Josué Bravo. 4 noviembre, 2019
Rodrigo Cubero, presidente del BCCR, durante su comparecencia en la comisión especial del Congreso que discute los proyectos que el país debe aprobar para ingresar a la OCDE. Le acompañan en la mesa Alberto Dent, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif); y Carolina Hidalgo, diputada del PAC. Foto: Cortesía Asamblea Legislativa
Rodrigo Cubero, presidente del BCCR, durante su comparecencia en la comisión especial del Congreso que discute los proyectos que el país debe aprobar para ingresar a la OCDE. Le acompañan en la mesa Alberto Dent, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif); y Carolina Hidalgo, diputada del PAC. Foto: Cortesía Asamblea Legislativa

Por excluir a la banca pública de un proyecto de ley para proteger a los ahorrantes, el gobierno incumpliría con uno de los requisitos exigidos para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Se trata de una iniciativa para que el sistema bancario nacional cree un fondo de garantía que cubra los depósitos de los ahorrantes en caso de riesgo.

Esta es una ley exigida por la OCDE para todo el sistema bancario. No obstante, el Poder Ejecutivo decidió dejar por fuera de la creación del fondo a los bancos comerciales del Estado, el Nacional (BN) y el de Costa Rica (BCR).

El texto, presentado en el Congreso por el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, el pasado 18 de octubre, establecería que solo los bancos privados participarían en la creación del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), el cual cubriría un monto de ¢6 millones por cada depósito bancario en caso de emergencia.

El fondo se nutrirá de un aporte anual no mayor al 0,15% de los depósitos garantizados de los bancos privados.

El texto excluye, además de la banca comercial estatal, a las cooperativas que se hayan afiliado a un fondo de garantía creado para proteger a los ahorrantes de este sector.

Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), explicó que el 24 de octubre, durante una sesión de trabajo en la sede de la OCDE, en París, Francia, el Comité de Mercados Financieros de ese club hizo hincapié en que todos los intermediarios financieros deben estar incluidos en la creación del fondo por razones de mejorar la competencia.

En la reunión también participó el Poder Ejecutivo.

"Ellos sí fueron claros en que el tema de la eliminación o reducción de asimetrías entre bancos públicos y privados es un tema importante y el hecho de que se cree un mecanismo de depósitos, donde contribuyen unos bancos pero otros no, en particular donde están contribuyendo los privados pero no los públicos (...), en lugar de tratar de nivelar la cancha en esta materia lo que hace es desnivelarla.

“En la perspectiva de ellos, esto más bien aumenta las asimetrías y, consecuentemente, no cumple con uno de los estándares que ellos quisieran cumplir”, expuso Cubero ante la comisión especial del Congreso que discute los proyectos de ingreso del país a la OCDE.

El Ejecutivo no incluyó a la banca estatal comercial en la creación del fondo al argumentar que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional crea un fondo de garantía para esas entidades públicas.

Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia, el pasado 18 de octubre al momento de presentar en la secretaría del Directorio Legislativo la iniciativa del gobierno que crearía un seguro de depósito bancario. Le acompañan los diputados del PAC, Luis Ramón Carranza y Carolina Hidalgo. Foto: Cortesía de la Presidencia.
Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia, el pasado 18 de octubre al momento de presentar en la secretaría del Directorio Legislativo la iniciativa del gobierno que crearía un seguro de depósito bancario. Le acompañan los diputados del PAC, Luis Ramón Carranza y Carolina Hidalgo. Foto: Cortesía de la Presidencia.

Sin embargo, Cubero explicó que, si bien legalmente existe ese fondo, este no tiene contenido económico. Es decir, que al momento de hacerle frente a un problema financiero de un banco público, el Banco Central tiene que recurrir a recursos de los contribuyentes para solventar el problema.

Como ejemplo, citó la quiebra del Banco Anglo, en 1994. En esa ocasión, el BCCR debió financiar al gobierno por un monto de ¢24.000 millones que en ese momento equivalía al 3,5% de la producción nacional, para afrontar la quiebra.

“No solo se tuvo un impacto fiscal muy fuerte, sino que además se incurrió en un proceso inflacionario y en la inflación de esos años se reflejó”, recordó Cubero.

“Aquí no es un tema de entre privados y públicos. Es un tema de que todos los intermediarios financieros estén sujetos a reglas relativamente simétricas de operación, de manera que no se produzcan desventajas o ventajas competitivas en favor de uno”, expuso Cubero.

En ese aspecto, explicó que al tener la banca estatal un fondo ilimitado de garantías, la hace más atractiva a los ahorrantes por razones de seguridad.

Explicó que, si bien el proyecto del Ejecutivo establecería que la banca estatal disponga del 2% del encaje mínimo legal y de reserva de liquidez como garantía del Fondo, el tema de la nivelación en la competencia es requerido por la OCDE.

Además, explicó que, con el fondo a crear se estaría cubriendo el 96% de los ahorrantes, pero solo al 10% de los depósitos, pues el 4% restante de ahorrantes son los dueños del 90% de los depósitos.

Otro proyecto presentado por 31 diputados hace tres semanas, que sí incluye a la banca estatal en la creación del FDG, sí cumple con lo requerido con la Organización, según lo hizo saber el Comité de Mercados Financieros de ese club, explicó Cubero.

Además, Cubero mencionó otras asimetrías existentes en el sistema financiero costarricense que encarecen los créditos. Por ejemplo, los bancos privados aportan el 17% de los recursos captados a los fondos de una banca de desarrollo administrada por los bancos estatales.

También, mencionó que los bancos públicos deben de transferir el 15% de sus utilidades anuales al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); el 10% al fondo de financiamiento de las cooperativas; un 5% al Concejo Nacional de Préstamos para la Educación (Conape); y el 3% a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

No obstante, destacó que la banca estatal tiene ventajas sobre los privados al tener el monopolio de captación de los depósitos en colones de todas las instituciones del aparato público.

“Esa es una ventaja competitiva enorme que tienen los bancos del Estado”, puntualizó Cubero, al tiempo que aseguró que la garantía ilimitada que gozan los intermediarios comerciales financieros públicos es otra ventaja.

Ana Lucía Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó que durante una visita reciente visita de congresistas costarricenses a la sede de la OCDE en París, este organismo dejó claro que de incumplir con el requisito de incorporar a la banca pública en el proyecto, se cortaría con el proceso de inclusión de Costa Rica a ese club.

El diputado independiente, Erick Rodriguez Steller, cuestionó el proyecto del gobierno. Afirmó que excluir a la banca estatal en la creación del seguro bancario tiene razones “dogmáticas, ideológicas y añeja”.

Por su parte, Erwen Masís, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), expresó su duda de que el gobierno esté protegiendo a un sector económico fuerte que maneja ese 90% de los depósitos en los bancos.

Cubero anunció que el gobierno pidió a la OCDE abrir “una instancia de negociación” para discutir si es “estrictamente necesario" que se incluyan a los bancos comerciales del Estado en la contribución al fondo de garantía de depósitos. “De manera que ese tema no se ha cerrado todavía”, expuso.

Añadió que el país debe contar con esa ley a más tardar en febrero próximo, a fin de que el país logre cumplir con el tiempo de ingreso a la OCDE previsto para mayo del 2020.