"La información divulgada por el diputado Otto Guevara sobre salarios del ICE corresponde al mes de abril, cuando la institución reportó el pago de tres bisemanas en la planilla de proyectos en construcción, lo que incrementó el monto en un 50% con respecto a los meses anteriores y generó un factor distorsionador en el análisis de los datos (...) Esta modalidad de pago bisemanal hace que dos veces al año (abril y setiembre) se reporte a la Caja tres planillas a esos funcionarios", expresó la entidad mediante un comunicado de prensa.
Según Roberto Chacón, director de Gestión Humana del ICE, eso llevó a que se hicieran comparaciones desajustadas. Agregó que a eso se suma el tema de la homologación de la estructura de puestos del ICE con el listado de ocupaciones que establece la Caja.
El Frente Interno de Trabajadores y Trabajadoras del ICE (FIT) convocó ayer a la prensa para advertir de que unos 10.000 funcionarios saldrán a las calles el 27 de julio como respuesta a los "ataques salariales" que habían recibido el jueves, por parte del diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario.
Fabio Chaves, coordinador del FIT, calificó al diputado Guevara de mentiroso y difamador.
El ICE ha reconocido que los salarios impactan su situación financiera, sobre todo luego de que, entre el 2006 y el 2010, la planilla sufriera un fuerte incremento. Fue esa la razón por la que, en el 2012, la entidad comenzó un proceso de reducción de sus funcionarios, basado en el plan institucional de optimización del gasto y control presupuestario.
Ese proceso incluyó movilidad laboral voluntaria (a la que se acogieron más de 300 personas) y al congelamiento de plazas vacantes.
Entre el 2012 y el 2013, redujo su planilla en 976 trabajadores (un 5,8%). A octubre del 2013, la entidad reportó 15.843 empleados entre personal fijo y ocasional. Dos años antes, contaba con 16.819 trabajadores, la mayor cantidad desde 1994.
¿Y los gastos desmedidos? El ICE y el Gobierno han prometido recortar los gastos de esa entidad para no afectar a sus consumidores y, también, para reducir las tarifas eléctricas.
En julio del 2013, el expresidente de la entidad, Teófilo de la Torre prometió que “el ICE minimizará los costos por todos los medios a su alcance, pues es su deber ineludible”. Eso fue aplaudido por la entonces mandataria de la República, Laura Chinchilla, quien destacó la importancia de que los costarricenses contaran con tarifas eléctricas baratas.
A finales del 2014, Carlos Obregón, actual presidente de esa entidad, informó de su intención de ahorrar en alquileres. Por ello, dijo, intenta renegociar algunos de los contratos, con el fin de optimizar recursos, mejorar rentabilidades, generar ahorros y ajustarse mejor a los requerimientos del mercado.
Entre los planes publicados entonces por el Instituto estaba construir un nuevo edificio –de unos ¢23.300 millones– al norte de su sede en Sabana, que le permitiría deshacerse, en el 2016, de 10 sedes alquiladas en la Gran Área Metropolitana, en las cuales laboran cerca de 610 funcionarios.
Según Obregón, esta medida les permitiría un ahorro real de ¢1.364 millones anuales.
En marzo de este año, sin embargo, La Nación reveló que el ICE gasta ¢7 millones al mes en alquilar un edificio en Palmares, para 5 empleados.
Como parte de las medidas para abaratar las tarifas eléctricas, el presidente Luis Guillermo Solís se comprometió, en junio del año pasado, a optimizar y poner bajo microscopio los costos de operación del ICE.
Eso implicó la revisión de todos los rubros que afectan la tarifa: compras de combustibles para generación de energía térmica, límites de gasto, condiciones de préstamos para levantar megaproyectos y millonarios desembolsos mensuales en alquileres operativos.
El mandatario no especificó si revisaría, o no, los gastos salariales. Hasta hoy no ha habido una revelación de su parte, sobre cambios drásticos que le haya ordenado al Instituto.
Como medida fundamental para reducir los gastos y, además, bajar las tarifas eléctricas, Juan Manuel Quesada, intendente de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), ha instado al ICE a renegociar y alargar los plazos de cada financiamiento obtenido, por ejemplo, para la construcción de proyectos eléctricos.
De esa manera disminuirían las tasas de interés y se aliviaría directamente el bolsillo de quienes, a fin de cuentas, pagan las deudas por los megaproyectos. Por ejemplo, el proyectos como el hidroeléctrico Reventazón, en Siquirres, tienen una vida útil de 40 o 50 años, pero los abonados los pagan en periodos de entre 10 y 12 años.
Eso era justamente lo que pretendía la expresidenta Chinchilla. En mayo del 2013, al firmar una directriz para reducir las tarifas de los servicios públicos, ella ordenó a la Aresep fiscalizar mejor los gastos del ICE, y obligó al ICE a salir al mercado financiero a buscar créditos para reestructurar deudas adquiridas años atrás, con mejores condiciones.
Nota del editor: Estas informaciones fueron actualizadas a las 5:07 p.m.
