Juan Diego Córdoba. 11 junio
92 de cada 100 trabajadores independientes trabajan por la libre, sin cotizar ante la Caja; aducen altos costos de cargas sociales, tramitomanía y no tener ingresos fijos para no hacerlo. Foto: Albert Marín.
92 de cada 100 trabajadores independientes trabajan por la libre, sin cotizar ante la Caja; aducen altos costos de cargas sociales, tramitomanía y no tener ingresos fijos para no hacerlo. Foto: Albert Marín.

Solo uno de cada 10 trabajadores independientes que ofrecen servicios profesionales cotiza ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según la Encuesta Continua de Empleo, al primer trimestre del presente año, solo 5.500 profesionales liberales (8%) pagaban seguro social y aportaban al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Por el contrario, otros 65.500 independientes calificados (92%) optaron por prestar sus servicios profesionales, administrativos, de salud y educación desde la informalidad.

En esa condición se encuentran médicos, enfermeros, ingenieros, profesores, publicistas, oficinistas, asistentes, entre otros.

Esto afecta la recaudación de la Caja para darle sostenibilidad financiera a los servicios médicos a lo largo del tiempo, pero además si estas personas necesitaran atención médica de urgencia, tendrán que pagarla, señaló el gerente financiero de la institución, Carlos Alfaro Alfaro.

“El trabajador por cuenta propia con motivo de esta condición, ve limitado su acceso a la protección que ofrece la CCSS, contra los riesgos en salud, invalidez, vejez y muerte”, afirmó Alfaro.

La investigadora del Estado de la Nación, Natalia Morales, estima que con incentivos, como cargas sociales graduales, podría formalizar a mucha de esta población.

“Hay una mayoría que trabajan en este sector por subsistencia que no es tan fácil de formalizar, pero hay otro sector integrado por pymes y trabajadores profesionales que podrían formalizarse quizás con algún apoyo o incentivo”, consideró.

“Mario”, un joven publicista liberal de 26 años que trabaja en la informalidad, afirma que se ha informado para cotizar ante la Caja, pero estima que sus ingresos no son suficientes para poder cubrir la cuota del seguro.

El nombre es ficticio, pues prefiere que se reserve su nombre por temor a que después “le cobren algo”, o pueda afectar la relación con los dos clientes que tiene.

Por los servicios que ofrece sí emite factura electrónica y también tributa ante el Ministerio de Hacienda, por lo que considera que trabaja legalmente. Sin embargo, se le dificulta sacar dinero para formalizar su condición de profesional independiente.

“Mario” se niega a subir el costo de sus servicios profesionales para formalizarse, a las puertas de cobrar el 13% del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA). Eso, según él, le restaría competitividad, además de que podría perder los dos clientes.

“Para poder cotizar a la Caja tendría que aumentar el valor de mis servicios. Eso haría que deje de ser competitivo en el mercado y hay muchos publicistas independientes", afirmó.

Para él, el máximo impedimento para ejercer en la formalidad, es el costo de las cargas sociales, mismas que se incluirían en su lista de gastos actuales.

“Fernando”, un médico liberal que brinda sus servicios a una transnacional como profesional formalmente constituido, llegó a cotizar ante la Caja más por obligación que por voluntad.

“Me notificaron de la institución porque aparecía inscrito en Hacienda como profesional independiente y que no cotizaba para la Caja, entonces tuve que formalizar mi situación para poder continuar brindando mis servicios”.

“Fernando” también contó su caso con la solicitud de no revelar su identidad porque todavía está en proceso de arreglo de pago con dicha entidad que, según él, le cobró una multa cercana a ¢1 millón por laborar como informal.

Entre las razones para resistirse a cotizar, el médico señaló la ausencia de ingresos fijos y el alto costo de formalizarse. Aunque esas condiciones persisten, ahora tendrá que afrontar el gasto.

Como “Mario”, él asegura que tributa lo correspondiente ante el Ministerio de Hacienda.

Caída en formalidad

El número de profesionales independientes con seguridad social empezó a descender de forma sostenida desde 2013, según los registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Para el primer trimestre de ese año, había 29.000 trabajadores por cuenta propia en esa condición. Seis años después solo hay 5.500, lo que representa una drástica reducción de 81%.

Ese descenso puede deberse a tres razones: independientes que encontraron un trabajo fijo, profesionales que dejaron de brindar sus servicios profesionales, por ejemplo, por falta de rentabilidad; o formales que pasaron a la informalidad.

Por el contrario, los profesionales liberales en informalidad aumentaron en un 56% en ese mismo periodo. En 2013, esa población era de 42.000 trabajadores, ahora es de 65.500.

“Estamos diseñando un modelo de aseguramiento que permita agrupar, hasta donde sea posible, diferentes sectores informales, de ahí que hacer estimaciones –sobre pérdidas económicas– pueden resultar imprecisas”, afirmó el gerente financiero de la CCSS ante una consulta sobre los efectos de esa realidad en la institución.

Cargas a trabajadores independientes

Según la actividad económica y los ingresos que reporta el trabajador independiente al momento de solicitar su seguro ante la Caja, el profesional deberá pagar entre 10,5% y 18,5% de sus ingresos mensuales. El monto exacto lo determina la Caja tras el estudio de cada caso.

No obstante, al momento de procesar la solicitud, si la entidad detecta que el profesional ejercía libremente antes de formalizarse, podría cobrar al trabajador, de forma retroactiva, las cuotas dejadas de percibir por la institución durante ese periodo.

Además del seguro, los trabajadores independientes que brinden servicios profesionales —formales o informales— están obligados a pagar el impuesto sobre la renta cada periodo fiscal.

Un trabajador independiente que por ejemplo ingrese ¢700.000 mensuales, reportará al cierre del periodo fiscal, ingresos por ¢8,4 millones, monto del cual podrá deducir hasta el 25% en gastos sin comprobantes, por lo que la base sujeta a pagar renta quedaría en ¢6,3 millones.

En este caso, el profesional deberá pagar cerca de ¢311.000 en renta, según el método escalonado del Ministerio de Hacienda.

Adicional a esas cargas, a partir de julio todo trabajador que brinde servicios profesionales deberá recaudar el 13% del Impuesto Sobre Valor Agregado (IVA). No obstante, ese costo debería trasladarlo al cliente en cada factura.