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Una iniciativa de ley igualaría la cuota que deben pagar los trabajadores independientes a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el monto que deben aportar los asalariados en sus cargas sociales.
El proyecto eliminaría el mecanismo que actualmente implementa la CCSS para fijar el cobro a los trabajadores por cuenta propia, los cuales deben desembolsar entre 10,5% y 18,5% de sus ingresos. El monto exacto lo fija la entidad tras el estudio de cada caso.
Los trabajadores asalariados, en cambio, aportan siempre el 10,3% de su salario, lo que incluye el seguro de salud y los aportes para las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).
El proyecto, presentado por el diputado Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también propone un cambio en la forma de calcular el aporte de los trabajadores independientes.
La iniciativa plantea que el 10,3% de cuota se calcule sobre la renta neta y no la bruta.
Esa disposición permitiría que, antes de calcular el aporte a la CCSS, los trabajadores por cuenta propia deduzcan de sus ingresos totales los gastos conforme los mismos principios que se aplican para estimar el impuesto sobre la renta.
“Los trabajadores (independientes) pagan cuotas sumamente elevadas respecto de los trabajadores asalariados, a pesar de que unos y otros tienen los mismos derechos según la Constitución, los principios y las leyes en materia de seguridad social”, argumenta el proyecto denominado Ley del Trabajador Independiente.
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De acuerdo con la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), todos los trabajadores independientes deben cotizar a la seguridad social. Incluso, los empleados asalariados que realicen una segunda actividad económica deben aportar por ambos ingresos.
Sin embargo, en el país hay un millón de trabajadores informales, de los cuales poco menos de la mitad son independientes, es decir, no tienen patrono y trabajan por cuenta propia según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
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Asimismo, la Encuesta Continua de Empleo del INEC reveló que, al primer trimestre del 2019, solo uno de cada diez trabajadores independientes que ofrecen servicios profesionales cotiza para la CCSS.
En esa condición se encuentran profesionales como médicos, enfermeros, ingenieros, profesores, publicistas, oficinistas y asistentes, entre otros. Unos 65.500 trabajadores independientes calificados no cotizan; solo lo hacen 5.500.
Esto afecta la recaudación de la Caja para darle sostenibilidad financiera a sus servicios a lo largo del tiempo, pero además, si estas personas necesitaran atención médica de urgencia, tendrían que pagarla si no están asegurados. Tampoco tendrían acceso a pensión en un país que envejece cada vez más.
La investigadora del Estado de la Nación, Natalia Morales, afirmó, en un artículo anterior de La Nación, que mucha de esta población podría formalizarse con incentivos como cargas sociales graduales.
Los trabajadores y trabajadores informales que no contribuyen a la seguridad social tampoco reportan sus actividades económicas ante el Ministerio de Hacienda, lo que disminuye la recaudación de ambas instituciones.
Del total de empleos en nuestro país, el 46% permanece en la informalidad. Ese es el punto más alto desde el 2010 desde que la Encuesta Continua de Empleo del INEC mide este indicador.
Amnistía permitiría ponerse al día con la Caja
La iniciativa también abriría un periodo de seis meses de amnistía, a partir de la aprobación del proyecto, para perdonar los intereses y las multas a los trabajadores por cuenta propia que tengan deudas con la CCSS por cuotas atrasadas y que busquen formalizar su situación.
De acuerdo con el diputado socialcristiano, Pedro Muñoz, impulsor del proyecto de ley, esto permitiría reducir la informalidad laboral y mejorar los ingresos financieros de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
“Definitivamente, la Caja está ahuyentando a un montón de profesionales y está peleándose con la plata y siempre es un mal negocio pelearse con la plata”, manifestó el legislador.
Según el proyecto de Muñoz, tras el perdón de intereses y multas, la Caja continuaría cobrando en forma retroactiva, a los independientes que se acojan a la amnistía, todas las cuotas dejadas de pagar en los cuatro años anteriores a la publicación de la ley si esta llegua a aprobarse.
Quienes busquen formalizarse podrían llegar a un acuerdo de pago para retribuir ese monto, el cual se podría realizar en un plazo máximo de 12 meses.
