Fallo de tribunal agrario frena plan de indígenas para rescatar sus tierras

Una resolución del Tribunal Agrario de Goicoechea puso freno a un plan de recuperación de tierras que por la vía de hecho (invadiéndola y obligando al no indígena a salir), impulsan los indígenas en los 24 territorios distribuidos en todo el país.

La medida se conoció luego de que la sociedad Hacienda La China R. L., propietaria de una finca ganadera de 234 hectáreas en la zona indígena cabécar de China Kichá, en Pejibaye de Pérez Zeledón, demandó el desalojo de 16 familias indígenas, que desde el 25 de mayo del 2019 invadieron el terreno. La propiedad se denomina Kono Jú.

La orden de desalojo está paralizada mientras se realiza un estudio de vulnerabilidad social, pues en la finca habitan niños y adultos mayores. Además, se debe esperar a que el Ministerio de Seguridad Pública cuente con el personal necesario para ejecutar la medida.

Efraín Fernández Zúñiga, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de China Kichá, consideró la decisión judicial como un rudo golpe en la lucha que desarrollan por rescatar las tierras que les otorgaron mediante la Ley Indígena (6.172) del 29 de noviembre de 1977.

"Primero tristeza, y en parte rabia, saber que nos quieren desalojar de nuestra propia tierra, de lo que es nuestro. Uno se siente triste porque creo que venimos siendo enajenados de parte del gobierno desde hace mucho; 43 años de estar sufriendo.

“Es muy duro para nosotros. No lo superamos, algunos hemos llorado, otros vemos la injusticia que se sigue haciendo. Es difícil comprender esto, ser desalojado de nuestra propia casa, de nuestra propia tierra. Entonces no se llega a entender hasta dónde llegará esto”, dijo el dirigente, que es una de las personas que debe salir de la finca.

Por su parte, Pablo Sivar Sivar, líder indígena Brörán, establecido en la Reserva Indígena de Térraba, aseguró que este fallo del tribunal agrario viene a decirles que deben parar el programa de recuperación que iniciaron los indígenas, debido a la lentitud del Plan-RTI, desarrollado por el Gobierno y que también procura devolver los terrenos a los indígenas.

“Para mi es un gran problema, es una situación muy complicada que los jueces estén sacando a los indígenas de su propia tierra. Esto realmente se convierte en una situación difícil, las comunidades indígenas ya no aguantamos más. La lucha tenemos que continuarla, si nos están sacando de nuestras tierra, dónde nos van a ubicar, cuál es la alternativa, qué nos van a dar”, advirtió.

El viceministro de la Presidencia en Diálogo Ciudadano, Randal Otárola, en un comunicado emitido tras la resolución del Tribunal, afirmó que el Poder Ejecutivo no es parte en el proceso. La definición de la propiedad de la tierra es facultad del Poder Judicial, por lo que cualquier decisión no puede ser interferida por ninguna institución fuera de ese poder, señaló.

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En tanto, el Instituto de Desarrollo Agrario (Inder), encargado de aplicar el Plan-RTI manifestó: “La decisión fue ordenada por una autoridad judicial y está en firme sin posibilidad de ulterior recurso. Por lo tanto, en el marco de las competencias asignadas al Inder y respetando la división de poderes establecida por la Constitución y la legislación nacional, la Institución se ve impedida de accionar de alguna forma”.

La Nación intentó conocer el criterio de una abogada de apellido Vidal, quien figura en el proceso como representante legal de Hacienda La China, pero no atendió los llamados a los teléfonos registrados a su nombre. Tampoco fue posible contactar al presidente de la sociedad, un empresario de apellido Marín.

Controversia

Los conflictos por la tierra en los 24 territorios indígenas del país vienen desde hace muchos años, pero se acrecentaron desde el 29 de noviembre del 1977, cuando la Ley Indígena estableció que las tierras de los territorios indígenas eran de su propiedad.

Nunca se estableció una forma concreta para hacer que los indígenas asumieran las propiedades y cómo se iba a indemnizar a las personas no indígenas que tuvieran fincas en esos territorios.

La situación generó enfrentamientos como quemas de ranchos, plantaciones y agresiones con armas, que se incrementaron a partir del 2010.

Incluso, en los últimos dos años se registran dos homicidios. Primero fue el del líder bribrí Sergio Rojas Ortíz, perpetrado la noche del 18 de marzo del 2019 en el territorio indígena de Salitre en Buenos Aires de Puntarenas. La investigación de este caso está desestimada.

El otro crimen es el de Gehry Helmut Rivera Rivera, ocurrido el 25 de febrero pasado en Mano de Tigre de Boruca, en Buenos Aires. El homicidio se dio en un enfrentamiento entre finqueros e indígenas en el territorio indígena de Térraba.

Tanto Rojas como Rivera habían recibido amenazas de muerte y se había ordenado darles medidas de protección.

El 1.° de marzo del 2016, el Gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) puso en marcha un ambicioso proyecto denominado Plan-RTI para devolver a las personas autóctonas las tierras que todavía están en manos de personas no indígenas. Sin embargo, la ejecución del proyecto se ha complicado por diversos motivos.

Debido a ese atraso, los indígenas se organizaron para recuperar las fincas en manos de no indígenas. Ese proyecto lo denominan recuperaciones de hecho, que consiste en hacer una notificación escrita al dueño de que debe dejar la propiedad, para lo cual se otorga un plazo y luego la invaden.

La propiedad Kono Jú fue invadida por 16 familias el 25 de mayo del 2019. En aquel momento, la sociedad Hacienda la China sacó del lugar 280 cabezas de ganado. Los indígenas que la invadieron dedicaron parte del terreno a la siembra de productos agrícolas.

Razones del desalojo

El tribunal Agrario de Goicoechea, al ordenar el desalojo de la finca Kono Jú, fue enfático al decir que se trata de “un bien particular (...) inmerso dentro del territorio Indígena de China Kicha”.

Los jueces que analizaron el asunto, Antonio Darcia Carranza, Carlos Adolfo Picado Vargas y Enrique Ulate Chacón, explicaron: "No se está resolviendo el fondo del asunto (quién es el dueño del terreno), se trata de una medida cautelar tendiente a la protección de la actividad productiva desarrollada en el fundo, consistente en una actividad de ganadería extensiva (...)

"Este Tribunal nunca ha desconocido las particularidades de la propiedad agraria indígena, por el contrario los ha reconocido y potenciado (...) . Sin embargo, existen otros mecanismos para reclamar (...) los derechos legítimos de posesión y propiedad (...) En este caso se trata de proteger la actividad productiva del empresario agrario.

“Se logra demostrar que la propiedad se encuentra inscrita a nombre de la actora y se logra determinar con el Informe técnico elaborado por el Instituto de Desarrollo Rural, que la finca en disputa no ha sido comprada o expropiada a la fecha, resultando ser uno de los fundos que se debe pagar”.

Pablo Sivar, al analizar el razonamiento de los jueces dijo: “Los jueces deberían de castigar al Estado, no castigar a los indígenas. Si ese señor (la sociedad dueña de la finca) tiene derecho a que le paguen, bueno que le paguen, pero porque los jueces dicen que ese señor tiene derecho a ese pasto y los indígenas dónde quedamos, por qué unas vacas valen más de que nosotros”.

Otra finca en conflicto

El conflicto por los terrenos de Kono Jú no es aislado, pues en el mismo territorio indígena de China Kichá paralelamente se desarrolla la disputa por otra propiedad.

Se trata de una finca llamada Yowi Senoglö, de 100 hectáreas, que se localiza un kilómetro al sur del salón comunal de China Kichá y es colindante al sur y al este con Kono Jú.

Dicha propiedad fue invadida el pasado 28 de setiembre por 10 familias cabécar, como parte del proceso de recuperación de hecho, que ejecutan los indígenas.

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“Apegados al derecho y ante el incumplimiento de las leyes de protección a los pueblos indígenas por parte del Estado, fundamentamos nuestra lucha por la recuperación del territorio indígena de China Kicha”, argumentó en un escrito la Asociación de Desarrollo Integral.

Por su parte, Miguel Vargas Mata, quien es el dueño de la propiedad, calificó de “barbaridad” todo lo que está ocurriendo en China Kichá, pues alega “esta bendita reserva indígena fue creada por decreto, violentando el principio de propiedad privada que establece la Constitución Política”.

Agregó que la finca, que tiene 82 hectáreas y no 100 como dicen los indígenas, la adquirió su padre hace más de 50 años. Luego pasó a manos de una sociedad familiar y que por último en el 2004, quedó a su cargo.

“Yo me mantengo aquí con la familia del peón haciéndole frente a la situación. Son muchas violaciones juntas que se vienen dando. Ellos me quitaron la luz y el agua. El ganado los indígenas los echaron afuera y uno tiene que ver que hace. Esas son las barbaridades, destrozan los edificios”, añadió.

Miguel Vargas dijo que ya presentó una demanda para que los indígenas sean desalojados, la cual está en trámite en el Juzgado Agrario de Buenos Aires, Puntarenas.

Consultado Vargas, si él estaría dispuesto a vender la propiedad dijo: "Desde el primer momento que invadieron la primer finca aquí, con Marín (dueño de Kono Jú) fuimos al Inder, al Ministerio de la Presidencia y hemos puesto a disposición las propiedades.

“A nosotros no nos interesa quedarnos aquí. Si ellos tienen algún derecho que se los den, no importa, pero que respeten el derecho de nosotros. Tenemos que estar recibiendo el debido proceso, que la compren o una expropiación, pero no esos disparates de propiciar las vías de hecho”, concluyó.