, expuso el excandidato en su artículo.
Ante tales cambios, el político propone que la extinción aplique solo para delitos contenidos en la “Ley 7786 y sus reformas sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo”.
También, sugiere eliminar toda referencia a bienes adquiridos “sin causa lícita aparente”, por considerar el concepto “sumamente indeterminado” y peligroso.
Por otra parte, aboga por fijar la obligación del Ministerio Público de probar ante un juez que los bienes fueron adquiridos producto del narcotráfico, lavado de dinero o terrorismo.