Luego de aceptar que los bancos públicos aporten recursos a la creación de un fondo de garantía para los ahorrantes, el gobierno entabló intensas negociaciones con los diputados y con la OCDE en procura de obtener tres peticiones.
Así lo informó el diputado independiente Erick Rodríguez Steller, quien ha sido parte de las conversaciones con el Ejecutivo, como integrante de la comisión legislativa que tramita los proyectos requeridos para el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
La primera petición es otorgarles al Banco Nacional (BN) y al Banco de Costa Rica (BCR) mayores posibilidades de financiamiento, mediante la adquisición de deuda subordinada, es decir, mediante endeudamiento.
Actualmente, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional solo faculta a la banca pública a adquirir deuda con bancos multilaterales, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), o con organismos bilaterales de desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La idea del gobierno es permitir que los bancos públicos se puedan financiar con otro tipo de entidades financieras. El Ejecutivo propuso esta misma reforma en el proyecto de salvamento de deudores.
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La segunda petición es flexibilizarles a los bancos públicos el cumplimiento de los controles que impone la Ley de Contratación Administrativa a la hora de hacer contrataciones.
La tercera es que la garantía del Estado para la banca estatal no respalde los endeudamientos que pueda adquirir el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), como se le denominará al fondo de respaldo para los depósitos de los ahorrantes.
El pulso
La creación del fondo de garantía para los ahorrantes es, precisamente, un requisito de la OCDE, la cual precisó que debía incluir tanto a la banca pública como la privada.
La idea es constituir un fondo capaz de cubrir, en caso de emergencia, un monto de ¢6 millones para cada depósito bancario. La finalidad es proteger al 96% de los ahorrantes.
Cada banco tendría que aportar, periódicamente, un máximo anual equivalente al 0,15% de los depósitos ahorrantes que tenga.
En un principio, el gobierno trató de excluir a los bancos públicos del FGD al alegar que ya contaban con la garantía del Estado. Sin embargo, eso en la realidad lo que implica es que, si hay una crisis, los contribuyentes pagarán las consecuencias con sus impuestos.
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Ante la oposición de los diputados, el gobierno cambió de opinión y se acercó a los diputados de la comisión especial, la mañana del pasado lunes.
El Ejecutivo, representado por los ministros de la Presidencia, Víctor Morales Mora; y de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez; aceptó incluir a bancos públicos y privados en el FGD, en cumplimiento de lo solicitado por la OCDE.
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También, mostró disposición de trabajar un proyecto de consenso que, entre otros elementos, contenga las tres condiciones mencionadas, siempre que el organismo lo acepte.
“El gobierno tuvo que entender que incluir a bancos privados y públicos es un requisito sine qua non de OCDE. El gobierno revela que en todo lo que ha pedido la Organización está de acuerdo y sugirió algunos cambios”, afirmó el diputado Rodríguez.
En la comisión, hay dos proyectos de ley sobre el FDG. Uno de ellos, presentado por 31 diputados de oposición, incluyó desde un principio a todos los bancos en el aporte a ese mecanismo. El otro es del gobierno.
Es en el texto de los diputados, donde se indica que el FGD podría contraer deudas a través de líneas de créditos con la garantía del Estado que otorgue el Banco Central con sus propias condiciones.
De igual modo, faculta al fondo a emitir bonos o títulos garantizados por el Estado con las condiciones que establezca el Ministerio Hacienda. No obstante, en ambos casos el gobierno pretende excluir la garantía estatal.
El Ejecutivo, en cambio, propone que la garantía para afrontar eventualidades sean el encaje mínimo legal.
El uso de este recurso ya está planteado en los dos proyectos. Ambos establecen que un 2% del encaje sirven como garantía y pueden usarse cuando se agoten los recursos del fondo.
El encaje mínimo legal (EML) constituye un porcentaje de las obligaciones que los intermediarios financieros deben mantener como reserva, bajo la forma de efectivo, en sus bóvedas o en el Banco Central.
La propuesta del gobierno de excluir a los bancos públicos de la Ley de contratación administrativa no está muy detallada, según las declaraciones de Erick Rodríguez.
En el proyecto de los diputados se faculta a los bancos estatales a participar en los mecanismos de solución de conflictos y los excluye de procedimientos de contratación administrativa, aunque los obliga a cumplir con sus principios.
Es decir, por ejemplo, un banco estatal podría adquirir una entidad financiera en problemas. Se desconoce si la propuesta del Ejecutivo es diferente o se dirige en mejorar esa línea.
Luego del inicio de las negociaciones con los diputados, el pasado lunes, el gobierno envió la propuesta a la OCDE y aún espera respuesta para consensuarla con los legisladores.
La ministra de Comex evitó referirse a las propuesta, por ser un tema “delicado”. Explicó que el diálogo incluye al Ejecutivo, Banco Central, diputados y OCDE.
Añadió que se procura un texto con consenso político que cumpla con los requerimientos del organismo y procure el desarrollo del sistema financiero nacional.
Por su parte, Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, afirmó que en los tres temas mencionados aún hay una negociación abierta y que no podía dar detalles.
Intensas negociaciones
Jiménez y Cubero se reunieron ayer miércoles en el Congreso con la mayoría de diputados de la comisión legislativa especial, para abordar el tema.
De acuerdo con el independiente Rodríguez, la cita se extendió por alrededor de tres horas y media, pero no todos los legisladores se quedaron hasta el final.
Participaron del encuentro, además de Rodríguez; Jonathan Prendas e Ivonne Acuña, del bloque Nueva República; Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana; y las liberacionistas Ana Lucía Delgado y Silvia Hernández.