Juan Diego Córdoba. 7 junio
Menos personas en la formalidad impacta el sistema de pensiones y el seguro de salud. Foto: Albert Marín.
Menos personas en la formalidad impacta el sistema de pensiones y el seguro de salud. Foto: Albert Marín.

El 46% de los trabajadores del país no tienen acceso a seguros de salud, no cotizan para futuras pensiones ni tiene la protección de la normativa laboral.

Todos ellos laboraban en la informalidad al primer trimestre del 2019, cuando se registró el nivel histórico más alto desde 2010, año en el que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) comenzó a realizar la Encuesta Continua de Empleo.

Del otro lado de la moneda, en esa medición, el trabajo formal alcanzó su punto más bajo, al pasar de 58,6% a 53,9% de los trabajadores.

De acuerdo con el programa Estado de la Nación, la situación de tener empleo sin ningún tipo de respaldo ni garantía no solo afecta a las personas, sino que le genera problemas al Gobierno.

“La baja formalidad es un efecto negativo para la economía y para el país, porque un puesto formal significa ingresos para el Estado a través de los impuestos y de la seguridad social", confirmó Natalia Morales, investigadora de ese programa.

Menos trabajadores asegurados significa menos ingresos para el seguro de salud y el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“Afecta tanto a la CCSS como al trabajador y por eso estamos diseñando un modelo de aseguramiento que permita agrupar, hasta donde sea posible, diferentes sectores informales", explicó Carlos Alfaro Alfaro, gerente financiero de la Caja.

Aparte de la Caja, también el Ministerio de Hacienda captará menos recursos correspondientes a impuesto de renta; el Instituto Nacional de Seguros (INS) en pólizas de riesgo de trabajo e incluso se ve afectado el Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf), que financia programas de ayuda social para el combate a la pobreza, pues no percibe los eventuales aportes patronales.

En el primer trimestre del presente año había 1,2 millones de trabajadores con empleos formales, mientras que otro millón de personas realizaban labores en la informalidad.

“El porcentaje de ocupados con empleo formal disminuyó 4,7% en ese periodo (último año), variación que es estadísticamente significativa respecto al mismo trimestre de 2018”, manifestó Luis Sánchez, economista del INEC.

La formalidad contempla a los asalariados con seguridad social, a empleadores y trabajadores con empresas constituidas legalmente.

Hace una década, estaban en la formalidad el 59,8% de los trabajadores.

Brecha

La brecha entre la formalidad e informalidad es de 8 puntos porcentuales, es decir, que de continuar la tendencia, muy pronto, la mitad de los empleos podrían ser informales, desencadenando mayores problemas para la población.

"Esto es importante, en especial pensando en el contexto de un país que envejece. El impacto que tiene que una persona esté trabajando y no esté cotizando implica retos importantes para el estado de bienestar, porque es una persona que no tiene seguro de salud, pero que tampoco cotiza para una futura pensión.

“Esa persona envejecerá y el Estado tendrá que atender sus condiciones de vida pues está en la informalidad”, manifestó Morales.

La mayoría de individuos en la informalidad o en el desempleo son además candidatos al Régimen No Contributivo de la Caja (RNC), que es el subsidio que el Estado ofrece a los adultos mayores que no cotizaron para el régimen del IVM.

Aportes obrero patronales

De acuerdo con la calculadora patronal de la CCSS, por un salario de ¢600.000 de un trabajador formal, el Estado percibe mensualmente ¢220.000. Ese monto incluye el aporte del empleado y el aporte adicional del patrono.

Al salario del trabajador se le deduce el 10,34% de su remuneración para el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), y el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Esos regímenes también reciben el aporte del patrono que equivale al 26,33% del salario del trabajador, del cual también se derivan contribuciones al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) e Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), entre otros.

De esta forma, el gran peso del estado solidario recae sobre los hombros de los empleados y patronos del sector formal, estima el Estado de la Nación.

“Es aquí donde tenemos problemas fiscales, de desigualdad y de pobreza, porque el mismo mercado laboral es cómplice de que esos problemas sean más complicados de resolver en el campo de la política social”, manifestó Morales.

05-06-2019 Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), La Caja (fachada). Foto: Rafael Pacheco
05-06-2019 Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), La Caja (fachada). Foto: Rafael Pacheco
‘La Caja debe adecuarse a la situación económica’

El gerente financiero de la CCSS, Carlos Alfaro Alfaro, asegura que la institución desarrolla sistemas especiales para formalizar a trabajadores. Entre ellos, uno para microempresas, aunque aún no tiene fecha de implementación.

— ¿La informalidad y el desempleo que enfrenta el país acelera la crisis del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)?

— Más que acelerar la crisis, son retos que tiene la Seguridad Social y el país como tal. El IVM está en un proceso de maduración normal debido al cambio demográfico y que además se une a los temas de robotización y la informalidad, con lo cual es importante el análisis profundo de estos temas.

— ¿Para cumplir con las obligaciones actuales, la Caja ha recurrido a fondos de reserva este año?

— Actualmente, con las medidas tomadas recientemente por la Junta Directiva, este año no será necesario utilizar intereses para el pago de pensiones.

— El sector privado denuncia que cuando los trabajadores buscan formalizarse, la Caja los penaliza. ¿Es esto cierto?

— Todo patrono debe reportar oportuna y correctamente a la CCSS desde el momento en que inicia la relación laboral. Esto implica que cualquier omisión podría afectar derechos irrenunciables de los trabajadores, siendo un deber de la Institución, garantizar estos derechos en cuanto a los seguros sociales se refiere.

— ¿Qué ocurre cuando un trabajador informal requiere servicios médicos? ¿Se les cobra el servicio? ¿Se dificulta realizar ese cobro?

— Conforme al Reglamento de Seguro de Salud, la población no asegurada tiene derecho a ser atendida en los servicios de Urgencias y Emergencias, siendo que la institución realiza la facturación y cobro posterior a dicha atención médica. En caso de que la atención no sea de urgencia o de emergencia, el pago deberá efectuarse antes de recibir la atención.

— ¿Consideran que los regímenes especiales como el de empleadas domésticas han sido exitosos?

— Esta modalidad de aseguramiento ha evidenciado un aumento en la cantidad de personas afiliadas, de manera que al primer año de implementación se registraron 941 trabajadores y a abril de 2019 se contaban con 6.389 trabajadoras registradas. Ahora lo que corresponde es analizar el impacto neto luego de 18 meses de operar.

“Sí estamos analizando otros esquemas, la Caja debe adecuarse al entorno y los retos que nos plantea la situación económica del país, las nuevas formas de trabajar y hasta la misma tecnología”.

— ¿Y cuándo se activará el seguro escalonado para microempresas?

— Esta modalidad de aseguramiento se estará implementando en el momento y bajo las condiciones que sobre el particular apruebe la Junta Directiva, no es prudente adelantar criterio.