Irela Fornaguera

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) gastó $70 millones en un banco de datos que, desde sus inicios, dio fuertes señales de descontrol y fracaso.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) alegó falsedad en los datos que se publicaron hoy sobre <a href="http://www.nacion.com/nacional/servicios-publicos/ICE-paga-miscelaneos-peones-millones_0_1499650059.html" target="_blank">sueldos desproporcionados, en comparación con trabajadores del sector privado y con los salarios mínimos del Ministerio de Trabajo.</a>

Un peón de construcción del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cobró ¢1,4 millones de salario en mayo, mientras que un misceláneo se ganó ¢1,3 millones en esos 31 días.

Unos 10.000 empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) saldrían a las calles el lunes 27 de julio para protestar contra los “ataques salariales” que les lanzaron en los últimos días desde el Congreso.

En la planilla del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) figuran 314 guardianes y porteros acomodadores de cine. De ellos, el más dichoso tiene un salario mensual de ¢1,5 millones.

El Frente Interno de Trabajadores y Trabajadoras del ICE (FIT) advirtió de que unos 10.000 empleados de esa entidad se lanzarán a las calles el lunes 27 de julio, para protestar contra los recientes "ataques a los salarios del sector público".

Un empleado del ICE, quien ostenta un alto rango, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional con el alegato de que en el Instituto no se le asignan funciones, lo cual le ha provocado ansiedad y depresión.

El Gobierno y los representantes del Servicio Especial Estable de Taxi (Seetaxi) firmaron la madrugada del jueves, un acuerdo de diálogo, con lo que prometen no efectuar bloqueos o manifestaciones en las diferentes carreteras del país.

Los porteadores amenazaron con mantener los bloqueos en las calles durante toda la noche y hasta mañana, pues no lograron "un acuerdo favorecedor" con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Con base en un criterio de la Procuraduría General de la República, el MOPT decidió solo renovar 1.300 de 3.000 permisos que operaban bajo la modalidad de Seetaxi. La medida provocó protestas de los transportistas.

Luego de 13 meses de espera, los municipios obtuvieron la autorización del Gobierno para incinerar su basura e, incluso, para aprovecharla como materia prima para generar electricidad.

A partir de ahora, las municipalidades del país podrán recurrir a la coincineración de la basura para generar electricidad.

La Municipalidad de San Ramón tendrá dos años para resolver dónde depositará los desechos sólidos de 18.000 vecinos de ese cantón alajuelense.

El relleno sanitario de San Ramón debía cerrar el próximo 19 de agosto, mas la Sala Constitucional aprobó una prórroga para que funcione por dos años más.